La Fiscalía pide casi 6 años para el exalcalde de Tarragona por desvío de fondos públicos
El fiscal acusa al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
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La Fiscalía pide cinco años y ocho meses de cárcel al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) por el llamado caso Inipro, un presunto desvío a su partido de fondos de los servicios sociales municipales denunciado por la CUP.
Además, el Ministerio Público pide la inhabilitación para cualquier cargo público durante el tiempo que dure la condena y, en concepto de responsabilidad civil, una multa de 12 euros diarios durante 22 meses.
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El fiscal acusa al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
El llamado caso Inipro, en el que también está imputado el PSC, se centra en el presunto desvío de 276.000 euros del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) al PSC a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes (Inipro).
Inipro fue contratada en un procedimiento negociado y sin publicidad para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante, pero, en vez de volver a licitar el servicio, el contrato se prorrogó sin certificar los trabajos realizados.
La instrucción de la pieza principal está cerrada, aunque el juzgado de instrucción número 1 sigue investigando, en una pieza separada y secreta, presuntas ramificaciones del caso en otros municipios socialistas en los que también se contrató a Inipro.
El escrito provisional de la acusación pide para la exportavoz del gobierno municipal de Ballesteros, la actual concejal socialista en la oposición Begoña Floría, cuatro años y diez meses de cárcel por malversación de caudales públicos.
En total, hay nueve acusados, entre los que destacan la exconcejal de Servicios Sociales Victoria Pelegrín (PSC), el exjefe de gabinete de Ballesteros Guastavo Cuadrado y el exgerente del IMMS Antonio Muñoz.
Estos nueve acusados deberán resarcir solidariamente al IMMS por los 276.121 euros presuntamente defraudados, más intereses, según la petición fiscal.