Molinos de viento con combustible y las 'trampas' de la tarifa eléctrica

El pasado fin de semana, el consumidor llegó a pagar 110 euros por cada megavatio/hora de luz, casi el triple del precio medio anual de la electricidad, por una suma de distintos factores (mayor consumo de energía, falta de producción renovable, precio del gas disparado, encarecimiento de derechos CO₂…). Este hito enseguida sirvió para desempolvar un viejo problema sin resolver y convertirlo en objeto de debate público, sin faltar la habitual dosis de demagogia política, tan común en nuestro país.

Hay datos irrefutables. El precio de la luz para el consumidor y para la industria en España es más caro que la media europea, pese a la caída de los últimos dos años. Las razones son varias. Una es que cerca de dos tercios de los costes del recibo no tienen que ver directamente con la producción de electricidad. Una parte destacada corresponde a los peajes (regulado), entre los que se encuentra el ‘incentivo a las renovables’, es decir, la retribución a la primera generación (más cara e ineficiente) instalada.

Eléctricas y fondos de inversión vienen cobrando desde hace años el retorno de esas inversiones en renovables, aseguradas por los recibos de los consumidores (a pesar de los recortes sufridos), haciendo que se pague más por el término fijo del recibo, independientemente del consumo final. Y eso, más allá del debate sobre a qué IVA debe estar sujeto el consumo de electricidad, sí tiene un impacto directo en la factura, afectando además a todos los consumidores por igual (efecto fiscal no distributivo).

¿Por qué la energía hidráulica no se factura a su coste real, con una rentabilidad razonable, en lugar al precio de la energía más cara del día?

En el capítulo de los peajes, también entran los costes por transporte y distribución, otra parte del negocio en que participan solo las eléctricas. El regulador entendió hace año y medio que estos eran excesivos y que no se correspondían con las altas rentabilidades de estas inversiones, que tienen garantía de cobro y se financian casi a un coste próximo a cero (respaldo del BCE). Por ello, se propuso un recorte del 7% que, al final, quedó a medias tras la movilización de las eléctricas.

Aunque todo sea ahora urgente, sería oportuno retomar las propuestas de la CNMC, profundizando en la rebaja de los peajes de distribución (coste cargado a la factura para financiar la inversión en redes), pero está blindado hasta 2025. Sobre todo, porque las políticas del Banco Central Europeo están permitiendo a las eléctricas financiar estas inversiones a un coste cercano a cero debido a su bajo riesgo, como recordamos hace solo unos días. Si hubiera rebaja, el traslado al consumidor en la factura sería inmediato.

En la parte no regulada, parece claro que podrían corregirse también algunas situaciones anómalas. Cabe preguntarse por qué la energía hidráulica no se factura a su coste real, con una rentabilidad razonable, en lugar de hacerlo al precio de la energía más cara del día, como ha ocurrido esta semana y otras muchas veces. Ese ahorro de costes también serviría para reducir el coste medio del kilovatio/hora generado. Y eso sin entrar en el debate de la devolución de estas concesiones (algunas ya vencidas) a los poderes públicos.

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En lugar de avanzar en la simplificación y racionalización de la factura, las soluciones siempre terminan costando más dinero al consumidor. Así parece que terminará ocurriendo con el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico creado por el actual Gobierno. El ingenioso arreglo creado por la ministra Teresa Ribera permitirá sacar el incentivo a las renovables del precio de la electricidad y lograr así una reducción del 13%, mientras que esa parte de la factura la costeará el fondo de nueva creación.

Esa solución estará financiada por las propias compañías energéticas del país, siendo petroleras y gasistas las que mayor aportación asumirán (proporcional a la energía vendida), algo en apariencia lógico, pero a su vez cargado de contradicciones. Primero, porque lejos de cargar contra su margen ese coste (a Repsol le puede suponer hasta 1.000 millones al año), lo más probable es que traten de repercutirlo en el precio del combustible (se estima siete céntimos por litro). O sea, lo pagaremos todos.

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Y segundo, porque aquellos que mayor esfuerzo de descarbonización deben realizar son los que, en lugar de recibir estímulos para ese cambio, más aportará. Y eso, en un contexto donde las tecnologías renovables son ya competitivas en mercado, sin necesidad de subvencione. Cada vez son más los activos promovidos en España (eólicos, solares, biocombustibles…) sin contar con incentivos públicos y, de hecho, hay más oferta verde en desarrollo que demanda necesaria en el país para alcanzar los objetivos 2030.

Ahora, los fríos de Filomena han vuelto a poner encima de la mesa el precio de la luz. Pero una vez más, nos distraemos en asuntos que no son troncales. Tampoco hemos reparado en cómo podrá afectarnos esa potencial subida de los combustibles por lo que será un impuesto indirecto metido en el libro de combustible, cuyo precio está ya afectado por gravámenes en más de un 50%. Basta ver la evolución del dividendo de las eléctricas para ver cómo puede financiarse mejor la transición renovable.