Competencia multa al hermano de Ximo Puig por pactar precios en un concurso público

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana ha resuelto sancionar por infracción muy grave a la productora de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a otras tres empresas de comunicación ligadas a él a través de los hermanos Adell Bover por concertar precios en un concurso de corresponsalías de la televisión autonómica A Punt. Las sociedades Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza deberán responder con un total de algo más de 46.000 euros, dentro del margen del 10% de facturación del año anterior a la multa que marca la ley y atendiendo a las alegaciones presentadas por los implicados.

En la resolución, que la Conselleria de Economía ha hecho pública este lunes después de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico resolviese que estaba obligada a entregar el expediente tras una consulta del Partido Popular, el supervisor acuerda remitir su fallo a la Junta de Consultiva de Contratacion Pública del Estado para que decida si las empresas pueden concurrir a nuevos concursos o impone una limitación a su derecho a las licitaciones.

Para argumentar su decisión, firme por la vía administrativa, Competencia señala que las empresas sancionadas desempeñaron una conducta que "ha sido calificada como cártel". "Estas prácticas constituyen una de las restricciones más perjudiciales a la libre competencia, calificándose como infracciones muy graves", sostiene el tribunal que ha analizado el caso, compuesto por la presidenta Carmen Esteva de Quesada y los vocales Carmen Castro y Jaume Martí. Las pruebas que obran en el expediente permiten acreditar la existencia de contactos entre las empresas y el contenido de los contactos, sostiene la resolución.

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"Las pruebas documentales consistentes en transcripción de conversaciones a través de WhatsApp son evidencia de la existencia de los contactos entre las empresas incoadas para llevar a cabo la práctica colusoria en relación al Expediente, contactos cuyo contenido es anticompetitivo", insiste. Tras sospechar la mesa de contratación de la televisión autonómica, decidió pedir aclaraciones a los ofertantes y la empresa de Francis Puig terminó por retirarse del concurso. Fue la propia Corporación Valenciana de Medio de Comunicación la que elevó el caso a Competencia para su estudio en la primavera de 2019.

Esta es una de las conversaciones que Competencia identifica como prueba "incuestionable" de que que los representantes de todas las empresas intercambiaron información sobre los precios que debían presentar y otras circunstancias de presentación de los sobres de la licitación y que sus ofertas iban a estar coordinadas:

Responsable de Kriol: "Esta tarde miramos todos eso, que ayer (XXXX, el expediente no identifica la identidad de los interlocutores de cada empresa) no estaba".

Responsable de Visualiza: "He hecho números. Hazlos tú también y hablamos después".

En otro chat de Whatsapp en el que participa Comunicacions del Ports escriben:

-La capacidad técnica es un requisito obligatorio. Pero el precio es lo único que se valora. Difícil de entender. Pero es lo que hay.

-Sí, el pliego es confuso…

-Una pregunta, vais a rebajar mucho el importe?? para los lotes de 25.000 euros lo veo muy justo. -

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"Es indiscutible que empresas que compiten en un mismo mercado y se intercambian información comercial sensible para conseguirlo deben ser conscientes y plenamente conocedoras de que su comportamiento no resulta acorde con las más elementales normas de comportamiento empresarial en mercados competitivos", señala Competencia.

El reparto de la sanciones se distribuye de la siguiente manera: A Comunicacions dels Ports, la empresa de Francis Puig, se le impone una multa de multa por importe de 16.801,7 euros. A Kriol y Canal Maestrat, de los hermanos Juan y Enrique Adell Bover, una sanción de 26.103 euros. Visualiza, de César Bernal, deberá pagar 3.337 euros.

Tanto Francis Puig como los Adell Bover están siendo investigados también por un juzgado de Valencia por un presunto fraude de subvenciones tras varias denuncias interpuestas por el Partido Popular valenciano. Sus empresas han recibido más de un millón de euros de subvenciones de los Gobiernos valencianos, catalán y aragonés y los populares sostienen que falsearon facturas y excedieron las cantidades justificadas para poder cobrar. La Fiscalía Anticorrupción ha detectado indicios de delitos y ha encargado a la Guardia Civil un informe pormenorizado a las actividades de estos empresarios de comunicación de la provincia de Castellón. Los investigados todavía no han declarado ante el juez.