Competencia reprende al Ayuntamiento de Tarragona por las licencias de los patinetes

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) acaba de dictar una resolución en la que enmienda la plana al Ayuntamiento de Tarragona por haber dado licencia para el alquiler público de patinetes a solo tres empresas. Esta adjudicación, desvelada por El Confidencial, dejó fuera de concurrencia a las demás compañías del sector. En pleno mes de agosto, y sin informes de licitación ni periodo de exposición pública del expediente, el Ayuntamiento (en manos de ERC) negoció sendos convenios con las tres empresas afortunadas: Buny, Reby y Bird.

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Tras esa decisión, que dejaba fuera del tablero de juego a dos empresas más que se habían interesado por participar, Tier Mobility Spain y Bike Mobility, la ACCO comenzó a investigar y el pasado mes de noviembre pidió aclaraciones al alcalde de la ciudad, Pau Ricomà. El documento deja claro que no pretende decidir sobre la legalidad de la actuación municipal, "dado que no forma parte de las competencias que tiene la ACCO legalmente asignadas", sino que "analiza el nivel de asunción de la cultura de competencia puesto de manifiesto en esta concreta actuación por parte del Ayuntamiento de Tarragona".

En sus conclusiones, el organismo de la competencia es muy crítico y reprende al consistorio porque considera que "se ha producido una ruptura de la neutralidad competitiva del mercado, dado que no todos los operadores se han podido situar en un mismo plano de igualdad". En todo caso, subraya que "hay que analizar si las condiciones aceptadas por los tres operadores inicialmente autorizados dificultan especialmente el acceso y ejercicio de la actividad a los eventuales nuevos operadores".

Y especifica en otro párrafo que "es necesario que en este momento posterior, el Ayuntamiento de Tarragona sea especialmente cuidadoso y que, más allá del estricto cumplimiento de la legalidad, vele por el respeto a los principios de una buena regulación eficiente y favorecedora de la competencia, especialmente los principios de no discriminación e igualdad de trato con el fin de evitar, vía normativa, el establecimiento de restricciones injustificadas en el acceso a la actividad, en definitiva, a la competencia".

Los reproches de la ACCO

El Ayuntamiento arguyó que el tema "está en una primera fase inicial y prospectiva" y que no descartaba "proceder, en un momento posterior, a la consolidación de esta actividad mediante un procedimiento de licitación pública administrativa". Esa posibilidad también había sido argumentada por el consistorio a este diario. La ACCO hace hincapié en que "de hecho, en las propias autorizaciones se indica, al referirse a su vigencia, que la duración máxima de la autorización será de un año, prorrogable en la tácita (sic), hasta un total máximo de 4 años o, en todo caso, hasta que el Ayuntamiento convoque y adjudique esta actividad mediante licitación pública administrativa".

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Pese a ello, la autoridad catalana en esta materia considera que el consistorio tarraconense "debería haber llevado a cabo un procedimiento abierto a cualquier operador, transparente y con publicidad suficiente del mismo a fin de que, incluso en este primer momento inicial y prospectivo que identifica el Ayuntamiento en los documentos aportados, cualquier operador eventualmente interesado en entrar en este mercado hubiera tenido la posibilidad de solicitar la correspondiente autorización municipal. No haciendo pública esta voluntad, se ha producido una ruptura de la neutralidad competitiva del mercado, dado que no todos los operadores se han podido situar en un mismo plano de igualdad".

Le recuerda al consistorio republicano que las administraciones públicas deben de ser siempre respetuosas "con los principios de transparencia y publicidad". En este caso, esos principios han de ser más cuidadosos porque se está hablando de "acceso a mercados innovadores, marcados por la tecnología y la rápida fidelización de los clientes, con costes vinculados al cambio de operador donde, en términos de rivalidad competitiva es clave para poder acceder y alcanzar un posicionamiento rápidamente".

De ahí que en su informe la ACCO señale que "el Ayuntamiento debería haber actuado de una manera transparente y, en este sentido, debería haber hecho pública su voluntad de apertura de este nuevo mercado en la ciudad de Tarragona, lo que habría posibilitado el acceso de otros eventuales operadores también desde un primer momento y, por lo tanto, todos ellos habrían partido de una misma situación de inicio y habrían competido entre ellos en igualdad de condiciones".

Grave restricción del mercado

El organismo público entiende que es una situación provisional, pero critica la limitación a 1.500 las plazas de aparcamiento de patinetes (500 por cada una de las compañías seleccionadas), aunque cada una había solicitado 750. Ello, dice la ACCO, obliga a limitar el número de nuevos operadores en el mercado "con los consiguientes efectos negativos para los consumidores (por ejemplo, en el supuesto de mucha demanda, estos operadores subirán precios dado que la cantidad de los mismos se encuentra limitada)". En este apartado, el Ayuntamiento no aclaró con base en qué criterios se limitó a 500 por empresa los patinetes. Y si ese número no se modifica "se estaría estableciendo una clara barrera de entrada en el mercado, en el cual solo actuarían 3 operadores".

En sus conclusiones, la ACCO relata que "al fijar un número global de unidades de patinetes eléctricos, se habría establecido una grave restricción en la entrada de nuevos operadores (…) Caso de que se considera indispensable esta limitación, hace falta velar para que tanto la concreta determinación de este número como el procedimiento de selección y las concretas condiciones que se establezcan tengan el menor impacto posible en el nivel de competencia en el mercado". El organismo considera también que "el seguro complementario de responsabilidad prevista en las autorizaciones no se encuentra suficientemente justificado en términos de necesidad y proporcionalidad". En los decretos de autorización se establece que ese seguro será con una cobertura de un millón de euros por siniestro y 450.000 euros por víctima, lo que comporta una importante carga para el operador. En Barcelona, el seguro fijado es de 300.000 euros y ya entonces la propia ACCO se mostró crítica con esa póliza.

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El Confidencial

Fuentes del consistorio tarraconense señalaron a El Confidencial que los responsables municipales, con su alcalde y con el concejal de Movilidad, Xavier Puig, a la cabeza toman nota del escrito. "Hemos de estudiar todavía el informe para sacar conclusiones definitivas, pero ya hemos pedido una reunión con los responsables de la ACCO para poder exponerles nuestros criterios sobre cómo se ha procedido de la manera en que se ha hecho", subrayan las citadas fuentes. La propia ACCO finalizaba su informe ofreciendo al consistorio de Tarragona "su colaboración y apoyo técnico, desde una perspectiva de la competencia, en el proceso de regulación de la actividad que pueda llevar a cabo el Ayuntamiento".

De hecho, el Ayuntamiento, como prueba de buena voluntad, se comprometió ya ante la ACCO a "admitir a aquellos otros operadores que reúnan las mismas condiciones de aquellos que ya han firmado el convenio". Y expuso ante el organismo público que el 30 de noviembre (días después de que El Confidencial desvelase el permiso a las tres empresas mencionadas), pidió entrar también en el negocio un cuarto operador, Spin Mobility, al cual el Ayuntamiento ya trasladó un convenio similar a los de las empresas ya autorizadas.