Los 600 pisos sobre la antigua cárcel de Carabanchel, un paso más cerca

Las futuras viviendas, dotaciones públicas y zonas verdes sobre los terrenos que en el pasado ocupó la antigua cárcel de Carabanchel están un poco más cerca. La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid dará hoy, previsiblemente, luz verde a al convenio urbanístico para el desarrollo de este ámbito suscrito entre la Administración General del Estado (AGE), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa.

El orden del día de la comisión, la primera reunión tras el parón veraniego, contempla, entre otros puntos, ratificar con carácter definitivo, y con desestimación de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, dicho convenio. Un convenio que se firmó después de que el consistorio diera luz verde a la iniciativa para la gestión urbanística de este ámbito en septiembre de 2020, es decir, hace tres años.

Unas 600 viviendas, de las cuales un 30% —unas 160— tendrá algún tipo de protección

Una decisión que deberá ser ratificada, posteriormente, en el pleno del 28 de septiembre. A partir de ahí, los siguientes pasos en la tramitación urbanística serán conseguir la aprobación del proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización para, posteriormente, comenzar a urbanizar el ámbito y a construir las primeras viviendas. Cuándo llegarán las primeras grúas, sin embargo, sigue siendo la gran incógnita.

La firma de este nuevo convenio entre Pryconsa y el Estado supone un nuevo empujón a un desarrollo que cuenta con una superficie total de algo más de 170.000 metros cuadrados —unos 17 campos de fútbol— y una edificabilidad de 88.000 metros cuadrados para residencial y terciario.

En total, unas 600 viviendas, de las cuales un 30% aproximadamente —unas 160 unidades— tendrá algún tipo de protección y cuyo desarrollo —obras de urbanización y construcción— supondrá una inversión de unos 25,5 millones de euros. Además de viviendas, el ámbito contempla edificios para uso terciario, dotaciones e incluso un equipamiento para la salud, es decir, un posible hospital público, tal y como llevan demandando desde hace una década los vecinos de Carabanchel.

Más de una década atascado

Este ámbito lleva atascado más de una década, ya que en 2009, el Ayuntamiento de Madrid —Alberto Ruiz-Gallardón— y el Ministerio de Interior —Alfredo Pérez Rubalcaba— firmaron un convenio para su desarrollo. Un convenio que fue modificado en 2015 por ambas partes —con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior y Ana Botella como alcaldesa de Madrid— y que recogía, igual que ahora, cómo debe ordenarse dicho ámbito.

Es decir, la superficie que debe destinarse a uso residencial, terciario o equipamiento público. Aquel convenio fue ratificado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015, pero con el cambio de Gobierno municipal, el proyecto quedó parado hasta hace tres años.

Para poder sacar adelante este desarrollo, los propietarios del suelo, que son la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa, tuvieron que retomar la iniciativa para la gestión urbanística del ámbito, con el compromiso de destinar como mínimo un 30% de la edificabilidad residencial a la construcción de vivienda de protección pública.

Siepse es propietaria de la mayoría del suelo del ámbito —urbano no consolidado, con un 85%— junto con el Estado —que mantiene el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la comisaría de policía, con casi un 10%—, mientras que Pryconsa apenas posee otro 5%, 5.315 metros cuadrados de edificabilidad que permitirán la construcción aproximada de unas 50 viviendas.

La construcción de viviendas —más de 600— y equipamientos permitirá acabar con la brecha existente entre el distrito de Carabanchel y el barrio de Aluche, y responder a la demanda de dotaciones del vecindario, que desde hace una década viene reclamando la construcción de un hospital público y equipamientos municipales, entre otros servicios. Una promesa incumplida por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, son varias las parcelas que contemplan equipamientos educativos y de salud.

La cárcel fue demolida en 2008

El 25 de octubre de 2008, sábado, una excavadora inició el derribo de la cárcel de Carabanchel, un edificio que ya forma parte de la historia urbanística de Madrid. Su construcción data de 1939 y sirvió para sustituir a la antigua cárcel celular de la calle Díaz Porlier por sus connotaciones políticas como prisión republicana. Como recoge la Guía de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), "la nueva cárcel del régimen se construyó con la mano de obra de los propios presos en un solar triangular próximo a la ciudad".

"Complejo de proporciones megalómanas que no se completó, se organizaba en cuatro sectores: la prisión preventiva, la prisión correccional o taller, un pabellón de administración y un grupo residencial para los funcionarios. Como referencia compositiva se tomó la Cárcel Modelo de Barcelona, aunque se adoptaron respecto a ella los más modernos adelantos, pero su configuración según el arquetipo estrellado apela a un trazado tautológico de las instalaciones asistenciales como el antiguo hospital de jornaleros de Antonio Palacios".

Concebida para "albergar a delincuentes comunes y presos políticos, sus muros fueron testigo de las últimas ejecuciones del franquismo". En 1998 cerró sus puertas y una década después fue completamente demolida con la esperanza de que sobre sus terrenos se construyeran un millar de pisos, zonas verdes, oficinas del Estado e incluso un hospital. Ahora, 15 años después, su resurrección inmobiliaria está un poco más cerca.