Puig suspende a Rodríguez de todos sus cargos: "Siempre hemos sido contundentes"

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigan si el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, vulneró de forma sistemática la legislación para sostener la contratación irregular de hasta once personas en la empresa pública Divalterra pese a contar con varios informes jurídicos en contra. Gran parte de los hechos están relatados en una denuncia con fecha de entrada en la Fiscalía de Valencia el pasado 3 de abril presentada por el consejero de la mercantil provincial designado por Ciudadanos, Jorge Ochando, también concejal de Paterna. Iba diriga contra Rodríguez y los cogerentes de la sociedad cogerentes Xavier Simón (PSOE) y Agustina Brines (Compromís).

Ciudadanos sostiene que la Fiscalía aportó el documento a unas diligencias de investigación abiertas con anterioridad, que permanecen secretas. El Ministerio Público había recibido en 2016 una denuncia del PP, que archivó, y otra de personal de Divalterra. El despliegue de la UDEF y Anticorrupción y la extensión de los registros al Ayuntamiento de Ontinyent y domicilios particulares es indicativo de que las pesquisas pueden ir más allá de los contratos laborales denunciados por la formación naranja y podrían alcanzar a contratos de obras o servicios. Es lo que temen en las filas del PSPV-PSOE. La denuncia pide a los fiscales que investiguen, además, si los contratados pudieron haber hecho donaciones a sus respectivas formaciones, lo que habría supuesto una distracción de fondos públicos a partidos políticos.

De momento, el principal investigado ha asumido sus responsabilidades políticas. Rodríguez ha puesto todos su cargos a disposición del partido, según un comunicado remitido por su abogado José Ignacio Terol Mora al 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, según avanzó 'Levante-EMV'. En el mismo escrito expresa su "inocencia" y dice desconocer los hechos por los que está siendo investigado. Tras conocerse este documento, el líder de los socialistas valencianos lanzó un comunicado en el que señalaba su intención de suspender de todos su cargos al presidente de la corporación provincial y proponer al vicepresidente y alcalde de Faura, Toni Gaspar, como sucesor. "La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP. El PSPV siempre ha sido contundente ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza y así lo seguirá siendo", señalaba Puig, quien lanzaba un mensaje de confianza en "la inocencia" de Rodríguez y añadía que serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta.

Es un absoluto desprecio al derecho y la consiguiente sustracción y malversación de los fondos públicos

En la demanda de Ochando se describe un mecanismo deliberado y continuado de vulneración de las normas de contratación para mantener en puestos de alta dirección y con salarios mayores de lo previsto a once personas, militantes del PSOE y de Compromís. La designación de los puestos se habría realizado a dedo, sin respetar las normas de concurrencia y publidad para la provisión de puestos de trabajo.

Los nombramientos irregulares comienzan desde el principio del cambio de la cúpula en la empresa pública tras la pérdida de poder del Partido Popular. El 24 de julio de 2015, el consejo de administración de Imelsa (ahora Divalterra) nombró dos gerentes, uno del PSOE y otro de Compromís. El secretario del consejo ya expresó sus dudas sobre el mecanismo de contratación porque no se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. En noviembre de 2015 se realizaron otros siete nombramientos por libre designación de los directores de área, con contratos de alta dirección. Según el denunciante, tres de ellos eran militantes del PSOE y otros cuatro, de Compromís. "En todos los casos se realiza la relación laboral de alta dirección, apartándose intencionadamente de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Los siete cargos tenían un contrato de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamientos "del domicilio al lugar de trabajo". El coste total estimado de cada contrato era de 75.000 euros al año. La vigencia de contrato estaba ligada a la permanencia en el cargo de los gerentes. Sumando costes de indemnización por despido, el denunciante eleva el impacto posible sobre las arcas públicas de estos contratos irregulares en dos millones y medio de euros.

TE PUEDE INTERESAR

Detenido el presidente de la diputación de Valencia (PSOE) por colocar cargos a dedo

Víctor Romero. Valencia José María Olmo

La legalidad de los contratos se pone en duda a través de varios informes encargados al despacho jurídico externo Tomarial y a los propios servicios jurídicos internos. En 2015, 2016, 2017 y 2018 se reciben varios informes contrarios a los nombramientos, sin que los gerentes de Divalterra ni Jorge Rodríguez como presidente de la empresa pública realizasen ningún tipo de corrección. Dos informes aconsejan expresamente convocar las plazas con pública concurrencia. "Esto supone un absoluto desprecio al derecho y consiguiente sustracción y malversación de los fondos públicos y desviación del destino de los mismos donde se lesiona gravemente el buen funcionamiento de la Administración Pública", se afirma por los denunciantes. Sostiene que la cúpula de la empresa pública vulneró la legislación de forma intencionada "para elegir a aquellos que la gerencia quiera por ser militantes de sus partidos políticos, evitando la convocatoria de la plaza pública".

Los denunciantes sostienen que si los directivos donaron dinero a PSOE o Compromís puede haber distracción de fondos a partidos políticos

En diciembre, uno de los gerentes, Víctor Sahuquillo, abandonó su puesto coincidiendo con la publicación de gastos en dietas irregulares (bebidas alcohólicas). La cuantía era escasa, de 252 euros, pero el cargo socialista decidió dar un paso un lado "para no perjudicar" a Jorge Rodríguez. Por su desistimiento, recibió una indemnización de 15.000 euros. La salida no implicó la renuncia automática de tres directores de área adscritos al PSOE, sino que el propio presidente de la diputación ratificó y novó los contratos. Hasta el momento de la denuncia, en marzo de 2018, se produjeron otros dos nombramientos más, en sustitución de dos de los directores del PSOE que cambiaron de cargo público, aunque uno de ellos no llegó a tomar posesión del puesto. En total fueron once las contrataciones irregulares que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta bien entrado 2018, la corporación provincial siguió recibiendo informes contrarios al procedimiento de contratación. En febrero, un nuevo documento del letrado de la institución, Jorge Cuerda (también investigado) afirma que los responsables de área no pueden regirse por contratos de alta dirección y propone pasarlos al régimen común. Pero este informe se oculta "deliberadamente" al consejo de administración. A raíz del último análisis, cinco de los directivos pasaron a obtener la consideración de personal laboral común, con contrato indefinido, "con los consiguientes coste de despido para la compañía, significando un incremento del despilfarro, sustracción y malversación de los fondos públicos".