Las causas del polvorín penitenciario catalán que amenaza con extenderse a toda España

El asesinato de la cocinera Núria L., de 46 años, a manos del recluso Iulian S. O. en la prisión tarraconense de Mas d’Enric el 14 de marzo, ha incendiado las prisiones catalanas. Desde aquel día, los funcionarios de todas las cárceles regionales han estado realizando protestas en las entradas de distintas instalaciones de tal manera que la vida cotidiana dentro de los centros de reclusión se ha visto afectada de manera importante y los presos han debido estar confinados en sus celdas. Pero ahora la guerra de las prisiones amenaza con saltar a España.

"Lógicamente, hemos hablado con compañeros de CCOO de otras zonas de España y la problemática es muy parecida, aunque con matizaciones a nivel de tipo de política aplicada y de escala", explica a El Confidencial Fernando Carrera, portavoz de Prisiones de Comisiones Obreras de Cataluña. "Pero el principal problema son las agresiones de los internos. En Cataluña, los compañeros del resto de España han visto esta crónica de una muerte anunciada", y añade: "Yo mismo le dije al secretario de Medidas penales de la Generalitat, Armand Calderó, que ante el aumento de las agresiones iba a pasar una desgracia y que solo sería el responsable. Al final, se cumplió ese pronóstico".

Francesc López, portavoz de Acaip, alerta a este diario de que llevan "seis años de un aumento enorme de las agresiones mientras nosotros pedimos en vano mayores recursos y medios, un incremento de las plantillas y más formación. Están saliendo interinos de 20 a 22 años a trabajar en las cárceles con solo un cursillo de dos semanas de preparación. Así trabaja la Generalitat de Cataluña. Están locos".

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El dirigente sindical subraya que "ERC es la responsable política de la primera muerte de un trabajador de prisiones. En estos momentos, todos los funcionarios de este sector de España miran a Esquerra y a Cataluña. Son conscientes de que mañana pueden ser ellos. Cruzar esta línea es terrorífico. La de Núria era una muerte anunciada y Marlaska [Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, que tiene bajo su responsabilidad el área de Prisiones] tendría que tomar nota". Precisamente, el ministro del Interior reconoció este lunes, en su comparecencia en el Senado, el interés en que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad

Números terroríficos

Los números son terroríficos. Que las prisiones de Cataluña eran una olla a presión se sabía. Solo hacía falta una chispa que desencadenase el infierno, que llegó con la muerte de la cocinera en Mas d’Enric. El polvorín está compuesto de más de 8.600 reclusos distribuidos en 14 cárceles catalanas, para los que hay unos 4.500 funcionarios, aunque muchos de ellos no dan servicio directamente en las prisiones, sino que trabajan en oficinas y engrasando toda la maquinaria para que la administración penitenciaria marche bien. La población flotante de internos, no obstante, oscila entre 10.000 y 11.000 presos que pasan por las instituciones, de los que muchos están pocos días.

Tal cantidad de reclusos provocó que en 2023 hubiese un récord de agresiones a funcionarios. Las cifras sindicales ponen los pelos de punta: según el CSIF, el año pasado hubo 582 trabajadores penitenciarios agredidos. Y las agresiones sexuales se triplicaron respecto a 2022, ya que pasaron de 6 a 17. Los casos de incidentes y agresiones graves se incrementaron un 54,4%, hasta llegar a 86, con 105 funcionarios agredidos. Según CCOO, hubo más de 860 agresiones o incidentes. "Nosotros contabilizamos los incidentes, puesto que un funcionario puede ser agredido en más de una ocasión", explican desde CCOO.

Apenas una semana antes del asesinato de la cocinera de Tarragona, el CSIF denunció la "salvaje agresión de un interno violento, peligroso y multirreincidente" en la cárcel de Quatre Camins: hubo cuatro funcionarios agredidos y el jefe de la unidad especializada tuvo que ser evacuado en ambulancia. Según el sindicato, la orden directa del secretario de Medidas Penales y Atención a la Víctima era tratar con benevolencia al interno. Pero las víctimas reales, como en muchas ocasiones, eran los propios funcionarios.

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Según el portavoz de Acaip, en esa cárcel ha llegado a haber amenazas a los interinos de no renovar sus contratos si no se obedecían ciegamente las órdenes llegadas de las instancias políticas. "Es deleznable", subraya el sindicalista: "El director salió a hablar con los funcionarios, pero en cuanto abrió la boca, todos se volvieron de espaldas. Así está la situación".

"Ha de haber ceses o dimisiones"

"Lo que hemos detectado es que las agresiones son cada vez más violentas, mientras que los medios de los que disponemos son cada vez más menguantes", explica Núria Nasarre, responsable de Prisiones de la UGT catalana. Para este lunes, había convocada una reunión con la Generalitat para tratar de reconducir la situación, pero ningún sindicato se presentó. "No asistimos porque hasta que no haya alguna dimisión encima de la mesa, no pensamos negociar nada. Estamos de acuerdo en que la consellera entró en funciones esta semana, pero el secretario de Asuntos Penales [Calderó], como mínimo, ha de ser cesado inmediatamente. Si no hay cese o dimisión, no nos sentaremos", explica a El Confidencial Nasarre.

Para el CSIF, la consellera entra en la ecuación política: "La consellera Gemma Ubasart no es una interlocutora válida para resolver el problema que ella ha contribuido a generar. No nos corresponde poner o quitar consejeras porque sí, pero este caso clama al cielo. No es el hecho puntual de un día y, en cualquier país democrático, el máximo responsable del departamento dimitiría. Por eso, reiteramos la petición de la consejera Ubasart y del secretario Armand Calderó".

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Francesc López es de la misma opinión: cree que ha de caer la cúpula de la conselleria. Acaip pone tres condiciones para empezar a solucionar el conflicto penitenciario. La primera es la dimisión de los responsables políticos del departamento, es decir, de Gemma Ubasart y Armand Calderó; la segunda, el nombramiento de "interlocutores válidos". De hecho, el Govern les ofreció negociar con su vicepresidenta, Laura Vilagrà, y con el secretario general. Fue una oferta realizada este domingo, pero como no hay dimisiones o ceses encima de la mesa no se tiene en cuenta. La tercera condición es la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en el sentido de reconocer a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad y que tengan principio de veracidad y de indemnidad. En realidad, el PSOE había promovido en la anterior legislatura la reforma en ese sentido y llegó a estar en fase de enmiendas, pero Pedro Sánchez adelantó las elecciones y la propuesta decayó.

La pólvora en las prisiones la puso el Govern de la Generalitat. "Había un buen sistema, pero la política aplicada por Armand Calderó desde 2016 lo pervirtió", explica Fernando Carrera. La primera cuestión que hizo mella en el sistema penitenciario fue la falta de personal y de medios materiales.

Suben un 285% las agresiones

"Nuestra conselleria siempre fue la última en llegar al reparto de presupuestos", afirma Carrera. Además, puntualiza que hubo una "relajación alarmante" de los criterios: "En el caso de Mas d’Enric, por ejemplo, el recluso protagonista ya había tenido un incidente grave el pasado mes de diciembre. En otra época, se le hubiese relevado y hubiese perdido su destino, pero, sorpresivamente, a este se le volvió a enviar al mismo sitio", señala. Bajo su experiencia, este tipo de interno "siempre da señales de que algo puede pasar y uno ha de estar alerta siempre. Por eso, lo que pedimos es rigor. Y rigor no quiere decir palos, sino seriedad”.

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Los sindicatos culpan de todo a Armand Calderó. CSIF contribuye a esta leyenda negra con cifras: desde 2016, cuando llegó el secretario de Medidas Penales, las agresiones se incrementaron en 431 anuales, lo que representa un aumento del 285%. "Este dato constata que los cambios aplicados por los servicios penitenciarios desde entonces no están funcionando, pero la Administración no toma cartas en el asunto, no analiza los motivos", alerta el sindicato.

Esta central subraya que los funcionarios de prisiones son "un colectivo muy agredido, tanto física como psicológica e institucionalmente. Por ley, es deber de las administraciones proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con su trabajo, mediante la integración de la actividad preventiva y la adopción de cuantas medidas sean necesarias. Pero la administración penitenciaria catalana no toma las medidas necesarias para preservar la vida de sus trabajadores. Nunca sabes si vas a llegar entero a tu casa".