El déficit de médicos en las cárceles se agudiza: menos de 200 sanitarios para 55.000 presos

En mayo de 2021, la doctora Josefa Morejón, una mujer con más de 30 años de experiencia y una sempiterna vocación por la medicina, cayó en depresión por el estrés y se vio forzada a dejar durante tres meses su empleo en la prisión de Huelva. Ella misma lo describe como una "hecatombe laboral": la precariedad la sobrepasó y solo podía llorar: "La sanidad penitenciaria está abandonada, no tenemos los recursos suficientes y estamos llegando al límite". La profesional, de 57 años, es una de los 148 médicos titulares que ejercen en cárceles españolas. Denuncia el abandono de la atención primaria: "Antes había un modelo efectivo, con módulos asignados y programas concretos. Ahora solo atendemos a pacientes vía urgencias y no conocemos su caso de primera mano. Tenemos que comernos muchos sapos".

En su centro, que acoge a 1.200 internos, entre los que se encuentran algunos de los delincuentes de mayor peligrosidad del país, solo hay dos titulares fijos, además de un contratado a través de una empresa privada: "Deberíamos ser una plantilla de ocho fijos más el subdirector, que es lo que contempla la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". Y añade: "Muchos se están jubilando y los de mi edad vamos camino de ello, cada vez hay más falta de personal, pero nadie se preocupa por resolverlo".

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La situación de Morejón no es un caso aislado. La sanidad penitenciaria lleva tiempo arrastrando numerosos problemas, como el déficit de doctores, los contratos temporales precarios, los interinos sin titulación y el estrés generalizado entre la plantilla sanitaria, que se ve desbordada. Actualmente, el 67% de las plazas de facultativos está sin cubrir, según datos oficiales. Solo hay 148 titulares, 40 interinos y tres en prácticas, es decir, menos de 200 médicos para 55.000 internos. Pedro Martínez, responsable de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), señala que el 69% de los médicos tiene más de 55 años y el 54% más de 60: "El próximo año nos jubilaremos 20 y si no se cubren esas plazas, la situación empeorará".

En algunos centros, como El Dueso, en Santander, la situación es crítica: de los cinco médicos actuales, cuatro están a punto de jubilarse y no hay proyecto de renovación. Martínez lleva 30 años en la cárcel de Ocaña II, en Toledo, donde solo hay dos médicos para 400 presos: "En verano el problema se agrava porque solo queda uno, y esto se repite siempre que hay vacaciones o un imprevisto. Hay turno de mañana, pero no de tarde, y hay días en que ni siquiera hay alguien de guardia". El portavoz de CESM denuncia un desmantelamiento progresivo de la sanidad en las cárceles: "La falta de médicos penitenciarios es un problema estatal, y las plazas no se cubren porque las condiciones laborales son pésimas".

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Este no es un problema nuevo, como recuerda Miguel Llanos, doctor de 60 años en la prisión de Dueñas, en Palencia, donde solo hay dos médicos y tres interinos con contratos temporales para atender a 800 presos: "El número de internos va variando porque entran y salen, hemos llegado a tener 1.700 y estamos sobrepasados". En Castilla y León la situación es especialmente grave: solo hay nueve titulares para ocho centros penitenciarios.

El Defensor del Pueblo ha denunciado de manera recurrente la carencia de médicos penitenciarios y ha exigido un incremento de las plantillas. Llanos añade que se está sustituyendo la atención primaria por las urgencias: "La única medicina que quedará es la de emergencias, donde la opción es llamar al 112, que tarda unos 40 minutos". El abandono de la atención primaria se va extendiendo a las cárceles españolas, como sucede en el centro de Picassent (Valencia), la prisión que acoge el mayor número de internos de toda España (2.000), que solo tiene servicio de urgencias.

Fuentes penitenciarias recalcan que la atención primaria a los presos está garantizada, pero admiten la existencia del problema y aseguran que están buscando todas las soluciones posibles. Una de ellas es convocar oposiciones: "Intentamos que no decaiga la oferta de empleo público, pero los concursos públicos para ocupar las plazas vacantes suelen quedar casi desiertos". Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, en 2018 se ofertaron 35 plazas y solo se cubrieron 11. En los dos años posteriores, hubo 40 vacantes y solo seis adjudicaciones. En 2021 y 2022, Interior sacó un total de 80 plazas, de las que solo se han cubierto 11 entre ambos cursos. El ministerio no especula sobre las causas y constata únicamente los datos, pero en CESM explican que, si las plazas no se cubren, es por la diferencia de condiciones: "Los sueldos fuera de prisiones son el doble, y para justificarse ante los juzgados y el defensor del pueblo, Interior saca una oposición con la intención de engañar sabiendo que no se van a cubrir".

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El doctor Miguel Llanos es tajante: "Toqué fondo en 2018 y solicité la excedencia, pero como a tantos otros compañeros, me lo negaron por necesidades del servicio". Como él, muchos médicos lo han solicitado sin éxito y han abandonado las cárceles en los últimos años porque prefieren trabajar en el servicio público de salud o en la privada, aunque con ello pierdan la condición de funcionario de carrera. La diferencia de salario llega a ser de más de 1.000 euros, y las condiciones mejoran sustancialmente. El presidente de CESM, Pedro Martínez, lo resume así: "Hay tres problemas principales: la privatización de la sanidad penitenciaria, los bajos salarios y el hecho de que no se cumpla la ley de 2003".

El problema de la integración y la privatización

En mayo de 2003, el Ministerio de Sanidad aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ordenaba que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud". Han pasado 19 años y solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido las competencias sobre la atención primaria de los presos. El resto de centros del país siguen integrados en el Ministerio del Interior. De hecho, en 2019, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, remitió una carta a los consejeros de Sanidad del resto de comunidades para iniciar las negociaciones.

Fuentes de Interior deslizan que ya hay algunas prisiones que han aceptado iniciar los contactos, pero no precisan cuáles. Pedro Martínez explica que, en 2020, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska rechazó su petición de equiparar los salarios a los de los profesionales del servicio nacional de salud: "La Audiencia Nacional nos dio la razón en una sentencia que dictó en mayo, admitiendo el incumplimiento de la ley". Pese a todo, no han logrado su objetivo porque la Justicia entiende que la responsabilidad de su situación no es de Interior, sino del Consejo de Ministros y de las comunidades autónomas. Los sanitarios que denunciaron no se conforman y ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo.

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La situación actual deja una estela de profesionales hastiados de lo que un día fue su vocación, como explica Alfredo Maiquez, exdoctor en la prisión de Alborote en Granada y prejubilado con 60 años hace dos meses: "El volumen de trabajo y de presión es tremendo, solo tenía un fin de semana libre al mes". Maiquez señala que convivía con la sensación de no controlar su labor y que pudiera pasar algo grave con la salud de alguien: "En los ochenta, el miedo era el VIH y las enfermedades infecciosas, pero ahora el principal problema es el incremento de las patologías psiquiátricas derivadas del abuso de sustancias". En las cárceles españolas, el 70% de los internos tiene antecedentes de toxicomanías y problemas mentales: "Son internos especiales y muy demandantes. La mayor parte tiene problemas psiquiátricos asociados al consumo de sustancias de las nuevas drogas como las anfetaminas, que crean mucha dependencia, y los médicos sufrimos presión para recetar los psicofármacos". Maiquez defiende que se debería hacer un curso preparatorio, porque trabajar en prisiones "es otro mundo" diferente al del sistema nacional. La diversidad cultural es uno de los factores que no se tienen en cuenta: "Hay una diversidad idiomática que a menudo favorece una brecha cultural por la falta de comunicación". Por otra parte, la salud mental, denuncian desde CESM, es la gran olvidada: "Es como si las prisiones fueran un gueto donde los pacientes están olvidados porque viven al margen de la sociedad".

"Hay centros que han hecho contratos con recursos ajenos a la Administración respondiendo a un criterio de necesidad"

Otra cuestión que preocupa a la comunidad sanitaria es la privatización. En los últimos años, cada vez se contratan más servicios de sanidad privada y profesionales autónomos para cubrir la falta de médicos penitenciarios. Según datos oficiales, desde 2021, cinco cárceles (Cuenca, A Lama, Teixeiro, Cáceres y Mallorca) han optado por los servicios privados. Entre las cinco, acogen a unos 3.300 presos y desembolsan 200.000 euros por los contratos.

Fuentes penitenciarias aseguran que no se está privatizando: "Simplemente, hay centros que han hecho contratos con recursos ajenos a la Administración respondiendo a un criterio de necesidad". Desde CESM, lamentan esta solución: "La externalización de servicios implica un gasto mucho mayor al Sistema Nacional de Salud, porque hay que costear los traslados en ambulancias o los coches de policía". Un día de ingreso hospitalario tiene un coste de algo más de 1.000 euros, además del precio de las pruebas diagnósticas que se financian con fondos de los presupuestos generales del Estado. "Los contratos menores con clínicas privadas se hacen para tapar agujeros por la falta de sanitarios, pero solo son un parche", concluye el médico de la cárcel de Ocaña II.

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Europa Press

La telemedicina: una polémica herramienta

En noviembre de 2021, Instituciones Penitenciarias puso en marcha un sistema de guardias telemáticas para suplir la falta de médicos. De este modo, los sanitarios que han terminado sus turnos en otras prisiones atienden telefónicamente las consultas que no pueden esperar. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos denuncia esta práctica por dos motivos que ven nocivos: la precariedad de los sanitarios y el trato ineficaz con los pacientes. Pedro Martínez lo explica así: "Los que ejercen la teleasistencia cobran poco más de 1.000 euros, pero igualmente lo aceptan porque también es una forma de aumentar su salario mensual". Y añade: "La telemedicina es un parche para disimular la incompetencia del ministerio para mantener la atención primaria y su ineptitud para garantizar sueldos dignos que permitan cubrir las plazas vacantes".

Fuentes penitenciarias insisten en que la telemedicina es una herramienta que no consideran una solución definitiva, sino una forma de intentar paliar el déficit de personal: "Las guardias telemáticas son un proyecto piloto que no ha concluido, intentamos buscar soluciones alternativas". Algunos médicos aceptan trabajar en telemedicina porque así compensan sus bajos salarios, y lo hacen a sabiendas de que favorece un sistema injusto. Un médico que trabaja en Valencia, y pide mantener el anonimato, explica que lo ha aceptado porque de este modo aumenta sus ingresos, pero reconoce que no es la solución: "Es muy duro tratar a un paciente que tiene ideas suicidas por teléfono. Uno se siente muy impotente. Los internos no están tratados como se debería, y los problemas de salud nunca deberían gestionarse con una llamada telefónica".