Cirugía exprés del PSOE contra Rodríguez para intentar zanjar la crisis de Valencia

La operación Alquería ha conmocionado al PSOE, en general, y a su federación valenciana, en particular. La imagen del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramage, uno de los jóvenes valores del partido acunado en la política municipal, rodeado de agentes de la UDEF con los chalecos de la Policía Nacional, ha dejado en 'shock' a más de uno de los altos dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana, según confesaban ellos mismos. Y también en Ferraz. Durante todo el miércoles estuvo Rodríguez acompañando a los investigadores durante los registros: en su vivienda, en el Ayuntamiento de Ontinyent y, a final de la tarde, en su despacho de la corporación provincial, precintado de buena mañana por el dispositivo coordinado por la Fiscalía Anticorrupción por mandato del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, con presencia también de efectivos de la Unidad de Ciberdelincuencia y la Jefatura Superior de Policía. El final del día acababa con su dimisión inmediata, la suspensión forzosa de todos sus cargos y la designación de su sustituto al frente de la Diputación.

El dispositivo desplegado con los arrestos y los registros y su impacto mediático cercenó casi desde el primer momento el amago de los socialistas de circunscribir el caso a una cuestión de irregularidad procedimental en las contrataciones de personal para tratar de suavizarlo. Las actuaciones siguen secretas y por ahora ha trascendido que los fiscales indagan en posibles delitos de malversación de caudales y prevaricación en la designación de cuadros directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, que paradójicamente está en el origen del caso Taula que tanto daño ha hecho al Partido Popular.

La solución de Ferraz y del PSPV de Ximo Puig, de forma más tímida inicialmente por la afinidad con el también alcalde de Ontinyent, uno de sus apoyos en el pulso contra el sanchista Rafa García por el liderazgo en la federación valenciana, no es la de contemporizar. "Tiene que haber algo muy gordo que no sabemos porque si no no se entiende tanto despliegue. Lo de los contratos puede que esté mal hecho pero es algo procedimental, no sé si suficiente como para montar registros en casas, el ayuntamiento o la diputación", reflexionaba un alto responsable del la dirección de los socialistas valencianos cercano a Puig.

Ábalos, a primera hora de la tarde, deja ver el giro: la "aparatosidad" del arresto, "muy lamentable y vergonzoso", supone un daño a la marca inasumible

Aún sin tener conocimiento completo de los hechos investigados, la dirección federal de Pedro Sánchez trabajó desde primera hora de la tarde para propiciar la renuncia de Rodríguez a todos sus cargos institucionales y orgánicos, una salida acompañada de un expediente de suspensión temporal de militancia hasta que se despejen las dudas sobre su gestión. Tras unos primeros titubeos por la mañana, el propio secretario de Organización y ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, lanzó en una intervención en la comisión de investigación sobre los partidos políticos en el Senado que Rodríguez no estaba "en condiciones de continuar". "Espero a lo largo del día conocer lo que se le imputa, están todavía haciendo registros, pero no sé nada. Entiendo que debe ser importante cuando se produce una detención con una puesta en escena así", manifestaba, haciendo referencia en varias ocasiones a la "aparatosidad" y la dimensión del dispositivo policial. Un arresto "muy lamentable y vergonzoso" que supone por tanto "un daño a la imagen" del PSPV que "no puede ser restituido".

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Suspensión de cargos

Sánchez y Ábalos, conscientes de que han llegado al Gobierno gracias a una moción de censura motivada por los casos de corrupción del PP, entienden que no pueden permitirse el lujo de sostener cargos bajo sospecha. Ferraz lanzaba a media tarde el mensaje inflexible de que Rodríguez y su equipo de confianza investigado no pueden permanecer en su puesto. En el caso de Ábalos, además, no pesan razones emocionales con Rodríguez, situado siempre en el bando antisanchista, responsable de la campaña de Puig frente a Rafa García y que a punto estuvo de enfrentarse a su candidata para la Secretaría General en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero.

Por la mañana hubo titubeos y referencias al código ético. Pero luego pesaron los hechos y la realidad de una moción de censura por la corrupción del PP

El viraje parecía cantado desde el episodio de Màxim Huerta, ministro fugaz de Cultura de Sánchez, que dimitió once horas después de que este diario revelase que había cometido fraude fiscal en el pasado. El presidente forzó su caída, aconsejado por múltiples cargos institucionales y orgánicos de su partido, para lanzar un mensaje de firmeza absoluta y salir reforzado de una crisis que le estallaba a la semana de montar gobierno. Ahora la actitud no podía ser más laxa. Pero, en efecto, la reacción tardó unas horas en llegar, porque por la mañana fuentes del partido se limitaban a asegurar que se aplicaría el código ético. Es decir, que se apartaría a Rodríguez cuando se abriese juicio oral. De hecho, a ese latiguillo se agarró Sánchez cuando fue abordado por la prensa tras el final de la sesión de control en el Congreso. Minutos después contaba, en conversación informal con los periodistas, que no tenía datos, que todo le pilló durante su comparecencia en el pleno.

El giro se hizo evidente con las palabras de Ábalos en el Senado. Rodríguez quedaba sentenciado. Fuentes de la dirección señalaban que con ellas se buscaba una salida rápida de Rodríguez, y que la "aparatosidad" de la detención policial no dejaba otra que forzar su caída. Actuar con "ejemplaridad", y de forma "coordinada" con el PSPV. Sin contemplaciones.

Esta dimisión se asumía desde el momento en que el abogado del investigado, José Ignacio Terol Mora, hacía saber al 'president' valenciano que el máximo responsable de la Diputación de Valencia ponía todos su cargos a su disposición, según avanzaba 'Levante-EMV' y confirmó este periódico. Pasadas las nueve de la noche del miércoles, la dirección de los socialistas valencianos comunicó la convocatoria urgente del secretariado (núcleo reducido de la ejecutiva) para suspender de sus responsabilidades al presidente de la corporación provincial.

El sustituto, Toni Gaspar

A los pocos minutos el partido lanzó un comunicado del propio Puig anunciando su intención de apartar a Rodríguez de todas sus responsabilidades. Hasta ahora, era secretario de Comunicación y portavoz de la cúpula. "El PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta. El PSPV siempre ha sido contundente ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza y así lo seguirá siendo", afirmaba el barón valenciano. "La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP", añadía.

"El PSPV siempre ha sido contundente ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza y así lo seguirá siendo"

La dimisión efectiva como presidente provincial no tiene, por tanto, vuelta atrás. Rodríguez ya no podrá regresar a su despacho el próximo lunes tras pasar la noche en el calabozo, ponerse a disposición judicial este jueves y, como se prevé, salir de los juzgados imputado por delitos de corrupción junto a su equipo de confianza. Además, ya hay sustituto. Puig anunció que, para garantizar la estabilidad en la corporación provincial, proponía a la dirección que el vicepresidente segundo de la entidad, Toni Gaspar, alcalde de la pequeña localidad de Faura —y rival suyo en las primarias autonómicas de 2015—, sea el candidato a la presidencia, como relevo de Rodríguez. El siguiente paso orgánico que dé el PSOE es suspenderle de militancia.

Habrá que ver si la cirugía exprés aplicada para amortiguar el golpe político de la operación Alquería es suficiente como para frenar el desgaste sobre las siglas socialistas de posibles revelaciones judiciales futuras. Con Rodríguez fulminado, será difícil que el caso tenga el mismo recorrido político que si el PSOE hubiera optado por sostenerlo, aunque la investigación sigue secreta y podrían aparecer nuevas revelaciones.