El 'alcalde del cambio' de Alicante irá a juicio por fraccionar contratos y eludir concursos

El Juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha concluido la instrucción del "Caso Comercio" por presuntas irregularidades en la contratatación en el Ayuntamiento de Alicante y propone juzgar al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por un delito de prevaricación. Se trata de primer procesamiento a uno de los llamados “alcaldes del cambio”, en este caso en la Comunidad Valenciana. Echávarri llegó al cargo en las elecciones municipales de 2015 en virtud de un acuerdo entre el PSOE, Compromís y Guanyar Alicante, la franquicia de Podemos. El tripartito, no obstante, ha sufrido crisis constantes desde su nacimiento con enfrentamientos políticos en el seno del equipo de gobierno. La formación nacionalista ha advertido a Echavárri, tras conocer el auto judicial, que abandonará el ejecutivo local si no renuncia su cargo, algo que, de momento, no ha ocurrido.

En un auto notificado este martes a las partes la instructora transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para juzgar al alcalde, que entonces era también concejal de Comercio y a dos asesores. La magistrada mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre “se concertaron para eludir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa al menos 14 contratos sirviéndose para ello del fraccionamiento de los mismos y adjudicándolos como contratos menores”. El importe total gastado de forma presuntamente irregular ascendió a 190.000 euros y se destinó a cubrir servicios relacionados con la llamada Gala de Comercio, una campaña de Navidas e imagen de los mercados municipales.

"El resultado materialmente injusto se ha producido al margen de que los contratos realizados se ejecutaran y de que el precio fuera ajustado a mercado. Se ha beneficiado a un profesional elegido por propia volundad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”, señala el auto. La jueza propone, igualmente, juzgar al jefe de gabinete del primer edil, Lalo Díez, y a otro asesor, Pedro de Gea, por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

Con su resolución, la jueza da trámite a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten el archivo o la apertura de juicio oral, en cuyo caso deberá presentar el escrito de acusación especificando los hechos que imputa a cada uno de los encausados, los delitos de los que les considera autores y las penas que solicita para ello.

La magistrada ha dictado también otra resolución en la que rechaza la petición de los dos asesores investigados para incorporar a la causa los expedientes de las Galas de Comercio de los años 2013 y 2014 porque “no son objeto de investigación en el presente procedimiento”. También desestima la solicitud para volver a llamar a declarar a dos testigos porque considera que las partes ya tuvieron “facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración en la sede de este juzgado”.