se complica el último año del consell del botánico

La financiación del PSPV y el auge de Cs, el cóctel que puede tumbar a Puig y Oltra

Mal arranque de año para los socios del Consell del Botánico. Socialistas y Compromís pierden el control de la agenda y Ciudadanos aspira a sacar partido del trabajo sucio del PP

Foto: Ximo Puig y Mónica Oltra. (EFE)
Ximo Puig y Mónica Oltra. (EFE)

Esta semana, el Supremo podría dar otro revolcón al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal tiene previsto celebrar una vista pública para revisar la condena por el amaño de los concursos de los expositores de Fitur a los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo) y a altos cargos del Gobierno autonómico de Francisco Camps, como la que fue 'consellera' de Turismo Milagrosa Martínez, a la que le han 'caído' nueve años de prisión. Haya o no rebaja de penas, una resolución confirmando el fallo condenatorio pondrá de nuevo sobre la agenda política la mancha de la corrupción de los años de gestión del Partido Popular. Lo hará, además, en un momento en que los populares, dirigidos por Isabel Bonig, estaban convencidos de haber asestado un golpe importante a la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat valenciana, con el tándem de Ximo Puig y Mónica Oltra al frente.

Por primera vez en los ya casi tres años de legislatura, el escándalo de la posible financiación irregular de PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià durante las campañas de 2007 y los contratos del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero con la agencia de comunicación proveedora de ambos partidos, Crespo Gomar, han puesto a la defensiva al Consell de socialistas y Compromís, que en las últimas semanas ha perdido la iniciativa política.

Ciudadanos podría beneficiarse del trabajo sucio judicial del PP contra Puig y Oltra. Los populares aún tienen pendientes causas de corrupción

La longitud del recorrido judicial de los papeles que los populares llevaron a la Policía Nacional hace un año está por definir. La jueza de instrucción de Valencia, que inició en secreto las diligencias, ha cerrado el caso en su juzgado "tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido" en su partido judicial. Con las sedes de ambos partidos en Valencia y la decisión de la jueza de inhibirse, es probable que la investigación de su financiación y cuentas electorales haya quedado en vía muerta. Al haber prescrito los delitos electorales (la financiación ilegal), los informes policiales han sido remitidos a dos juzgados de Madrid, a Gandía y a Benidorm. Acreditan la posible existencia de un mecanismo de facturación falsa con contratistas y obtención de fondos a través de contratos públicos por parte de Crespo Gomar, que a la vez prestaba servicios a candidatos. Queda conocer el alcance de las pesquisas con las administraciones afectadas, entre ellas los ministerios durante la etapa de Zapatero, como publicó El Confidencial.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz. (EFE)
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz. (EFE)

Sea cual sea el alcance judicial, el escándalo político va a desgastar al Gobierno valenciano de izquierdas, cuyos partidos han tratado de reaccionar anunciando comisiones e investigaciones internas para mostrar transparencia. Es verdad que los hechos se remontan a más de 10 años atrás, pero algunos de los protagonistas, como el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, siguen vinculados a su formación y forman parte del círculo de confianza de Ximo Puig. Uno de sus asesores, José Manuel Orengo, era alcalde de Gandía cuando este ayuntamiento contrató con Crespo Gomar. De momento, oficialmente no hay ningún investigado (imputado). Los documentos internos de Crespo Gomar también señalan a cargos de confianza del presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, que ha negado cualquier irregularidad en los gastos de campaña del socio nacionalista de Compromís.

Ximo Puig ha barajado el adelanto electoral para evitar el 'superdomingo' del 26 de mayo, pero ahora gana enteros la opción del 'wait and see'

Esta suerte de Gürtel de la izquierda se suma a otros acontecimientos recientes que han debilitado la imagen de algunas de las coaliciones que propiciaron el cambio político en las municipales de 2015. El caso más evidente es el del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. Procesado por fraccionamiento de contratos y por el despido de una trabajadora interina familiar del portavoz municipal del PP, ha alcanzado un pacto con la dirección del PSPV-PSOE para renunciar a su cargo el próximo 9 de abril. El acuerdo incluye el intento de negociar con el resto de fuerzas de izquierda la investidura de la número dos de Echávarri, Eva Montesinos. Se han iniciado contactos con Compromís, Guanyar Alacant (Podemos) y Ciudadanos, pero todavía sin los 15 votos necesarios para articular una mayoría.

La renuncia de Echávarri, si se produce tal como se ha comprometido, pondrá la guinda a una legislatura alicantina marcada por la inestabilidad y los desencuentros constantes entre las fuerzas de izquierda, empeñadas en tirar por la borda la oportunidad que les dio el electorado en 2015 tras dos décadas de gobiernos del PP con un final marcado por los escándalos de corrupción. Los sondeos ya apuntan a Ciudadanos como el partido que más votos recibiría en unos comicios locales en 2019.

Rivera, con el portavoz en Valencia, Fernando Giner, y la portavoz en las Cortes, Mari Carmen Sánchez.
Rivera, con el portavoz en Valencia, Fernando Giner, y la portavoz en las Cortes, Mari Carmen Sánchez.

El crecimiento del partido de Albert Rivera, empujado por la situación en Cataluña y la debilidad del PP de Mariano Rajoy, es generalizado en las grandes ciudades y podría ser suficiente como para volcar las mayorías en favor del centro-derecha si lleva aparejado robo de votantes socialistas. En la Comunidad Valenciana, los estudios demoscópicos apuntan a un crecimiento notable de la formación naranja. La situación podría ser frustrante para los populares de Isabel Bonig. Al cargar todavía sobre sus espaldas con un escenario judicial de causas pendientes de sus antecesores, el trabajo sucio de zapa y judicialización contra la gestión del Consell del Botánico que ha encargado a su número dos, Eva Ortiz, podría tener como beneficiario a Ciudadanos como receptor de votantes de centro desencantados con PP y PSOE. Aun así, los populares sueñan con un regreso al poder, aunque sea a expensas de un socio como Ciudadanos.

Alicante es el ejemplo de cómo las fuerzas de izquierda tiran por la borda la oportunidad del cambio que el electorado les dio en 2015

Este es el escenario que temen en el Palau de la plaza de Manises, donde Ximo Puig y su equipo se debatían hasta hace muy pocos días sobre la conveniencia o no de adelantar las elecciones autonómicas para sacarlas del 'superdomingo' del 26 de mayo, donde coincidirán con municipales y europeas. Será un test de alcance nacional donde es muy probable que el pulso por la hegemonía del centro-derecha entre Rivera y Rajoy marque la campaña.

La política es un estado de ánimo

La política es un estado de ánimo y, en ese contexto, la estrategia de Puig y Oltra de vender un 'oasis' de normalidad institucional ajeno al debate nacional para adormecer al votante conservador tiene mal encaje. Es cierto que en la mente del 'president' socialista está el deseo de propiciar en algún momento la salida de la elección de las Cortes Valencianas y la Generalitat del calendario de las municipales para generar un debate político estrictamente valenciano. Así lo ha expresado en encuentros reservados con medios de comunicación en los que ha estado presente El Confidencial. Pero la aparición en escena de la polémica con la agencia Crespo Gomar, la situación de interinidad de la segunda capital de la Comunidad Valenciana y la ausencia de argumentos políticos potentes que justifiquen la convocatoria anticipada de elecciones emparedan al tándem Puig-Oltra.

Quizá su carta más probable sea el clásico 'wait and see', esperar y ver, y que sus opciones de conservar el poder pasen por que no aparezcan nuevos líos, que la llamada 'Gürtel de izquierdas' se desinfle por ausencia de recorrido judicial, se normalice la situación de Alicante y Cataluña recobre la estabilidad con un Gobierno autonómico que renuncie a la vía lateral de la independencia y lleve a corrales el artículo 155 de la Constitución. En caso contrario, crecen las probabilidades de que las fuerzas del Botánico tengan que acabar haciendo las maletas.

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