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La presión de Compromís con las rentas altas deja en el aire la reforma fiscal de Ximo Puig
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TODAVÍA NO HAY ACUERDO

La presión de Compromís con las rentas altas deja en el aire la reforma fiscal de Ximo Puig

Los valencianistas aprietan para incluir otro tramo alto en el IRPF y subir el impuesto de patrimonio. La Comunidad Valenciana destaca entre las que aplican la mayor presión tributaria a los ricos de España

Foto: Aitana Mas y Ximo Puig. (EFE/Biel Aliño)
Aitana Mas y Ximo Puig. (EFE/Biel Aliño)
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La reforma fiscal anunciada la semana pasada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no es más que eso: un anuncio. Los tres socios que componen el Conselll del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) siguen sin consensuar el conjunto de la nueva propuesta tributaria y sin saber si se tramitará por la vía del decreto-ley o por la de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023. Seguramente terminará siendo por las dos. La razón del desacuerdo no está en el alivio económico a contribuyentes de clase media y baja. Hay más o menos consenso en eso. La discusión es si debe incorporar además mecanismos de mayor presión en las rentas altas para que se produzca un efecto neutro, sin pérdida de ingresos para la Administración autonómica y ganando en progresividad.

El barón socialista presentó una batería de medidas, con un ahorro para los ciudadanos de cerca de 150 millones de euros, basadas en aplicar rebajas impositivas a las rentas bajas y medias, sin que pudieran beneficiarse de ellas los contribuyentes con ingresos anuales de más de 60.000 euros y las grandes fortunas. La Comunidad Valenciana es la autonomía con el tipo máximo más alto de España, el 54%. Es decir, es la que más exige en el IRPF a los más ricos, además de cobrar el impuesto de patrimonio, el que territorios en manos del Partido Popular, como Madrid y Andalucía, han bonificado, y cuyo efecto quedará parcialmente neutralizado por el nuevo tributo a las grandes fortunas habilitado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Foto: El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. (EFE)

Pese a esto, Compromís ha puesto encima de la mesa del 'conseller' de Hacienda, Arcadi España, una alternativa distinta a la desplegada por Puig en las Cortes valencianas. Los valencianistas aceptan incorporar por decreto ley con efecto retroactivo a 1 de enero de 2002 la escala autonómica y las bonificaciones y deducciones fiscales para ayudar a paliar los efectos de la inflación. Pero reclaman incorporar a los presupuestos del año que viene un nuevo tramo de entre 150.000 y 200.000 euros en el IRPF que permita un aumento de tipos medios de gravamen más gradual para las rentas altas. Además, quieren elevar patrimonio hasta equipararlo con el más elevado de España, el que tiene Extremadura, un poco más gravoso que los valencianos en todos los tramos. El más alto, el de 10,6 millones de euros en adelante, aplica un 3,75%, frente al 3,5% de la Comunidad Valenciana.

De cara al próximo ejercicio, Compromís también plantea que la rebaja fiscal sitúe su límite en 50.000 euros, y no en 60.000, como propone Puig. Cree que aquel techo agrupa mejor a las llamadas clases medias en una autonomía en la que el salario medio es de 23.000 euros.

Para sustentar su propuesta, los socios de Puig toman como referencia uno de las cuatro modelos que los responsables de la Cátedra de Tributación Autonómica de la Conselleria de Hacienda y la Universidad de Valencia ha entregado ya a los equipos negociadores. El tercer documento surge tras el desencuentro entre el PSPV-PSOE y Compromís y Unidas Podemos sobre los dos anteriores: uno más progresivo, que bajaba impuestos por debajo y subía por arriba, que no gustó a los socialistas, y otro que bajaba por debajo sin tocar nada arriba. El tercero viene a resumir la propuesta que Compromís ha hecho suya. El cuarto llegó sin firma.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE) Opinión

Ese tercer documento señala que entre 50.000 y 60.000 euros los contribuyentes pagarían de media 39 euros más que con la tarifa actual. En el tramo entre 60.000 y 100.000 euros, quedan prácticamente en la misma situación que en la actualidad, con variaciones que van desde un ahorro de ocho euros a un aumento de 12 euros anuales. Por último, aquellas personas con una renta superior a los 100.000 euros serían las más afectadas en términos absolutos, aunque en términos relativos su cuota líquida apenas aumentará un 0,7%.

Arcadi España se ha comprometido a estudiar las alternativas. Fuentes de su departamento aseguran que está abierto a alcanzar un acuerdo, aunque está por ver que acepte rebajar a 50.000 euros el límite de las rebajas, una vez ya realizado el anuncio por Ximo Puig en el Parlamento autonómico. La negociación se está produciendo con la Vicepresidencia de la Generalitat de Aitana Mas y con la segunda de Héctor Illueca, de Podemos. Pese a que la reforma sigue en el aire ante la ausencia de acuerdo, algunas fuentes de Compromís admiten que lo mejor es cerrar cuanto antes el debate fiscal para intentar situar en la agenda otro tipo de temas, concretamente en el ámbito de las iniciativas de gestión social, según citan.

Las tres partes han iniciado ya las conversaciones para negociar los presupuestos del año que viene, los últimos de la legislatura. La primera reunión del grupo de trabajo, presidido por Arcadi España, se celebró este lunes por la tarde en la Conselleria de Hacienda.

La reforma fiscal anunciada la semana pasada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no es más que eso: un anuncio. Los tres socios que componen el Conselll del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) siguen sin consensuar el conjunto de la nueva propuesta tributaria y sin saber si se tramitará por la vía del decreto-ley o por la de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023. Seguramente terminará siendo por las dos. La razón del desacuerdo no está en el alivio económico a contribuyentes de clase media y baja. Hay más o menos consenso en eso. La discusión es si debe incorporar además mecanismos de mayor presión en las rentas altas para que se produzca un efecto neutro, sin pérdida de ingresos para la Administración autonómica y ganando en progresividad.

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