TENSIÓN EN EL GOBIERNO VALENCIANO

Compromís obliga al entorno del hermano de Puig a devolver miles de euros en ayudas

Educación destapa deficiencias y programas desaparecidos en subvenciones a los Adell Bover y remite el caso a la Fiscalía. Las empresas de Francis Puig pasan el filtro fiscalizador

Foto: El 'conseller' de Educación, Vicent Marzà, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)
El 'conseller' de Educación, Vicent Marzà, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)

La Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana ha iniciado dos expedientes de reintegro de subvenciones contra dos empresas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la obtención de ayudas públicas relacionadas con la promoción de la lengua valenciana. El departamento que dirige Vicent Marzà (Compromís) ha puesto en marcha los procedimientos para recuperar casi 200.000 euros de fondos públicos entregados a las empresas Kriol Producciones y Canal Maestrat, vinculadas a los hermanos Juan y Enrique Adell Bover. Se trata de empresarios relacionados con Francis Puig, a su vez hermano de 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y cuyos intereses compartidos han sido denunciados por la exmujer de Enrique, Inés Aular, que señaló el jueves ante el Ministerio Público la existencia de una trama participada por todos ellos para "cazar subvenciones" falseando documentos y justificaciones de gasto. "Decían que cuando ganase las elecciones Puig se iban a forrar", aseguró a la fiscal Isabel Ródenas, un testimonio revelado por El Confidencial.

No obstante, Educación no ha hallado irregularidades en las ayudas a empresas que sí son propiedad directa de Francis Puig, Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports, cuyos planes de control han resultado "favorables". El hermano del presidente valenciano ha sido citado a declarar el próximo 10 de diciembre por el juzgado número 4 de Valencia en calidad de investigado por posibles delitos de fraude en subvenciones tras una querella del PP. Mas Mut y Comunicacions han superado el primer filtró de control administrativo de la conselleria.

La empresa Canal Maestrat no aportó los programas que habían sido subvencionados cuando fue requerida. Asegura que "los borró"

Todo lo contrario que las empresas de los Adell Bover. La Dirección de Política Lingüística que dirige Rubén Trenzano, también citado a declarar en diciembre, no solamente ha activado expedientes de reintegro de subvenciones por deficiencias en las justificaciones, sino que ha remitido a la Fiscalía de Valencia, a la Agencia Valenciana Antifraude y a la Inspección de Trabajo toda la documentación correspondiente a estas empresas y las conclusiones negativas derivadas de los planes específicos de control de cumplimiento de la legalidad. Estos planes se activaron tras recibir la denuncia de irregularidades por parte de la propia Aular, expareja de uno de los empresarios, pero también exempleada. Política Lingüística activó una revisión concreta sobre estas empresas, como lo hizo con las de Francis Puig.

Marzá con el director general de Política Lingüística, Ruben Trenzano. (EFE)
Marzá con el director general de Política Lingüística, Ruben Trenzano. (EFE)

Los Adell Bover y Puig tienen intereses compartidos con operaciones económicas por colaboraciones y elaboración de contenidos. Según ha podido comprobar El Confidencial, en los papeles aportados por Inés Aular, que maneja la Agencia Antifraude y la Fiscalía, figuran pagos de las empresas de los Adell Bover a sociedades de Francis Puig, lo que revela la estrecha relación comercial que los dos grupos de comunicación mantienen desde hace años.

En el caso de Canal Maestrat, la Conselleria de Educación requirió a sus responsables las facturas justificativas, nóminas y programas digitalizados correspondientes a 2016 y 2017. Esta empresa de comunicación recibió 63.468 euros en la modalidad de radio en 2016. La cuantía fue superior en 2017, cuando se embolsó 40.236 euros para SER Maestrat [asociada a la Cadena SER], 15.818 euros para 40P Maestrat [asociada a 40 Principales] y 50.318 para Ràdio la Vall d’Uixó. Para la edición digital de esta misma emisora, Educación asignó 7.731 euros ese mismo ejercicio.

Marzà ha declarado "de riesgo" todos los expedientes de la empresa Kriol Producciones, que recibió 22.609 euros por el programa Telescola

Según el análisis de la documentación que figura en las resoluciones a las que ha tenido acceso El Confidencial, Canal Maestrat presentó 5 facturas de gas natural en las que la dirección de suministro no coincidía con la sede social de la empresa. Lo mismo ocurrió con facturas de Iberdrola. De igual modo, se hallaron discrepancias en facturas de gasolina, de la empresa Sabeco (Alcampo) y diez facturas de alquiler del local donde Canal Maestrat tiene la sede a una empresa, Nova CB, que es propiedad de la misma familia Adell Bover. De los 161.138 euros que Canal Maestrat debía justificar, según el plan de control, solamente pudo acreditar correctamente 78.872 euros. Una circunstancia similar se produjo con las subvenciones recibidas en 2017 para SER Maestrat, 40P y Ràdio La Vall. Por la primera emisora la justificación de los gastos fue del 81,96%, pero el porcentaje fue muy inferior para la segunda, de tan solo el 22,91%. Ràdio la Vall sí pudo acreditar el 100% del gasto.

La denunciante de las irregularidades de los Adell Bover.
La denunciante de las irregularidades de los Adell Bover.

En lo que se refiere a la comprobación del contenido subvencionado, el departamento de Vicent Marzà se encontró con que Canal Maestrat alegó que las programaciones habían sido borradas "automáticamente" a los seis meses de su emisión "por imperativo legal", según la declaración responsable presentada por los Adell Bover. Es por esto que no disponían de ninguna copia legal. Es algo que contrarió a los funcionarios públicos: "La ausencia de los programas hace imposible la ejecución del plan de control y la verificación de la finalidad a la que debían de haberse aplicado los fondos recibidos", dice una de las resoluciones.

Los planes de control sobre Mas Mut y Comunicaciones dels Ports, propiedad de Francis Puig, han resultado "favorables"

La conclusión de la investigación sobre Canal Maestrat fue que la justificación documental "es defectuosa o insuficiente sobre lo declarado en la cuenta justificativa". E insiste: "Los programas son inexistentes, lo que hace imposible la ejecución del plan de control sobre ellos". Por todo ello, reclama a Canal Maestrat el retorno de 169.840 euros.

Facturas irregulares en Telescola

El resultado fue muy similar en la fiscalización de Kriol Producciones, a la que exige las subvenciones recibidas. Esta empresa de los Adell Bover obtuvo en 2017 una ayuda de 22.609 euros para la producción de una serie de contenidos audiovisuales denominada Telescola, la Televisió a la Escola. El 30 de mayo de este año, Trenzano y el jefe de servicio pusieron en marcha un plan de control y se le notificó a la empresa para que aportase la documentación justificativa (facturas y nóminas y programas digitalizados de la actividad realizada). Los técnicos detectaron justificaciones defectuosas o insuficientes en las facturas por un total de 13.128 euros. Además, Kriol presentó seis programas digitalizados con una duración máxima de 26 minutos, pese a que la escaleta tipo que propuso la empresa marcaba 55 minutos para cada espacio audiovisual.

En el apartado de justificación de nóminas, los Adell Bover presentaron 22 nóminas con un gasto conjunto de 12.543 euros. No obstante, Educación atendió la denuncia presentada por Inés Aular en la que asegura que, pese a que una de las nóminas figura a su nombre, ni trabajó en ese programa ni recibió el dinero. Por esta razón, remitió el expediente a la Inspección de Trabajo. Tras fiscalizar toda la documentación, concluyó que cabía "considerar todos los expedientes donde tenga la condición de interesada la empresa Kriol como expedientes de riesgo y poner en marcha los oportunos planes de control, tanto en los años anteriores como en los posteriores".

El 'conseller' de Educación, Vicent Marzà firmó el pasado jueves por la tarde las resoluciones para iniciar las actuaciones relativas al reintegro de los fondos. Este pasado viernes, Trenzano, atendiendo la propuesta del jefe de servicio de departamento, remitió copia de los expedientes a la Fiscalía de Valencia, a la Agencia Valenciana Antifraude y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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