El Gobierno estudia una excepción en la ley de morosidad para dar ayudas a las azulejeras

El Gobierno estudia arbitrar una suspensión transitoria de la obligación de cumplir con la ley de morosidad para poder recibir ayudas públicas con el fin de desatascar los 450 millones de euros en subvenciones que anunció para ayudar a los sectores gasintensivos, especialmente la industria azulejera de Castellón. Así lo transmitió este lunes el ministro de Industria, Héctor Gómez, a los representantes de los promotores del llamado Manifiesto por Castellón en una reunión a puerta cerrada celebrada en la sede del ministerio en Madrid. Este manifiesto reclama un apoyo directo al sector ceramista español para poder compensar el impacto del fuerte incremento del precio del gas natural como consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha castigado su cuenta de resultados.

La moratoria en los requisitos de periodos de pago a proveedores recogidos en la ley crea y crece, que modifica la ley de subvenciones, es una de las principales reclamaciones de los empresarios azulejeros, netamente exportadores, de la batería de medidas para el sector que venían solicitando ya a la anterior titular de Industria, Reyes Maroto. Se trata de una excepcionalidad que permita acceder a las líneas de ayudas recogidas en el real decreto-ley del 28 de diciembre, de respuesta a las consecuencias económicas y sociales del conflicto bélico. Tanto Maroto como Gómez, no obstante, no pueden modificar la norma sin antes negociar con la vicepresidencia económica de Nadia Calviño y las autoridades europeas. Calviño se había mostrado hasta ahora reacia a realizar grandes excepciones.

"La impresión ha sido muy positiva. El ministro ha cumplido su palabra y ha desplegado una actividad que a buen seguro se traducirá en un conjunto de medidas concretas, en un plazo razonable. El compromiso es seguir trabajando en una mesa de trabajo abierta, dinámica y, esperamos, resolutiva", señaló a El Confidencial Luis Martí, presidente de la patronal CEV de Castellón, que acudió a la reunión junto con la patronal sectorial Ascer. "Cuando tengamos el resultado final del plan, valoraremos la eficacia del mismo", puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

La industria cerámica y azulejera reclama más ayudas para no perder competitividad

Tomás Muñoz M.

El encuentro del ministro con los promotores del Manifiesto por Castellón se produjo a petición del propio Gómez, después de que el pasado 27 de abril hubiese una primera toma de contacto en la sede de Industria. Allí, el ministro se comprometió a trasladar una posición gubernamental en el plazo de dos semanas tras consultar con sus compañeros de gabinete, especialmente con el área de Economía de Calviño. La reunión de este lunes se producía, además, la víspera de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón para protagonizar un mitin de campaña de municipales y autonómicas y de la comparecencia de Gómez en el Senado para responder una pregunta del senador del PP y cabeza de lista al Parlamento autonómico por la provincia, Alberto Fabra. Es probable que Gómez y Sánchez avancen en sus comparecencias de este martes más detalles sobre los compromisos adquiridos con los empresarios.

El Manifiesto por Castellón, respaldado por las patronales, principales sindicatos, entidades económicas, instituciones públicas como la Generalitat y ayuntamientos, además de universidades, ha buscado marcar una posición de agenda del tejido económico castellonense en pleno periodo preelectoral, con la particularidad de que aquí se concentra el grueso de la industria azulejera española. Se trata de un sector con grandes marcas conocidas detrás (Pamesa, Porcelanosa…), pero que mueve a 1.200 pymes, con 5.000 millones de euros anuales de cifra de negocio. Su presencia en Castellón la convierte en una de las provincias de España con más peso de la industria en el PIB, más del 36%. Tiene una ocupación de más de 23.000 personas.

El fuerte incremento de los precios del gas durante el primer año de la guerra de Ucrania ha puesto muchas empresas al límite. Se estima que la factura del sobrecoste energético asciende a 2.000 millones de euros, aunque las tarifas se han reducido de forma notable en las últimas semanas, desde los picos de 340 euros/MWh a unos 40 actualmente. Aun así, las empresas sostienen que han contado con menos apoyos que sus competidores europeos, en especial, Italia, y que han perdido competitividad y mercado al haber tenido que imputar a sus tarifas una parte del coste energético. Esta es la razón por la que reclaman al Gobierno ayudas específicas que les permitan remontar de forma transitoria hasta recuperar su espacio.

TE PUEDE INTERESAR

Las ayudas diseñadas para el sector azulejero, en un limbo legal por el requisito de morosidad

Víctor Romero. Valencia

La principal reivindicación ha sido obtener bonificaciones fiscales directas que pudieran compensar el exceso de costes. Pero el Gobierno optó por habilitar líneas de ayudas dirigidas al sector gasintensivo. La de mayor cuantía es de 450 millones, considerada insuficiente, pero el sector se ha topado además con la ley crea y crece, que enmendó la ley de subvenciones e impide a empresas que no cumplan la ley de morosidad recibir ayudas públicas. "El último decreto solo plantea 450 millones de euros para 36 sectores gasintensivos, muy lejos de los miles de millones que los gobiernos italiano, portugués o alemán han desplegado", dice el manifiesto. Pero, además, sostiene el documento, la obligación de pago a proveedores en menos de 60 días es un requisito que "deja de facto fuera de la ayuda a la mayoría de las empresas", al tratarse de un sector exportador con periodos de abono más largos. Esto mismo ha obligado a transformar en créditos bonificados el plan autonómico de ayudas directas que tenía previsto desplegar la Generalitat.

"No queremos que sea un sector que sobreviva con ayudas. Somos conscientes de que de trata de una situación coyuntural y transitoria. La ayuda debe servir para regresar a la normalidad. No se pretende que la energía esté siempre subvencionada", explica Luis Martí, presidente de la patronal CEV en Castellón. En este sentido, ya que el Gobierno parece haber renunciado a las bonificaciones fiscales, el sector ha puesto encima de la mesa la posibilidad de fijar una moratoria en la ley que permita abrir de forma temporal la ventana de las subvenciones. Esta es la principal reivindicación que, además de mayor agilidad en los trámites, han trasladado al equipo económico del Gobierno.