Las agresiones a funcionarios de prisiones catalanas se multiplican un 150% en un año

Cinco funcionarios de la cárcel de Brians 1, en Barcelona, fueron enviados a la enfermería esta semana tras ser agredidos por una reclusa de 19 años. El episodio es ya de por sí alarmante, pero además alimenta una sospecha de CSIF sobre el posible origen de estas conductas. El sindicato denuncia que en las 72 horas anteriores, la joven había recibido tres visitas importantes. Una de representantes de Sirecovi, un organismo gestionado por el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), que depende de la Universidad de Barcelona y dirige el controvertido Iñaki Rivera, detractor del sistema penitenciario catalán y que, según CSIF, "no duda en definir a los funcionarios de prisiones como torturadores". También se desplazó la abogada y militante de la CUP Montserrat Vinyet y, por último, el 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, antes de pasar el testigo —tras 17 años en el cargo— a Esther Giménez-Salinas.

Para el sindicato, estas visitas no parecen una simple coincidencia. Tanto es así, que el pasado lunes dirigieron un escrito a la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, donde solicitan conocer qué reclusos con antecedentes de agresión fueron atendidos por el OSPDH y por Sirecovi. También saber cuántos reclusos que no habían protagonizado episodios de violencia sí los tuvieron tras las visitas de representantes de esos organismos. Fuentes del Observatorio reconocen a El Confidencial que la interna fue visitada "en una ocasión por dos integrantes del equipo Sirecovi" y que de ese encuentro apenas tienen información. "Tan solo sabemos que nos refirió en el marco de la entrevista haber sido objeto de malas prácticas por parte de algún/a trabajador/a penitenciario/a. Así, como siempre hacemos, por nuestra parte hablamos de presuntas malas prácticas".

Las fuentes declinan realizar un diagnóstico sobre la conflictividad de la reclusa, aduciendo que "no disponemos de suficiente información para realizar ningún tipo de valoración al respecto, aunque no nos corresponde a nosotros realizar dicho tipo de valoraciones".

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Aun así, desde los sindicatos coinciden en señalar como sospechosa la actuación de algunas de las plataformas que supuestamente defienden derechos humanos y apuntan hacia Iñaki Rivera. Este directivo tuvo vetada la entrada en las prisiones catalanas durante el tripartito, cuando era consejera de Justicia la socialista Montserrat Tura. "Ahora, queremos saber si hay estrechas relaciones entre determinadas visitas y el aumento de agresiones hacia funcionarios o si se incentivan las denuncias, en ocasiones falsas, de reclusos hacia funcionarios", explica a este diario Alberto Gómez, responsable de Prisiones de CSIF.

Las agresiones se multiplican

Gómez denuncia que, solo en el primer cuatrimestre de 2022, las agresiones en Cataluña se dispararon un 150% respecto al mismo periodo de 2021, "que ya de por sí fue fatídico". "Tristemente, ya estamos acostumbrados a esto", añade. La prueba del algodón son los propios números de la Consejería de Justicia: en el periodo indicado, hubo 112 agresiones leves a funcionarios frente a las 212 de todo 2021 o a las 91 de 2016, por ejemplo. En cuanto a agresiones graves, el año pasado hubo 47 (en 2020, solo se llegó a 28) y en los cuatro primeros meses de 2022 fueron 13. Según los datos recopilados por CSIF, los ataques graves en este primer cuatrimestre han sido 17 (21 funcionarios afectados), con 117 casos leves (172 funcionarios afectados) y 110 tentativas (249 funcionarios afectados). En 2021, las graves fueron nueve en el mismo espacio de tiempo, con 66 incidentes leves (92 funcionarios afectados) y 92 tentativas (109 funcionarios afectados).

Los episodios violentos se multiplican. Hace varios meses, otro recluso peligroso que era trasladado de celda (a otra con mejores condiciones) agredió a los funcionarios. La situación fue tal que, a pesar de llevar guantes de protección, el interno mordió a uno de los trabajadores y le amputó parte de la falange del pulgar. "Esta agresión es consecuencia directa de las circulares de la consejería sobre la contención de internos agresivos, que han dejado al personal penitenciario sin herramientas para gestionar las conductas más inadaptadas y violentas", denuncia el sindicato Acaip, mayoritario en el sector.

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El escenario actual es preocupante. "En estos momentos, estamos en cifras alarmantes en cuanto a agresiones a funcionarios. No se detienen. El comportamiento de los internos es cada día peor. Esto se debe, en gran parte, a que la Administración no pone freno a las situaciones violentas. En este aumento de agresiones tiene mucho que ver la actitud de buenismo de la Administración, el entregar prebendas a los internos violentos y no poner en marcha mecanismos para evitar el incentivo de comportamientos violentos", explica a El Confidencial Francesc López, coordinador de Acaip.

Carga también contra los representantes de determinados grupos, como el Observatorio citado, que "visitan a los presos más peligrosos e inadaptados". Para López, "los internos muy violentos son alrededor de un 3% del total, pero ese pequeño porcentaje puede machacar al 97% restante y a los funcionarios".

Propuestas a la Administración

Acaip ya ha dirigido dos escritos en los últimos meses a la consejera de Justicia. En esos escritos se solicita el replanteamiento de algunas cuestiones. Por ejemplo, la desaparición de los actuales Departaments Especials de Règimen Tancat (DERT), que existen en cada prisión para tratar a los reclusos más violentos. "Sabemos que no es fácil, pero en los DERT se encuentran los presos de primer grado. Lo que proponemos es que se construya un nuevo centro exclusivamente para internos de primeros grados y todos los que están en los DERT pasen ahí. El equipo de la prisión, desde la vigilancia hasta el de tratamiento, estaría especializado en este tipo de reclusos y se dedicaría solo a resolver los problemas de gestión de estrés o de control de impulsos de este tipo de reclusos", indica el sindicalista.

En un escrito fechado el viernes 1 de junio, Acaip señala: "Seguimos sin herramientas para contener y corregir la deriva violenta de los internos. El resultado es devastador: el 22 de mayo, cinco compañeros del DERT de Brians 2 fueron brutalmente agredidos, el lunes día 30 se provocaron cinco incendios en el DERT de jóvenes y ayer día 31 agredieron a una auxiliar en el centro penitenciario de Quatre Camins. Por todo, le reitero la solicitud de aplicar las medidas anteriormente expuestas: más dotación de personal, más formación específica, aplicación del régimen disciplinario del reglamento penitenciario con toda su contundencia y el diseño y construcción de un centro exclusivo de primeros grados".

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Poco antes, comunicaba que "en los últimos quince días, siete trabajadores han sido salvajemente agredidos" y criticaba la poca capacidad de los centros para atender a las necesidades de la población reclusa. La falta de espacios adecuados para cumplir sanciones, además de las directrices adoptadas por la Administración catalana, "ha inducido a los internos a avanzar en la escalada de agresividad (…) Todo ello favorece, cuando no incentiva, un comportamiento inadaptado, incluso criminal. Acaip siempre ha defendido el modelo catalán de gestión, pero no sin medios ni herramientas".

Este sindicato reclama un cambio en la notificación de las agresiones. "Hasta ahora, se notifican las agresiones sin calificar, pero queremos que cuando se denuncien judicialmente vayan acompañadas de una calificación jurídica. En el Código Penal hay artículos a los que acogerse dependiendo del tipo de agresión. Y que no solo se les aplique una sanción económica que jamás se llega a satisfacer porque se declaran insolventes. El interno tiene la sensación de que agredir a un funcionario le sale gratis. Pero si se le condena a más cárcel y no solo a multa, se lo pensaría dos veces".

Los sindicatos confían en que el próximo otoño se modifique el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad. Paralelamente, se introduciría el principio de veracidad en los informes, se darían más garantías de protección en los juzgados (como el hecho de poder declarar a través de mampara) y se introduciría el principio de indemnidad al personal de los centros, por el que si un recluso es condenado a pagar una multa por agresión y se declara insolvente, sea la Administración la que deba pagar, como se hace con los policías.