El polvorín carcelario catalán: más agresiones, más asaltos sexuales y hasta funcionarios a la intemperie

Las cárceles de Cataluña han vuelto a registrar un pico de violencia interna que ha puesto a los sindicatos en pie de guerra. La nueva cúpula de la consejería de Justicia, que encabeza la ex de Podemos Gemma Ubasart, no solo ha de gestionar el repunte de agresiones graves, también el descontento sindical, después de haber rechazado todas las medidas propuestas por los representantes de los trabajadores penitenciarios para rebajar la tensión en las prisiones.

Los números cantan. Según CSIF, en 2023 hubo 535 agresiones a funcionarios en las cárceles catalanas, de las que 97 fueron agresiones graves y 438, leves. En el año 2022, el total fue 515, pero las graves fueron solo 60, por lo que el salto cualitativo es inmenso. Eso significa un aumento de más del 61% en las consideradas como graves. Un comunicado de este sindicato del mes de diciembre desvelaba que a primeros de mes un total de 4 funcionarios "fueron brutalmente agredidos en los centros de Ponent y Quatre Camins".

Los dos de Ponent tuvieron que coger la baja tras la agresión de un joven, que intentó acabar con su vida cuando entraron en la celda donde se había atrincherado para reducirlo. "El interno en cuestión ya ha protagonizado varias agresiones a funcionarios en los centros de Brians 2, Jóvenes y Quatre Camins". En este último centro, otro recluso intentó apuñalar a otros dos funcionarios con un objeto cortante.

"En la actualidad, falta la autoridad que progresivamente se le ha ido quitando a los funcionarios. Falta personal y faltan medios para actuar. Queremos ser reconocidos como agentes de la autoridad. Pero, en vez de eso, la situación se ha ido degradando. Faltan decisiones valientes para volver a tener el control de las cárceles", explica a El Confidencial Alberto Gómez, coordinador de Prisiones de CSIF.

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El líder sindical explica que, en marzo pasado, los sindicatos firmaron un acuerdo con la Generalitat para poner en marcha un plan piloto con el objetivo de reducir los incidentes. Ese plan preveía dotar a los funcionarios de un aerosol, una medida prevista en el reglamento penitenciario. El programa debería estar aplicado antes del 30 de junio. Pero el 20 de diciembre, tras meses de retraso, la Generalitat dijo que no lo iba a aplicar porque no ofrecía garantías sobre la salud de los internos.

Se hicieron pruebas con 8 aerosoles diferentes, de los que se utilizan en otros países, pero no hubo manera. El Gobierno catalán da la espalda a los funcionarios y la política penitenciaria gira solo en torno a los internos. Por eso pedimos la dimisión de la consejera", subraya Gómez.

La dura carta a Ubasart

Efectivamente, en una carta enviada a la consejera Gemma Ubasart el pasado 30 de diciembre, el sindicato señala que, desde que esta llegó al cargo de consejera, el 10 de octubre de 2022, "se han producido un total de 765 incidentes en las prisiones catalanas, con el resultado de 1.234 trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario catalán agredidos o que han sufrido tentativa de agresión. Eso supone una media de 1,71 incidentes diarios y 2,76 trabajadores agredidos al día".

Critican que la consejera "desconoce completamente lo que sucede dentro de una prisión y solo muestra interés por la vertiente de la población reclusa, dando la espalda a sus trabajadores y trabajadoras".

Le recuerda el sindicato que "hace más de un año, CSIF le pidió realizar un estudio sobre la viabilidad de introducir dispositivos electrónicos de control como las pistolas táser, que otras fuerzas y cuerpos de seguridad ya utilizan. La respuesta fue el silencio y la decisión unilateral del secretario de Medidas Penales, señor Armand Calderó, en relación con la implementación de los sprays dentro de las prisiones, deja bien patente su línea de actuación respecto a los trabajadores penitenciarios".

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Tras mostrar su desconfianza en la cúpula de la consejería, CSIF pide "que de manera inmediata cese en el cargo de secretario al señor Calderó y que tome la misma decisión con usted, presentando su dimisión. Es hora de tomar decisiones valientes y sin duda ni usted ni el señor Calderó son los perfiles adecuados para garantizar nuestra seguridad y la de los propios internos".

Fuentes de la consejería de Justicia consultadas por El Confidencial rechazan entrar en una guerra de cifras. "En estos momentos, se está negociando el convenio colectivo y hay una mayor crispación sindical —explican estas fuentes—. Pero el Departamento está avanzando en los compromisos con los sindicatos.

Próximamente, se incorporarán a la Administración 111 funcionarios especializados multidisciplinarios para encauzar la convivencia en los centros penitenciarios y evitar tanto los suicidios como las conductas disruptivas. Estos trabajadores tienen como objetivo trabajar sobre las causas que provocan estas conductas".

Agresiones sexuales

La versión de los trabajadores está muy lejos de ese acercamiento. No se creen la versión de la Administración y abominan del buenismo practicado por la Generalitat. Señalan que urge reforzar las plantillas y que "no se invierte en infraestructuras, que están obsoletas y son propias del siglo pasado". Por eso ponen en la picota a la cúpula política: "Las decisiones de la cúpula de la Conselleria acaban siempre en la impunidad de los reclusos y en violencia hacia los trabajadores".

"Esta violencia se ha traducido también en algunas agresiones sexuales. Solo en el primer semestre del año pasado hubo 14 agresiones sexuales en las cárceles a funcionarios o funcionarias. Lo que pedimos es que la clase política nos reconozca como agentes de la autoridad para hacer frente a esta lacra". Las agresiones sexuales se amplían también a docentes, sanitarias, compañeras de tratamiento y a trabajadoras del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Y los sindicatos se quejan de que "a los compañeros que sufrieron agresiones con secuelas graves les ponen todas las dificultades del mundo para que no reciban ninguna indemnización económica. No tenemos el principio de indemnidad".

Los representantes de los funcionarios se quejan también de que se paralizan medidas de autoprotección como la utilización de aerosoles. "No autorizamos los aerosoles porque el Departamento hizo una valoración del mercado europeo internacional, con informes jurídicos y de salud. Se comprobó que los efectos en reclusos asmáticos eran irritantes y graves. De ahí, obtuvimos evidencias empíricas sobre los aerosoles y tomamos la decisión de no autorizarlos", subrayan desde la consejería de la Generalitat.

"Falta la autoridad que progresivamente se le ha ido quitando a los funcionarios. Falta personal y faltan medios para actuar"

Tanto desde la Administración como desde los sindicatos reconocen, no obstante, que los reclusos que causan los problemas graves no son muchos, sino solo un puñado. De la misma manera, no hay una prisión más conflictiva que otra, sino que todo depende de algunos individuos que son violentos y que protagonizan los incidentes más graves conforme van pasando de cárcel en cárcel.

Uno de estos reclusos ha enviado ya al hospital a cinco funcionarios. "Empezó en Jóvenes, siguió en Quatre Camins y luego agredió a otros compañeros en Brians 2 y Ponent. Es el preso que provoca los altercados más graves", se quejan desde los sindicatos. Lo que quieren es que la Administración les dé herramientas que desactiven esas conductas. "Puede ser la condición de agentes de la autoridad, pero también instrumentos como los aerosoles para defendernos de los más violentos", zanja Alberto Gómez.