tras fracasar las subastas públicas

Bruselas ensaya con la Ciudad de la Luz la primera dación en pago por ayudas ilegales

Competencia acepta cerrar el expediente de ayudas públicas con una cesión de activos y pasivos de los estudios de cine de Alicante a la Generalitat, que no hará uso lucrativo de ellos en 15 años

Foto: Imagen de la web de la Ciudad de la Luz de Alicante.
Imagen de la web de la Ciudad de la Luz de Alicante.

El futuro de la Ciudad de la Luz de Alicante será un experimento pionero en los despachos de la quisquillosa Comisión de la Competencia de la Unión Europea. El departamento que dirige Margrethe Vestager ha aceptado dar carpetazo al expediente de ayudas ilegales del millonario complejo de estudios cinematográficos levantado con fondos públicos, aplicando un procedimiento que sobrepasa los tradicionales márgenes de actuación de los funcionarios comunitarios y se acerca más a las tradicionales daciones en pago que aplican los bancos para los créditos morosos.

Los platós de cine están cerrados desde 2012 después de que Competencia considerase contrarios a derecho 264 millones de euros recibidos por la sociedad pública Ciudad de la Luz SA para su construcción. El dinero procedía de préstamos concedidos de forma directa o indirecta por la Generalitat, promotora del complejo, única acreedora de la mercantil y, a la vez, accionista única a través de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Es la primera vez que Competencia acepta resolver un expediente de ayudas públicas con una cesión de activos y pasivos de la sociedad cuestionada

Para resolver el expediente, iniciado tras una denuncia de los estudios británicos Pinewood, Competencia forzó en primera instancia la subasta de aquellos activos lucrativos del complejo que pudieran distorsionar la competencia del sector. Se excluyeron oficinas, restauración y centro de estudios, y se pusieron en el mercado seis naves de platós, un foso de rodaje y edificios de producción, taller y almacén. Los dos intentos de subasta resultaron fallidos. El primero fue paralizado tras el cambio político de las autonómicas de mayo de 2015, por considerar el nuevo Govern de Ximo Puig y Mónica Oltra que el pliego elaborado por su antecesor, Alberto Fabra, permitía poner en manos de un tercero el complejo sin apenas recuperación económica para la Generalitat.

Ximo Puig explica el acuerdo con Bruselas para la Ciudad de la Luz. (EFE)
Ximo Puig explica el acuerdo con Bruselas para la Ciudad de la Luz. (EFE)

Tras una nueva negociación con Bruselas, se elaboró un nuevo pliego para, al menos, garantizar un precio mínimo de unos 94 millones de euros para un complejo cuyo coste total había ascendido a más de 360 millones. Ni siquiera así aparecieron ofertas que cumpliesen con las condiciones. Solamente pujó un grupo de empresarios locales conectados con productores americanos, Cine Space Ñ, que ofertó menos de 20 millones pero no presentó ni el aval exigido del 5% sobre el precio de salida, condición exigida en el pliego.

El riesgo de que la Administración valenciana se deshiciese de los activos del complejo sin apenas obtener un retorno de la inversión realizada ha sido uno de los caballos de batalla de la negociación con Bruselas, que no consideraba prioritaria la pérdida económica que podía suponer para el Estado, y tenía como objetivo principal terminar con la distorsión que la ayuda pública podía haber supuesto para el llamado mercado interior.

La alternativa para los nuevos gestores de la Ciudad de la Luz nombrados por el Govern de Puig era tratar a toda costa de que el activo no desapareciese del balance de la Generalitat, o al menos que el impacto patrimonial fuera mínimo. Así lo planteó el nuevo director general de la sociedad pública, Miguel Mazón, que apostaba por aplicar lo que en términos bancarios se conoce como dación en pago. Y así se trasladó a Bruselas. La fórmula acordada ha sido una cesión a la Generalitat de todos los activos y pasivos de la Ciudad de la Luz a su única acreedora y propietaria y su posterior liquidación como sociedad a cambio de exigir el compromiso de que en 15 años no podrán realizarse actividades económicas en el complejo.

El pacto incluye otros dos compromisos: 1) que la naturaleza de las actividades no económicas que se desarrollen en Ciudad de la Luz durante ese periodo sea supervisada por la Comisión, que pide un listado de los posibles usos, y 2) que transcurrido el periodo de 15 años, y si la Generalitat quiere hacer uso económico de esas instalaciones, deberá venderlas o alquilarlas en un proceso de libre competencia.

La Unidad de Recuperaciones de la UE ha aceptado así una suerte de retorno de ayudas públicas nada habitual en sus procedimientos estándar y bastante pionero. Así al menos se lo han trasladado a los responsables del Ejecutivo valenciano, según han señalado a El Confidencial fuentes conocedoras de los términos del acuerdo. Competencia suele tener dos formas de resolver los expedientes de ayudas públicas ilegales, mediante subasta de los bienes afectados o a través de sanciones. En el caso de la Ciudad de la Luz, lo que se ha hecho es tratar de retrotraer la situación a la fase previa a la concesión de esas ayudas y limitar el uso lucrativo de los activos en cuestión.

"Hace dos años, Ciudad de La Luz estaba destinada a desaparecer y tirar a la basura casi 400 millones de euros", dice Ximo Puig

"Hace dos años, Ciudad de La Luz estaba destinada a desaparecer y tirar a la basura casi 400 millones de euros. Afortunadamente, con las limitaciones que nos ponen, ese patrimonio ha sido recuperado. Esto es un buen ejemplo de lo que esta haciendo el Gobierno de la Generalitat, reparar injusticias, reconstruir la economía y finalmente propiciar el enriquecimiento de la comunidad", ha señalado Ximo Puig tras la reunión este jueves del consejo de administración de la mercantil pública en Alicante.

La Generalitat considera un éxito el resultado del acuerdo con el equipo de Margrethe Vestager y buscará ahora dotar de contenidos al recinto, dentro de los límites impuestos por la UE. Siguen abiertas las negociaciones para fijar los requisitos de uso de las instalaciones y el Ejecutivo valenciano prevé elaborar un plan de actividades. Habrá que ver si cabe en ellas que los platós puedan servir para la nueva televisión pública autonómica o como lugares para la formación a través de acuerdos con universidades, como se contemplaba hasta ahora.

En realidad, la Comisión de la Competencia tenía pocas opciones distintas. La Generalitat, como única acreedora y accionistas, tenía en sus manos instar el concurso de la Ciudad de la Luz y forzar una liquidación judicial cuyo resultado habría sido, muy probablemente, el de haberse adjudicado todos los bienes. Podría haberlo hecho tanto como acreedora única por acuerdo en el juzgado como aplicando un derecho de tanteo en subasta judicial. Este extremo era conocido por los técnicos comunitarios, que han preferido usar la Ciudad de la Luz como tubo de ensayo con una recuperación en especie y con condiciones antes que dejar que los estudios pudieran funcionar en el mercado audiovisual. Cosas de los adalides de la libre competencia y la intervención del Estado.

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