Sin personal en la cárcel de Logroño: el Gobierno reconoce el déficit que denuncian los sindicatos

La cárcel de Logroño es "segura", pero falta personal. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arranz, asumió así parte de las críticas que desde hace años —y, especialmente, en los últimos meses— han lanzado tanto sindicatos como funcionarios de la prisión en la capital. Sin ir más lejos, UGT alertaba este martes de que, en octubre y tras el próximo concurso de traslados, el centro penitenciario "tendrá un déficit de 51 empleados en su plantilla". En dos meses, muchos funcionarios de carrera obtendrán una plaza definitiva y optarán a otros destinos. Si ya había plazas vacantes en mayo, cuando se anunciaron 35 puestos sin cubrir, ahora el problema puede ser aún mayor.

"En los últimos años, hubo una congelación de las ofertas públicas de empleo" que "se ha arrastrado" en el tiempo, reconoció Arranz hace unos días al ser preguntada por la carencia de personal. Aunque admitía que era necesario engrosar la plantilla, no lo vinculó con una merma en la seguridad de sus trabajadores. Sin embargo, no son pocas las denuncias por agresiones a empleados que resuenan en la institución penitenciaria.

"Es la gota que colma el vaso", denunciaron en la protesta frente a la prisión

Una de las más recientes y reprochadas sucedió en mayo, cuando un jefe de servicio fue agredido por uno de los tres reclusos que, días antes, trataron de fugarse de la cárcel escondiendo varios butrones (agujeros) en los baños. Sufrió varias lesiones, entre ellas la rotura de un tendón en la mano, según denunciaron los sindicatos.

Aquel ataque reavivó la indignación entre muchos de sus compañeros, que se concentraron a las puertas de la institución. "Es la gota que colma el vaso", aseguraba entonces Jorge Cabezas. Es el responsable de Acaip-UGT, una de las agrupaciones que defiende a los empleados públicos penitenciarios y que convocaron la manifestación junto a CCOO, CSIF y APFP, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Los órganos sindicales llevan tiempo reivindicando que hace falta más personal para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Delegación del Gobierno cifró entonces en más de 350 reclusos los que albergaba La Rioja —287 internos en el centro y 65 fuera— para una dotación de 170 funcionarios, que no incluía a los seis que en mayo desarrollaban sus prácticas en la cárcel de Logroño. Las perspectivas no eran optimistas. "Estas agresiones no son las primeras ni van a ser las últimas", determinaron los sindicatos en mayo. Y era cierto.

Ni la primera, ni la última

En julio, tres funcionarios fueron asaltados por dos internos en un mismo día. Uno de los trabajadores acabó en urgencias, después de ser golpeado varias veces por el recluso al que acompañaba de vuelta a la cárcel tras un juicio. Los otros dos empleados sufrieron daños menos graves, con contusiones al tratar de cambiar de módulo a un preso que acababa de tener una pelea con otro prisionero.

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Hace dos años, a otra trabajadora le rompió los dientes una presidiaria que justamente había sido trasladada a Logroño tras agredir a varios funcionarios en otra prisión de mayor seguridad, la de Pamplona. Este caso fue muy criticado por los sindicatos, que vieron una "incongruencia" por parte de la Administración el desplazar a una interna "conflictiva" a un centro como el riojano. En 2022, CCOO llegó a pedir la dimisión del alcaide (el responsable de la cárcel) y también del subdirector de Seguridad después de que golpearan en el pecho a un trabajador.

Presos conflictivos

"Estas agresiones son consecuencia del perfil de internos que alberga el centro", condenaron todas estas entidades en un comunicado conjunto tras la agresión de mayo. Apuntaron a los presos derivados de otras instituciones penitenciarias del País Vasco o de Navarra como "los más conflictivos". En 2020 llegaron a concentrarse hasta una docena de internos etarras en la prisión de Logroño. Muchos de ellos, como Harriet Iragui Gurruchaga, Andoni Otegi Eraso, Asier Arzalluz Goñi o Dolores López Resina, no fueron trasladados a otras cárceles hasta el año pasado.

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Pero no son los únicos. Los sindicatos también señalaron un "aumento" de los internos psiquiátricos en el centro sin que haya módulos especializados o psiquiatras para tratarles. En resumidas cuentas, atribuyeron estas "situaciones de riesgo innecesario" a una falta de personal y medios que ya habían dado a conocer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias "sin que hayan dado una solución".

En ese sentido, la delegada del Gobierno salió al paso de las acusaciones de los sindicatos. "En la cárcel de Logroño está perfectamente garantizada la seguridad", concluía en sus declaraciones de este martes, quitando hierro a las sucesivas agresiones: la cárcel "no está masificada", decía instantes antes de reconocer que "probablemente" hiciera falta más personal.