Tarragona contempla revertir el convenio de los patinetes y abrir un concurso público

El Ayuntamiento de Tarragona estudia ahora la posibilidad de revertir las autorizaciones para el servicio de alquiler de patinetes en la ciudad y explorar la vía de conceder una licencia mediante concurso. Así lo manifestaron a El Confidencial fuentes del consistorio tras la información publicada por este diario respecto a un expediente abierto por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) al respecto.

En el pleno del consistorio celebrado este viernes, toda la oposición, sin excepción, insistió en las preguntas sobre cómo se había realizado la concesión de los permisos para que solo tres empresas pudieran operar en Tarragona el servicio de patinetes a partir del mes de septiembre. "Hemos pedido los convenios firmados con las empresas Bird, Buny y Reby, información sobre cuántas compañías estaban interesadas, dónde se hizo publicidad de este servicio y por cuánto tiempo y todos los detalles de la concesión. De momento, lo único que sabemos es que el concejal de Movilidad, Xavier Puig, solo nos dijo que todo pasó por manos de los servicios técnicos y jurídicos", explican a El Confidencial fuentes de la oposición municipal.

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La explicación del Ayuntamiento, en manos del republicano Pau Ricomà, se basa en que no se ha realizado ninguna adjudicación administrativa, sino que solo se ha concedido un permiso municipal. Hasta este verano, el concejal Puig siempre había hablado de cinco empresas interesadas, pero al final se adjudicó el negocio a solo tres de ellas. "No se ha realizado una concesión administrativa, sino que se ha hecho mediante el otorgamiento de autorizaciones o licencias de ocupación temporal, al tratarse de un uso especial de dominio público, o de un uso privativo que no comporta la transformación ni la modificación del dominio público", señaló el concejal a las preguntas de este diario.

En ese caso, subraya, "al no utilizarse el sistema de concesión y limitarse el número de autorizaciones de ocupación [se concedieron solo 1.500 licencias de patinetes, por lo que cada empresa se hizo con un paquete de 500 autorizaciones], el Ayuntamiento tiene la obligación de conceder cuantas licencias sean solicitadas. Pese a ello, no se descarta que en un futuro se limite el número de autorizaciones y se opte por el sistema de concesión, en cuyo caso sí sería procedente aprobar un pliego de cláusulas o condiciones y publicarse a efectos de licitación". En otras palabras: "Se trata de tres autorizaciones temporales, ya que se ha considerado esta como una primera fase inicial y prospectiva, sin perjuicio que, de resultar positiva para la ciudad, se proceda posteriormente a la consolidación de esta actividad para la ciudadanía mediante un procedimiento de licitación pública administrativa".

Dos empresas desistieron

El concejal afirma que de las cinco empresas interesadas "dos desistieron y quedaron tres empresas, que son las que han sido autorizadas temporalmente". Reconoce, sin embargo, que no hubo anuncio público alguno. "No hay tiempo de exposición de las características del servicio porque no se ha llevado a cabo una licitación pública todavía. De momento, se han tramitado solicitudes de autorización y se han concedido autorizaciones temporales". El hecho de que no se haya realizado exposición pública del servicio es una de las principales críticas de la oposición, que considera que con ello se limita la competencia y cercena el derecho de otras compañías, o incluso de autónomos, a poder concurrir y optar a prestar ese servicio.

En realidad, se ha dado el caso de empresas que estaban interesadas en instalarse en Tarragona y que se enteraron por la prensa de las autorizaciones municipales a solo 3 compañías. En la oposición, se reivindica que "si se hubiera realizado una exposición pública o un anuncio por parte del Ayuntamiento, no habría habido problemas, pero de la manera en que se hicieron las cosas no ha habido oportunidad para que otras empresas presentaran sus propuestas". Y zanjan: "Se podrían haber hecho las cosas de otra manera, porque esto no es un contrato de emergencia".

"De la manera en que se hicieron las cosas no ha habido oportunidad para que otras empresas presentaran sus propuestas"

Los tres decretos de autorización (uno por cada empresa) se concedieron el pasado 12 de septiembre. "Se pretendía que las autorizaciones entraran en vigor con posterioridad a la modificación llevada a cabo de la ordenanza municipal en materia de tráfico (reducción del límite máximo genérico a 30 kilómetros hora, regulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal)", explica el concejal. Esa modificación de las ordenanzas entró en vigor el pasado 14 de septiembre.

Los convenios, sin embargo, no constan todavía en la web del Ayuntamiento o en el portal de la transparencia. Puig achaca esa ausencia a que "todavía no se ha puesto en marcha la actividad de dichas empresas ni se ha presentado en público la iniciativa a la ciudadanía. La publicación de los convenios de colaboración suscritos con dichas empresas se encuentra en trámite en el registro de convenios".

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Sobre la extraña actuación de la compañía Buny, que en noviembre del 2019 instaló 25 aparcamientos en las calles de Tarragona para fijar patinetes, el representante del Ayuntamiento explica que "durante un fin de semana, una de las empresas puso algunos patinetes sin autorización, pero fue requerida para que los retirase con carácter inmediato, además de ser denunciada administrativamente por la infracción cometida".

Puig reconoce que esa empresa es una de las que, al final, se hizo con una de las autorizaciones: "Como las otras cuatro empresas interesadas, había mantenido contactos con los servicios municipales en el marco del estudio previo de las características que debería reunir la actividad y, como en el caso de las otras cuatro empresas, no disponía todavía de ninguna autorización. En la fecha de la comisión de la infracción, la tramitación de los expedientes de autorización se encontraba en fase inicial, todavía no había ninguna autorización concedida y se estaba trabajando en los aspectos técnicos y las condiciones que habría que exigir a las empresas para poder llevar a cabo la actividad".