Competencia libró a Ricoh y Seidor del veto para contratar que pide al hermano de Puig

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana libró a las multinacionales Ricoh y Seidor de verse expuestas a la posibilidad de ser vetadas para la contratación con administraciones públicas pese a haber sido 'cazadas' en el amaño de ofertas para hacerse con un contrato multimillonario de suministros con la Generalitat. La decisión de no someter la conducta de las dos contratistas al examen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para estudiar un posible veto a la concurrencia en futuras licitaciones contrasta con la contundencia con que el mismo organismo se pronunció recientemente contra un grupo de productoras entre las que figura una vinculada a Francis Puig, hermano del 'president' valenciano Ximo Puig, por un intento de amaño de precios para la televisión valenciana A Punt en una convocatoria de mucha menor cuantía y que no llegaron a adjudicarse.

La Subsecretaría de Economía de la Conselleria recibió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 escritos de denuncia presentados por Konica Minolta por posibles prácticas contrarias a la libre competencia durante el proceso de licitación de un contrato de acuerdo marco para el suministro y arrendamiento de impresión, copia y escaneo y la gestión de todos estos aparatos por parte de la Generalitat valenciana, con el fin de dar servicio a la Administración autonómica, empresas públicas y entidades autónomas, en concurso valorado en más de 21,7 millones de euros. Tanto Konica, como Ricoh y Seidor habían concursado a dicha convocatoria pública junto con otras empresas del sector como Canon, Xerox España, Hewlet-Packard e Informática El Corte Inglés.

Tras la apertura de una investigación, el tribunal valenciano compuesto por Carmen de Estevan, Carmen Castro y Jaume Martí, el mismo que instruyó la denuncia contra Francis Puig, concluyó en noviembre de 2019 que Ricoh España y el Grupo Seidor habían alcanzado un pacto con la finalidad de falsear la competencia para repartirse el mercado en los tres lotes licitados por la Generalitat. Tras suscribir un primer acuerdo interno para convertirse en subcontratistas entre ellas mismas, las dos compañías presentaron ofertas separadas a los dos bloques de lotes, una de la suma de los lotes 1 y 3 y otra al paquete 2 y 3, con precios similares diferenciados por el porcentaje del 3% que habían pactado internamente como margen de subcontratación. Los investigadores detectaron incluso documentaciones idénticas, con las mismas erratas y fallos, en las ofertas.

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Según recoge el expediente, la conclusión de la Comisión de Competencia fue que las conductas analizadas eran "constitutivas de un cártel en el que se aprecian varios comportamientos como son el reparto de mercado, la fijación de condiciones comerciales y el intercambio de información comercial sensible". "No es otra cosa que un cártel consistente en un acuerdo entre empresas competidoras para evitar la competencia entre ellas en el marco de una licitación pública, creando una falsa apariencia de competencia".

La sentencia de los instructores fue que habían cometido una "infracción muy grave" que merecía ser sancionada económicamente. El diagnóstico fue similar al que los mismos integrantes del tribunal extrajeron justo un año después, cuando concluyeron la investigación de las empresas Comunicacions del Ports (Francis Puig), Canal Maestrat y Kriol Producciones (hermanos Juan y Enrique Adell Bover) y Visualiza por haber tratado de hacerse con unos contratos de corresponsalías comarcales cuyos lotes sumaban en conjunto 84.380 euros, 24.200 euros (21% de IVA incluido) en el caso del lote por el que pujaba Francis Puig.

Pero mientras el expediente de Ricoh y Seidor se concretó en una multa económica y no pasó de ahí, el de las productoras audiovisuales de Castellón derivó en el envío de una certificación a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que emita un informe que permita graduar "la duración y alcance de la prohibición" de contratar de cada uno de los sujetos afectados. Un castigo doble que la Comisión de Defensa de la Competencia enmarca en "la línea propuesta por la Subsecretaría" de la Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, de Compromís. Natxo Costa, también de la coalición valencianista, es el subsecretario desde junio de 2019, por lo que no ocupaba el cargo cuando se remitió procedimiento contra el 'cártel de las impresoras'.

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La firmeza de la resolución no solamente es diferente en lo que se refiere a ese veto para la contratación para personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas, tal como establece la ley de contratos. Los dos expedientes tramitados por los mismos instructores de Competencia también fueron distintos a la hora de graduar porcentualmente el importe de la multa económica. En caso de infracción muy grave, la norma permite aplicar sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio de la empresa infractora en el ejercicio anterior a la imposición de la multa. El porcentaje aplicado para las empresas del cártel de las productoras fue del 4,75% (5,25% para Visualiza, la única que resultó adjudicataria). Al tratarse de empresas muy pequeñas, las cuantías absolutas fueron modestas: 16.801 euros para Comunicacions; 10.216 euros para Kriol; 15.887 para Canal Maestrat; y apenas 3.337 euros para Visualiza.

Ricoh, que sí logró hacerse con dos de los lotes, y Seidor recibieron multas mayores en volumen económico, 380.000 euros y 80.000 euros, respectivamente. Pero en términos relativos, pese a que según Competencia falsearon la competencia de un contrato público que alcanzaba en total más de 21,7 millones de euros (11,6 millones en los lotes que se adjudicó la multinacional japonesa), el castigo fue más blando que al hermano de Ximo Puig. Tras concluir inicialmente que el tipo sancionador debía ser del 3,5% para Ricoh España (6,8 millones de euros) y del 3% para Grupo Seidor (526.784 euros), la multa fue rebajada sustancialmente en la resolución final. Aunque los tres instructores de Competencia explican que el tipo sancionador sobre su volumen de negocio es el que les correspondería "según la gravedad de la conducta", concluyeron finalmente que la multa resultante era "desproporcionada". El tipo sancionar real fue del 0,17% para Ricoh y del 0,46% para Seidor.