Bruselas obliga a Puig a vender los estudios de cine de Ciudad de la Luz al mejor postor

Repasar las cifras de la Ciudad de la Luz de Alicante es un ejercicio mareante. Sólo la garita de seguridad de la entrada costó algo más de un millón de euros. El complejo cinematográfico impulsado por Eduardo Zaplana durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana tiene un edificio de oficinas de 14,5 millones de euros que ni siquiera se ha estrenado.

Sociedad 100 % pública adscrita al holding de Grandes Proyectos de la Generalitat, por los estudios de Alicante han pasado más de sesenta producciones en sus poco más de diez años de funcionamiento, la mayor parte de ellas respaldadas con fondos de la Administración autonómica. Las piscinas del recinto alicantino fueron elegidas por Juan José Bayona para rodar la espectacular escena en la que la gigantesca ola del tsunami del Índico de 2004 azota el hotel tailandés en el que María (Naomi Watts) y su familia pasan las vacaciones.

Concebido como la nueva Cifesa del siglo XXI, el recinto ubicado en el paraje alicantino de Aguamarga nació con todos los parabienes de un proyecto surgido de un capricho político en el que no se reparó en recursos públicos. Tantos y tan diversos que no tardaron en llegar a la Unión Europea las denuncias de estudios rivales por considerar que la actividad subvencionada de la Ciudad de la Luz estaba vulnerando las normas básica de la competencia.

El verano del año pasado una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sentenciaba que Ciudad de la Liz debía devolver a la Generalitat 265 millones de euros en concepto de esas ayudas. En su defecto, la Comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, impuso que el complejo saliera a subasta pública para recalar en manos privadas y competir en igualdad de condiciones con el resto del sector en Europa.

Con esa intención, el anterior Gobierno de Alberto Fabra organizó un proceso de subasta que en una primera fase valoró los distintos lotes en venta del recinto en algo más de 94 millones de euros. Durante ese procedimiento aparecieron intermediarios que decían representar a importantes multinacionales y personajes del universo del cine (uno de ellos incluso aseguraba hablar en nombre de Francis Ford Coppola, algo que el director de El Padrino tuvo que negar). Sin embargo, nadie acudió a la primera subasta.

El pliego montado por el Ejecutivo de Fabra obligaba a poner en marcha un segunda ronda, esta vez con un mínimo económico mucho menor, lo que en la práctica podría haber derivado en que con apenas seis o siete millones de euros un ofertante se hubiera quedado con unos estudios cuyos activos están valorados en libros en más de 130 millones de euros, con una instalaciones que ocupan más de 300.000 metros cuadrados y con unos equipos profesionales de alta calidad, aunque cada vez mas deteriorados por el tiempo y la falta de uso y mantenimiento.

Ante esa perspectiva, el nuevo Consell de Ximo Puig decidió paralizar el procedimiento y abrir una negociación con Bruselas. Su plan inicial pasaba por revertir el proceso subasta y convencer a Vestager para que la Generalitat se adjudicase la sociedad Ciudad de la Luz en pago de la deuda de 265 millones derivada de la sentencia europea. Pero la alternativa ha sido rechazada por Competencia, que insiste en la subasta. Esta mediodía, Puig ha mantenido un encuentro con la comisaria europea en Bruselas para convencerla, al menos, de elaborar un nuevo pliego de condiciones de subasta menos lesivo para los intereses públicos.

Fuentes de la Generalitat indicaron que, como mal menor, el presidente valenciano ha logrado arrancar a Bruselas el permiso para reiniciar el proceso de venta. “Se va a elaborar un nuevo pliego que cumpla con la legislación europea con condiciones que mejoren la subasta, con el menor coste posible para los ciudadanos y con el mejor aprovechamiento de estas instalaciones”, señaló Puig. “Hemos perdido mucho dinero de todos los valencianos en este proyecto y ahora tenemos que salir de este embrollo enorme en el que nos metió el anterior gobierno que no supo defender los intereses de los ciudadanos”, insistió.

La Comisión Europea no ha sido flexible en los plazos y mantiene el 31 de diciembre de este año como fecha límite para completar el proceso de subasta. La Generalitat confía en que sus técnicos puedan tener listo en breve el nuevo pliego de condiciones, que no podrá ni restringir el uso de las instalaciones, ni tampoco el perfil de los aspirantes, según fuentes del departamento de Ximo Puig.