Intervención destapa contratos amañados del Gobierno Zapatero con la agencia del PSPV

Un informe pericial de la Intervención General del Estado ha destapado la existencia de contratos presuntamente amañados por parte del dos ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad pública Acuamed con la agencia de comunicación Crespo Gomar, encargada de desarrollar campañas electorales y actos políticos con el PSPV-PSOE y con el Bloc Nacionalista Valencià (socio de Compromís). El informe fue encargado por la jueza de Valencia que ha investigado la presunta financiación irregular de ambas formaciones y señala que prácticamente todos los contratos públicos suscritos con las empresas del grupo Crespo Gomar contienen irregularidades, varios de ellos con indicios de infracción penal.

En un auto de inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada descarta, con los datos de los que dispone, la existencia de conexión entre los contratos y un posible delito electoral (financiación ilegal) que considera prescrito. La juez abrió diligencias el 22 de diciembre de 2016 tras recibir un oficio policial originado por una denuncia ante la Brigada de Blanqueo de Capitales del presidente del Partido Popular de Alicante, José Císcar. Este dirigente político aportó documentación interna de la agencia Crespo Gomar que, junto con un primer análisis policial, apuntaba a la posible existencia de una trama de financiación irregular de los socialistas en la campaña de 2007 y de socio nacionalista de Compromís con la existencia de contratos con Administraciones Públicas, entre ellas departamentos del Gobierno de Zapatero.

La Fiscalía de Valencia se ha opuesto a investigar un posible delito electoral y financiación ilegal de PSOE y Bloc por considerar que está prescrito

A la vista de los indicios, la jueza Nieves Molina decidió encargar en mayo de 2017 a un funcionario de la Intervención del Estado un informe sobre los contratos públicos con Crespo Gomar y Opinomedia, ambas mercantiles ligadas a Alberto Gomar, hijo del exconcejal socialista de Gandia, Antonio Gomar. En sus pesquisas, el interventor detectó la "existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación", distinguiendo entre las que serían irregularidades administrativas y aquellas que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal. En este grupo el informe señala un contrato de 126.208 euros con el Ministerio de la Vivienda firmado en 2009 y otros dos de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que suman 400.000 euros, además de un tercero con el Ayuntamiento de Benidorm para la colocación de máquinas de consulta ciudadana por importe de 193.000 euros financiados en parte con fondos del Plan E puesto en marcha por el Gobierno de Zapatero. De igual modo se pone en cuestión una subvención del Ayuntamiento de Gandia que sirvió a una federación de fútbol para comprar una parcela a los Gomar.

Sobre los contratos con Acuamed, la Intervención describe dos encargos en 2007 a Crespo Gomar para comunicar acciones de las desalinizadoras de Dénia y Torrevieja. Se trata de contratos que no llegaban a 211.000 euros y que, según la ley, podían esquivar su carácter público, aunque no los requisitos de publicidad y concurrencia. Sin embargo, a los dos meses se tramitaron otros dos contratos de 60.000 euros. "Se observa un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que ambos servicios debieron ser licitados conjuntamente al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizadoras".

"Se observa un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas"

La jueza también desvela a partir del informe de la Intervención que a los concursos restringidos se presentaron empresas del mismo grupo, "quienes omitieron dicha circunstancia, pese a estar obligadas a ello, con una clara limitación del principio de concurrencia pública". Junto a Crespo Gomar aparecieron como licitadores LyC Estudio Fotográfico y Publicaciones Miracasa, ambas ligadas a la agencia. "En el servicio de organización de eventos y de gestión de un local por importe de 60.000 euros también se presentaron empresas vinculadas a Crespo Gomar, a quien se adjudicó uno de ellos".

Pese a estas irregularidades, y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, la magistrada no ha dado traslado a ningún otro juzgado en su auto de inhibición de los contratos con Acuamed, suscritos en noviembre y diciembre de 2007, por considerar que, aunque la competencia territorial estaría en Madrid, los delitos en esta empresa habrían prescrito. Sí lo ha hecho en el caso del contrato con el Ministerio de la Vivienda, de 2009, cuyo expediente ha remitido a la capital de España.

En esta época la titular del departamento era Beatriz Corredor, miembro de la actual ejecutiva de Pedro Sánchez, y el interventor señala irregularidades como haber abierto la oferta económica antes que la técnica. "Esto solo lleva a favorecer la falta de transparencia. Conociendo de antemano la puntuación obtenida por cada licitador en su oferta económica, resulta mucho más sencillo intentar favorecer a cualquier de ellos, dado el carácter subjetivo de la valoración técnica. También el expediente pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favorece a Crespo Gomar, quien no hubiese resultado adjudicatario de no haberse rechazado al otro licitador", explica la juez. Nieves Molina considera además que "indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que formalmente su hubiesen seguido los trámites o pasos legales".

Sin conexión entre contratos y financiación

Hay un tercer contrato con el Ejecutivo de Zapatero, el que Crespo Gomar firmó en 2008 con el Ministerio de Sanidad por importe de 184.000 euros, sobre el que la magistrada sostiene que debería ser investigado en Madrid "en el supuesto de que en un momento posterior apareciesen indicios de amaño en la adjudicación de los servicios licitados". También ha remitido al juzgado de Benidorm los contratos de este ayuntamiento con Opinomedia, una mercantil de la que fue socio con Gomar el actual director de expansión de la empresa semipública Egevasa, José Ramón Tiller, una persona ligada al clan socialista de Gandia.

Se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia

En lo que se refiere a la posible financiación ilegal de los socialistas a través de fondos procedentes de estos contratos públicos, la magistrada sostiene que en la documentación aportada con la denuncia y análisis por parte de la policía "se hacía referencia a servicios prestados al PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, con referencias a la sede de la calle de Blanquerías de esta ciudad, servicios facturados a una constructora por Crespo Gomar, sin que existiese clara delimitación de la comisión de los hechos. No obstante, en el estado actual de la investigación, se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia", escribe. Es decir, no ve vínculos entre las adjudicaciones y la financiación del partido. Sobre la posible existencia de delito electoral atiende el criterio del Ministerio Fiscal y afirma que "teniendo en cuenta la fecha y la regulación legal que existía, los hechos estarían prescritos".

El PSOE se felicita de que el auto desmienta la hipótesis de financiación ilegal del PSPV

Juanma Romero | Madrid

A la dirección federal del PSOE, como al PSPV, le preocupa, "y mucho", el caso estallado en Valencia. Pero, pese a que todavía no tiene acceso al sumario, sí se congratula de que el auto de inhibición conocido este viernes demuestra que no hubo "trama" ni un delito de financiación ilegal de su partido en la Comunidad Valenciana. 

"El auto ya desmiente que haya una financiación ilegal del PSPV, porque dice que no hay una vinculación entre unos casos y otros", remarcó el secretario federal de Organización, el también valenciano José Luis Ábalos, que entiende que con este paso se pincha la "burbuja que algunos han querido crear" contra el PSOE, al menos por ahora. El número tres señaló la "cierta intranquilidad" que produce saber que este auto está fechado en enero y se conoce ahora. 

A los socialistas les inquieta "mucho" este caso por el daño a la imagen de la marca —queda solo un año para las elecciones autonómicas y municipales— y porque el partido no va a ser "complaciente" en ningún caso con los que sean señalados como responsable, por mucho que los posibles delitos hayan prescrito. Por tanto, si se detectan conductas "inadecuadas", que contravienen el código ético, la dirección actuará, prometió. El PSPV tiene abierta una comisión de investigación interna que Ferraz respalda.

🗣@manolomata: “El auto judicial dice que no hay trama, que no hay financiación ilegal y que no hay dinero negro” https://t.co/rNDuFEDFMi pic.twitter.com/QcLU77XukJ

 

Ábalos sí remarcó que él, como militante del PSPV, no tiene "nada que ver" con los hechos que están fiscalizándose, porque por aquellos años él no tenía responsabilidades orgánicas ni en la provincia ni en la cúpula autonómica. "No fueron mis mejores años. Para desilusión de quien me quiera vincular, no tengo nada que ver", remarcó. A su vez, tampoco sabían nada de los hechos las dos exministras que estaban al frente de departamentos con contratos investigados, Beatriz Corredor en Vivienda y Cristina Narbona en Medio Ambiente. Ambas recibieron las noticias con "estupefacción" porque un ministro no está al corriente de contratos de tan poco valor. 

Desde Valencia, abundó en esta argumentación el vicesecretario general del PSPV y número dos del 'president' Ximo Puig, Manolo Mata. El dirigente aseguró que el auto de la jueza que acuerda la inhibición en favor de juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, admite a las claras que "no hay trama, ni financiación ilegal del PSPV ni dinero negro" cuando da por hecho la "inexistencia de conexión" de los hechos presuntamente ilegales, informa EFE.

Mata atribuyó el inicio de la causa a una "corta pega" del presidente del PP de Alicante y exvicepresidente del Consell, José Císcar, que fue quien presentó la primera documentación ante la Policía Nacional. Tras calificar a Císcar como "el topo" y la mano "mece la cuna", insistió en que "esto no es un tema de un buen ciudadano que presenta documentación a la Policía. Es un mangante, alguien manipula todo esto y se lo da a un juzgado".