¿Ence hasta 2032 en Pontevedra? Un plan del Gobierno abre la puerta a que pida prórroga
Transición Ecológica prepara un reglamento que permitiría a la planta optar a cumplir 75 años en la ría. El ministerio intenta tumbar en los tribunales el permiso de Rajoy hasta 2075
El Ministerio de Transición Ecológica ha preparado el borrador de reglamento general de Costas que afecta a grandes empresas en el litoral. El texto, que llegó a salir a información pública, regula las concesiones del dominio público en la costa: chalés, hoteles, empresas... El departamento que dirige Teresa Ribera restringe lo que preveía la ley de Costas que aprobó el PP. Según fuentes próximas al procedimiento, el ministerio recibió el aviso de que el Consejo de Estado iba a emitir un duro informe contra la norma. Una portavoz del ministerio lo niega y afirma que la tramitación del texto sigue adelante. El documento permitiría a la polémica papelera de Ence en Pontevedra pedir una prórroga hasta 2032 incluso si pierde en los tribunales la de 60 años que le concedió Rajoy en 2016.
"Real decreto xxx/2019 de xx de xx, por el que se modifica el real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de Costas". El borrador, de 13 folios, ya no está visible en la web del Ministerio de Transición Ecológica. El texto desarrolla la ley de Costas de 2013 con la que el PP aumentó los plazos de concesiones para las viviendas, hoteles y fábricas construidas en el dominio público marítimo-terrestre, la primera línea de playa. En 1988 la ley de Costas establecía un plazo de 30 años, ampliable para las viviendas allí situadas y empezaba a vencer en 2018. Ante esa situación, el Ejecutivo del PP cambió la ley y afirmó que les daría 75 años más de concesión para evitar demoliciones masivas.
El ministerio apoya en los tribunales que la papelera pierda la concesión de 60 años que le dio el Gobierno de Rajoy cuando estaba en funciones
Sin embargo, el Gobierno del PSOE interpretaba el texto legal de otra manera. Y lo hacía en este reglamento: "También se declaran incompatibles con los criterios de la Ley de Costas las concesiones que se hayan otorgado por un plazo cuya duración, incluidas sus prórrogas, exceda de 75 años". Con el borrador que preparaba Ribera, las instalaciones en dominio público podría durar un máximo de 75 años, no 75 años más.
Ese plazo es crucial para muchas empresas. Con la nueva ley, el Gobierno de Rajoy otorgó a la polémica papelera de Ence en Pontevedra una nueva concesión de 60 años. Lo hizo cuando ya estaba en funciones tras las elecciones de 2015 y Ence acometió un plan de inversiones que ahora reclamaría al Gobierno si tiene que cerrar. El ministerio estaba defendiendo esa prórroga en los tribunales, pero con la llegada del PSOE cambió de criterio y, sin previo aviso, se apuntó a las tesis del Ayuntamiento de Pontevedra y de los ecologistas. Ese cambio de criterio súbito y sin precedentes de la Abogacía del Estado hundió la cotización de Ence al descontar los inversores el fin de una planta que supone un tercio de su negocio. En realidad, el nuevo reglamento permitiría a Ence pedir una prórroga hasta 2032, cuando cumpla los 75 años desde que recibió la concesión.
El sector duda de que vaya a salir adelante. Fuentes próximas al procedimiento afirman que el Consejo de Estado trasladó informalmente sus dudas por la redacción. Los juristas críticos señalan que el Ejecutivo está aprovechando un reglamento para modificar de facto la Ley de Costas, de rango superior. Y creen que sería más garantista que si el Gobierno quería restringir los 75 años que lo hiciera mediante un proyecto de ley y no mediante un simple real decreto.
Una portavoz del ministerio afirma que el texto sigue su tramitación. Pero hay muchas incertidumbres. El Gobierno está en funciones y Unidas Podemos aspira a ese ministerio. Es poco probable que el PSOE le cede las competencias en Energía que aglutinó Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica pero sí es factible que acabe en otro ministro. Unidas Podemos se ha opuesto a cualquier prórroga a Ence. El caso es muy polémico en Pontevedra. El Ayuntamiento la quiere cerrar alegando los malos olores y problemas de contaminación, que la empresa niega. Los trabajadores han llegado a manifestarse antes de un mitin de Pedro Sánchez en la campaña electoral. La política de Costas de Narbona entre 2004 y 2008 ya fue un quebradero de cabeza para el Gobierno de Zapatero que relajó el pistón en su segunda legislatura.
Reformar la ley de Costas en un Congreso tan fragmentado y pendiente de grupos como PRC, PNV o Coalición Canaria, con fuertes intereses y problemas locales, parece complicado. Además, un informe de la Abogacía señala que en dominio público solo podrían estar las instalaciones que no pueden tener otra ubicación. La batalla de Ence será larga.
El Ministerio de Transición Ecológica ha preparado el borrador de reglamento general de Costas que afecta a grandes empresas en el litoral. El texto, que llegó a salir a información pública, regula las concesiones del dominio público en la costa: chalés, hoteles, empresas... El departamento que dirige Teresa Ribera restringe lo que preveía la ley de Costas que aprobó el PP. Según fuentes próximas al procedimiento, el ministerio recibió el aviso de que el Consejo de Estado iba a emitir un duro informe contra la norma. Una portavoz del ministerio lo niega y afirma que la tramitación del texto sigue adelante. El documento permitiría a la polémica papelera de Ence en Pontevedra pedir una prórroga hasta 2032 incluso si pierde en los tribunales la de 60 años que le concedió Rajoy en 2016.