La situación judicial de Borràs lastra las opciones de JxCat de alcanzar la Generalitat

A la candidata de JxCAT en las elecciones del 14-F, Laura Borràs, se le ponen las cosas cada vez más difíciles para poder ser la primera presidenta de Cataluña. Para ello, depende básicamente de ERC: es el único partido con cuyos votos puede llegar a una mayoría suficiente para la investidura. Sin embargo, Borràs, en estos momentos, es investigada por el Tribunal Supremo por estar acusada de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil.

En función de los resultados electorales, incluso es posible que JxCAT y ERC necesiten los votos de la CUP para formar Gobierno. En esa tesitura, si JxCAT es la fuerza más votada y Borràs es, a la postre, condenada, republicanos y cuperos tendrán la responsabilidad de cargar sobre sus espaldas la investidura de la primera presidenta de Cataluña, pero también la investidura de una política presuntamente corrupta.

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Por eso, las circunstancias de Borràs no son las óptimas como para que sus posibles socios la apoyen si llega a ser la candidata independentista más votada. El líder de ERC, Oriol Junqueras, pone reparos al apoyo de Borràs por sus cuentas pendientes con la corrupción, pero, por el contrario, Carles Puigdemont dice que no investirá a Pere Aragonès (candidato republicano) si ERC sigue dando apoyo al Gobierno central.

La CUP también es reticente a apoyar a Borràs como presidenta por la naturaleza de sus presuntos delitos, aunque un sector estaría dispuesto a votarla para preservar un frente soberanista en la Generalitat. Pero, hoy por hoy, Borràs no lo tiene nada claro, puesto que todo parece indicar que ERC puede intentar otras alianzas, como formar Gobierno con los comunes con el apoyo del PSC desde fuera.

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En esa coyuntura, la batalla entre JxCAT y ERC es feroz. Borràs rizó el rizo al asegurar que Junqueras está en prisión como consecuencia de cumplir una condena por "corrupción". De esta manera, intentaba equiparar el caso del líder de ERC con el suyo propio.

La fugada Marta Rovira le contestó desde Suiza: “Laura Borràs: ¡queremos una rectificación! El Vicepresidente Junqueras cumple una condena política a 13 años de prisión por el referéndum del 1-O, igual que Jordi Turull o Quim Forn [compañeros de partido de Borràs]. No es responsabilidad nuestra que te encuentres con estas preguntas. Nosotros no tenemos nada que ver y el 1-O, tampoco”. La de JxCat matizó luego sus palabras y aseguró que nunca quiso atacar a Junqueras.

Pero Borràs volvió a insistir en sus razones: está investigada por estar al frente de JxCAT. No explica, sin embargo, que, antes de estar al frente de la candidatura de JxCAT, ya estaba siendo investigada. Ante ello, Aragonès fue quien se pronunció: si la justicia confirma los extremos que han salido a la luz, evidentemente, Borràs tiene sobre sus espaldas un caso de corrupción.

“Si les llegan los votos, pactarán”

En fuentes independentistas, la lectura que se hace del enfrentamiento entre JxCAT y ERC hay que entenderlo en clave electoral. “Lo cierto es que Esquerra se siente cómoda en un frente soberanista y Laura Borràs tiene poca gente que la quiera: la única salida que tiene es la confluencia con otras fuerzas independentistas y eso pasa, necesariamente, por ERC”, explica a este diario una fuente soberanista. Desde la oposición, se advierte de que el enfrentamiento es solo de cara a la galería. “Eso es teatro. Si les llegan los votos, pactarán”, afirma a El Confidencial un diputado constitucionalista.

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Lo de Laura Borràs no es un tópico: su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), un organismo de la Generalitat, ha dejado un reguero de dudas y de supuesta mala praxis.

En su exposición razonada para pedir el suplicatorio, el Tribunal Supremo advierte que hay conversaciones de Borràs con su amigo, Isaías Herrero, que demuestran que se trocearon contratos para adjudicárselos a dedo a este último, cuando en realidad eran servicios que normalmente efectúa el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), el organismo de la Generalitat encargado de las cuestiones infromáticas.

Señala el Alto Tribunal que se saltó la ley de manera clara. En sus conclusiones, destaca que “se confirmó el 'modus operandi' seguido en el periodo 2014-217 consistente en dividir la contratación del servicio en contratos menores de menos de 18.000 euros para evitar la realización de concursos, adjudicar cada contrato menor a una empresa o persona distinta y presentar presupuestos diferentes para cada contrato a fin de dar una apariencia de seriedad a la adjudicación”.

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En siete conversaciones telefónicas grabadas por los Mossos d’Esquadra, Laura Borràs no solo sabe que está actuando incorrectamente. También existen correos electrónicos que la incriminan (uno de ellos explica cómo falsifican facturas de terceros para que el ILC pague miles de euros que irán a las cuentas de Herrero). Se encontraron irregularidades en 16 contratos, de los que el Supremo hace un pormenorizado relato. Además, en ocasiones, para cubrir el expediente, se simulaba que también concurría un colectivo en las licitaciones del que Laura Borràs era la directora y que ella había creado, “lo que ponía en evidencia un conflicto de intereses incuestionable, ya que la señora Borràs era la responsable de la contratación”.

Herrero facturaba a su amiga a través de tres empresas que controlaba. Siguiendo el rastro del dinero, se comprobó que los pagos realizados por la Generalitat acababan finalmente en la cuenta corriente del amigo de Borràs. Cuando se registró su casa, en noviembre de 2017, “tenía pendiente el cobro de servicios e iba a realizar nuevas facturas para intentar su cobro”.

En otras ocasiones, se presentaban presupuestos falsos como si particulares o empresas licitasen para llevarse los trabajos, lo que era todo un monumental montaje. Por si fuera poco, no son solo las pruebas materiales del 'modus operandi': los cargos del ILC coincidieron en confirmar todos los extremos de la investigación y señalaron a Laura Borràs como la responsable de ello. De esa manera, contrato a contrato, Laura Borràs metió en el bolsillo de su amigo 259.863 euros. Ya se lo decía Herrero a un amigo por teléfono: “Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre”.

Un interés malsano

El Supremo lo tiene claro: “Abusando de sus funciones como directora del ILC, y contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad (…) adjudicó directa o indirectamente, de manera arbitraria todos los contratos de programación informática relativos a la página web de dicha institución a Isaías Herrero”. La líder de JxCAT, además, “era conocedora de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual y para encubrir una relación contractual plurianual y recurrente entre el ILC e Isaías Herrero fraccionó de manera ilegal durante varios años y varios contratos inferiores a 18.000 euros [cada uno] la contratación de servicios…”.

Recoge también el texto del Supremo que Borràs y su amigo “actuaron de común acuerdo para defraudar a dicha institución mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y mediante la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes”. De hecho, muchos de los contratos hacían referencia a trabajos inexistentes, por lo que los investigadores concluyen que su fin último era “un ilícito acto de enriquecimiento a favor de Herrero y en detrimento del patrimonio público”.

Borràs arguye en su defensa que el juzgado quitó el caso a los Mossos d’Esquadra, lo que, a su juicio, evidencia una motivación política. Pero nada más lejos de la realidad. Ese cambio de investigadores se decidió porque, cuando todo el asunto salió a la luz, Borràs, que entonces era consejera de Cultura, consultó inmediatamente con su colega, el consejero de Interior, Miquel Buch, para interesarse sobre qué habían descubierto. Era un escándalo sin precedentes, pero que evidenciaba un interés malsano en la investigación. En una mañana, la propia Borràs dio tres versiones diferentes de ese interés y de su injerencia. Para preservar la imparcialidad de las investigaciones y evitar una posible injerencia de los cargos políticos en las pesquisas, la jueza optó por cortar por lo sano. Lo que Borràs ve como un asunto de rechazo a los catalanes fue, en realidad, una praxis obligada para no contaminar políticamente el sumario.

Así, la acusación de persecución del Estado que lanza Borràs pierde todo su sentido. Y parece que la vieja táctica de envolver los delitos con la bandera catalana que tan buenos resultados le dio a Jordi Pujol, por ejemplo, no va a funcionar tan bien en esta ocasión. Ya se lo dijeron tanto ERC como la CUP: “Resuelva usted sus problemas con la justicia y luego hablaremos. Pero no hable de persecución política”.