Competencia investiga al hermano de Ximo Puig por pactar precios en la TV autonómica

La Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana, gestora de la televisión autonómica À Punt, ha remitido a los supervisores de la competencia el expediente relativo a un concurso para la contratación de corresponsalías locales ante la sospecha de que varias empresas podrían haber alcanzado acuerdos para pactar precios y repartirse los lotes del contrato. Entre las sociedades implicadas figura Comunicacions dels Ports, una empresa participada y dirigida por Francisco Javier Puig, hermano del 'president' de la Generalitat valenciana en funciones, Ximo Puig.

La mesa de contratación de À Punt, en la que participa como asesor jurídico el secretario del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios, Ferran Bargues, levantó en marzo un acta en la que acordó por unanimidad trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las posibles irregularidades detectadas en la licitación de ocho lotes de los que estaban en licitación, lo que implicó además la suspensión temporal del procedimiento. A la vez, requirió a siete de las empresas cuestionadas documentación adicional. Entre ellas estaba la productora del hermano de Puig, que no entregó en plazo las aclaraciones ni la información requerida y el 8 de abril envió un escrito en el que comunicó formalmente su "desistimiento voluntario" como empresa licitadora, según adelantó este martes 'Las Provincias' y pudo comprobar El Confidencial tras acceder al expediente.

Los técnicos responsables de supervisar el proceso detectaron que Comunicacions dels Ports y otras dos empresas, Kriol Producciones y Canal Maestrat, habían presentado exactamente los mismos precios de forma respectiva a los tres primeros lotes, los relativos a las corresponsalías de Castellón, provincia en la que operan. Adicionalmente, la mesa constató que Kriol y Canal Maestrat compartían el mismo administrador, Enrique Adell Bover, y señalaron además coincidencias en los domicilios. Sin embargo, este dato se omitió en la documentación administrativa presentada cuando se inició la licitación. Tras requerir documentación, se comprobó además la existencia de un accionariado común. Todos esos documentos llegaron a À Punt el 8 de abril, el mismo día en que Comunicacions dels Ports presentó su renuncia "voluntaria" a la licitación.

"Mi hermano tiene derecho a trabajar y a presentarse a subvenciones", dijo Ximo Puig sobre las ayudas que recibía la empresa de su familia

Como consecuencia de estas irregularidades, la mesa de la televisión autonómica que dirige Empar Marco propuso el pasado 14 de mayo, tras una nueva reunión, la exclusión del procedimiento de dos de las empresas licitadoras, Kriol Producciones y Canal Maestrat, al considerar que de los importes ofertados y de las vinculaciones existentes entre las mismas "se desprende la existencia de un acuerdo entre dichos licitadores para la presentación de ofertas", algo que vulnera la libre competencia y oferta única establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. La decisión de trasladar la documentación a los órganos de supervisión cuenta con el beneplático del presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano. Lo que sorprende del caso, que ya está investigando la CNMC, es que las tres empresas pudieran haber alcanzado un pacto asumiendo riesgos para un contrato que se paga por horas de trabajo y equipamiento técnico aportado pero cuyos ingresos no está previsto que superen anualmente mucho más de 25.000 euros.

No obstante, Comunicacions del Ports es una empresa que no solamente ha tratado de meter cabeza en la nueva televisión autonómica, sino que también se ha beneficiado de las ayudas a la promoción del valenciano que promueve la Conselleria de Educación. El Partido Popular, de hecho, ha denunciado la existencia de irregularidades administrativas en la concesión de estas ayudas tanto a Comunicacions como a otra de las productoras de Francisco Javier Puig Ferrer, Mas Mut Producciones, perceptoras en conjunto de más de 450.000 euros de fondos públicos.

Más de 450.000 euros en ayudas

Este mismo martes, tras conocerse el presunto intento de pacto de precios por parte de las citadas productoras, la vicesecretaria regional del PP, Eva Ortiz, reclamó explicaciones al presidente de la Generalitat. "Ahora tenemos otra prueba más sobre el modo de funcionar de las empresas del hermano de Puig con el dinero público, al pactar precios con otras productoras para repartirse parte de un concurso de servicios de imágenes de À Punt. El clan Puig ha sido pillado con el carrito del helado", dijo Ortiz. A su juicio, "este modo de proceder reafirma las sospechas que existen sobre estas empresas y demuestra una práctica fraudulenta habitual como 'modus operandi".

"Se dedican a tratar de pescar subvenciones públicas valiéndose presuntamente de información privilegiada y de un posible trato de favor por ser quien es", indicó Ortiz en declaraciones a EFE, para añadir que desde 2015, "solo en ayudas al fomento del valenciano, ha recibido más de 400.000 euros bajo sospecha". Los populares han llevado el caso de la justificación de las ayudas al Contencioso-Administrativo.

El propio Puig se refirió el pasado mes de enero a la polémica sobre las subvenciones de las empresas de su familia. Fue precisamente en una entrevista en À Punt, donde señaló: "Mi hermano tiene derecho a trabajar y a presentarse a subvenciones". Al tiempo que se mostró indignado con la denuncia: "Me parece muy mal atacar la honorabilidad de alguien cuyo único patrimonio es esa honorabilidad".