la causa se trocea en cuatro juzgados

Una investigación por financiación del PSOE alcanza al Gobierno de Zapatero

Una juzgado de Valencia deriva a Madrid un informe policial con adjudicaciones del Ejecutivo socialista a una agencia de comunicación que participó en las campañas electorales del PSPV

Foto: Zapatero, con el que fue secretario general del PSPV, Ignasi Pla.
Zapatero, con el que fue secretario general del PSPV, Ignasi Pla.

El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc, socio nacionalista de Compromís, entre los años 2007-2011. Se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral. En enero de este año, tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, según señalaban este miércoles fuentes del TSJ valenciano.

La instructora se inhibió en favor de los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados. Se investigan los contratos realizados por distintas administraciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar, de Gandía. Esta empresa, que participó en varias campañas electorales autonómicas y municipales de los socialistas valencianos, resultó adjudicataria de varios contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2008 y 2009 recibió el encargo de elaborar y gestionan programas de promoción institucional de varios ministerios. Crespo Gomar participó en la campaña 'Compra con criterio', a la que Sanidad destinó 2,1 millones de euros, y en otra destinada a comunicar las ventajas del Plan de Vivienda 2009-2012 desarrollado por el departamento que en ese momento dirigía Beatriz Corredor. Por la primera recibió 200.000 euros y por la segunda, algo más de 126.000 euros.

Un juzgado de Valencia ha remitido la causa a juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía por posibles delitos de malversación

Fuentes del PP valenciano, que fue quien llevó la documentación a la policía en 2016, señalan a El Confidencial que la agencia también recibió contratos de Acuamed con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y del Ministerio de Fomento que dirigía José Blanco. Los contratos con Medio Ambiente superaron los 600.000 euros, entre ellos una campaña de difusión de la desalinizadora de Torrrevieja. Aguas del Júcar le adjudicó un plan de comunicación sobre infraestructuras hidráulicas por 234.700 euros, según publicó en 2009 'Las Provincias'. En aquellas fechas, los populares ya denunciaban los vínculos entre la agencia y los socialistas.

Según ha adelantado 'El Mundo', la investigación señala que Crespo Gomar pudo elaborar un sistema de facturación falsa, similar al de la trama Gürtel, para financiar campañas electorales a través de la obtención de contratos públicos y de entregas de empresas contratistas. Los delitos electorales de 2007 habrían prescrito, pero no los de malversación o de falsedad documental, de ahí que la jueza de Valencia se haya inhibido en favor de partidos judiciales donde se ubican las administraciones públicas que trabajaron con la empresa de publicidad y comunicación. No se descarta que, tras continuar las pesquisas, puedan aparecer delitos electorales de campañas de 2011 cometidos en los partidos judiciales donde se ha trasladado el expediente.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y la presidenta regional, Isabel Bonig. (EFE)
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y la presidenta regional, Isabel Bonig. (EFE)

Fuentes socialistas admiten que Crespo Gomar trabajó de forma continuada con el partido en la Comunidad Valenciana. En 2003 colaboró en la campaña de las autonómicas del entonces secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla. También participó en la campaña de Etelvina Andreu en las municipales de Alicante de 2007. Andreu era directora general de Consumo cuando la agencia recibió contratos del ministerio. La agencia facturó 7,5 millones de euros aquel año electoral y 4,5 millones en 2008, año en que participó en la organización del congreso autonómico de los socialistas valencianos. En 2009, la cifra de negocio bajó a 1,7 millones de euros.

Crespo Gomar participó en la organización del congreso del PSPV de 2008, en el que Ximo Puig lanzó su primer intento de liderar el partido

La agencia recibió diversos contratos del Ayuntamiento de Gandia durante la etapa de alcalde de José Manuel Orengo, ahora asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat y una de las personas claves del sector lermista en el PSPV. Este sector controló la organización del congreso autonómico que federación valenciana del PSOE celebró en Valencia en 2008. Tras la dimisión de Pla, se nombró una gestora presidida por Joan Lerma. Fue el cónclave en el que Puig lanzó su primer intento de asaltar la secretaria general, aunque perdió por muy pocos votos frente a Jorge Alarte. En la organización del congreso participó Crespo Gomar, según han confirmado fuentes socialistas. La empresa, ya disuelta tras no superar un concurso de acreedores, estaba dirigida por Antonio Gomar, hijo de un teniente de alcalde de Gandia durante el mandato del socialista Orengo.

El PP pide explicaciones

Tras conocerse estas informaciones, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información "anónima" y, tras revisarla y no ver "clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos", la dirección decidió ponerla en conocimiento de la policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, "respeta la labor de la Justicia" y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: "Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la Justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones".

Ximo Puig, con Manuel Mata y Mónica Oltra. (EFE)
Ximo Puig, con Manuel Mata y Mónica Oltra. (EFE)

"Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas", ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los populares están "muy interesados" en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética", como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP "siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado".

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha admitido que su partido está "perjudicado" por la investigación judicial sobre una supuesta financiación ilegal en la campaña electoral de 2007, y ha asegurado que harán lo posible por aclarar "todas las cuestiones" que forman parte de "otra época".

En declaraciones a los periodistas, Mata ha anunciado que el PSPV-PSOE va a crear una "pequeña comisión" para recopilar la documentación que tengan en el partido sobre la campaña electoral del año 2007. "Es evidente que el partido como tal está perjudicado, y por tanto el partido hará lo posible para limpiar su imagen y aclarar todas las cuestiones", ha aseverado Mata, quien ha insistido en que van a colaborar con la Justicia cuando se les requiera la documentación, destacando que ahora están "en otra época".

Ha precisado que este asunto "no tiene nada que ver ni con las elecciones de 2015 ni con el Pacto del Botánico" de gobernabilidad de la Generalitat, sino que es del año 2007, cuando el PSPV-PSOE además perdió las elecciones, y ha añadido: "Hay que cerrar determinadas etapas, y las vamos a cerrar con toda la transparencia e información".

Puig se ofrece a colaborar y Ferraz dice que es de "hace 11 años"

Por Juanma Romero

"Les puedo decir que las cuestiones del partido socialista están absolutamente claras, a día de hoy, que es mi responsabilidad, y a total disposición de quien lo quiera". Así ha reaccionado este miércoles el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, a la noticia de que los juzgados están investigando la relación del PSPV-PSOE y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la agencia de comunicación Crespo Gomar.

El 'president' ha informado de que su partido no ha recibido, por el momento, ninguna comunicación, y que en caso de que sea así "tendrán toda la documentación".  "Evidentemente, la Justicia siempre tiene la última palabra. Para mí siempre la honradez es una clave fundamental del proyecto político que defiendo y si en algún momento se ha hecho algo mal se asumirán responsabilidades por parte de quien corresponda", señalaba.

En Madrid, fue preguntado por el caso el secretario de Organización federal del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos. El dirigente sostuvo que no tenía conocimiento del escándalo previamente, como tampoco le constaba al PSPV, como pudo comprobar cuando este miércoles, tras leer la noticia, se puso en contacto con su homólogo autonómico, José Muñoz. Ábalos aplaudió que la dirección valenciana haya abierto de forma "prudente" un expediente informativo, "a la espera de recabar información y ver qué se publica". 
 
El número tres de la cúpula de Pedro Sánchez admitía que si hay "irregularidades", las responsabilidades son "para todos", y "no cabe decir si son propias o ajenas", por mucho que se produjeran hace años y con otros líderes del PSPV en primera línea. No obstante, calificó de "curioso" el caso en sí mismo, ya que se refiere a hechos de "hace 11 años", y también porque la denuncia no se presentó hasta 2016. "No sé por qué [los representantes del PP] no han tenido más decisión a la hora de presentarla cuando los hechos se produjeron. Y tampoco acabo de entender esta demora en dar conocimiento de estas supuestas irregularidades", remachó Ábalos. 

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