El Estado y Pryconsa resucitan el plan para viviendas en la antigua cárcel de Carabanchel

Los planes inmobiliarios sobre los terrenos donde se levantaba hace más de una década la antigua cárcel de Carabanchel cobran de nuevo vida. Pryconsa, una de las promotoras históricas de la capital, y el Estado quieren resucitar e impulsar los planes urbanísticos sobre unos terrenos que permitirán la construcción de más de 600 viviendas, el 30% con algún tipo de protección oficial, además de edificios para uso terciario, dotaciones e incluso un equipamiento para la salud, es decir, un posible hospital público, tal y como llevan demandando desde hace una década los vecinos de Carabanchel.

Para poder sacar adelante este desarrollo, la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa han retomado la iniciativa para la gestión urbanística del Área de Planeamiento Remitido (APR) de la cárcel de Carabanchel.

Sobre los terrenos, se podrían construir más de 600 viviendas, el 30% de protección oficial, así como un hospital público y dotaciones para el barrio

La comisión de desarrollo urbano y de obras y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid estimará, previsiblemente este miércoles, la iniciativa para la gestión urbanística de esta APR, para posteriormente, el próximo 29 de septiembre, recibir el respaldo del pleno del ayuntamiento.

Este ámbito lleva 'atascado' más de una década, ya que en 2009, el Ayuntamiento de Madrid —Alberto Ruiz-Gallardón— y el Ministerio de Interior —Alfredo Pérez Rubalcaba— firmaron un convenio para su desarrollo. Un convenio que fue modificado en 2015 por ambas partes —con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior y Ana Botella como alcaldesa de Madrid—.

Dicho convenio recogía cómo debía ordenarse dicho ámbito. Es decir, la superficie que debía destinarse a uso residencial, terciario o equipamiento público. Y dicho convenio fue ratificado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015. Desde entonces, y con el cambio de Gobierno municipal, el proyecto quedó parado.

Ahora, cinco años después, el consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida, junto con Pryconsa y el Estado, quiere dar un nuevo empujón al desarrollo con una superficie total de algo más de 170.000 metros cuadrados —unos 17 campos de fútbol— y una edificabilidad de 88.000 metros cuadrados para residencial y terciario.

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"Existe el compromiso de destinar como mínimo un 30% de la edificabilidad residencial a la construcción de vivienda de protección pública", recoge en su web Siepse, propietaria de la mayoría del suelo del ámbito —urbano no consolidado— junto con el Estado —que mantiene el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la comisaría de policía— y Pryconsa.

Pero ¿cómo se reparte exactamente la propiedad de los terrenos? La parcela principal cuenta con una superficie de 162.524 metros cuadrados y es propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de Siepse, propietaria también de una segunda parcela de 1.521 metros cuadrados, mientras que la tercera parcela, de 8.222 metros cuadrados, pertenece a la empresa Pryconsa -apenas un 5% del suelo del ámbito-, que recibirá del Estado una parcela resultante, completamente urbanizada, de 3.123 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 5.281 metros cuadrados donde podrá levantar unas 40 viviendas.

La construcción de viviendas —más de 600— y equipamientos en este solar permitirá acabar con la brecha existente entre el distrito de Carabanchel y el barrio de Aluche, y responder a la demanda de dotaciones del vecindario, que desde hace una década viene reclamando la construcción de un hospital público y equipamientos municipales, entre otros servicios. Una promesa incumplida por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Antiguos solares de cárceles, a la venta

Los terrenos que en el pasado albergaron la antigua cárcel de Carabanchel no son los únicos sobre los que el Estado tiene planes inmobiliarios. Muchos otros solares que en el pasado albergaron antiguas prisiones llevan años a la venta. De hecho, en 2013, cuando el mercado inmobiliario español estaba a punto de tocar suelo, el Estado decidió desprenderse de algunos de ellos por un importe total que rondaba los 60 millones de euros. Aquel proceso de venta no tuvo demasiado éxito, puesto que la inmensa mayoría de esos solares sigue actualmente a la venta.

La superficie en venta superaba los 60.000 metros cuadrados y rozaba los 100.000 metros cuadrados de edificabilidad, en su mayoría para uso residencial libre, es decir, para la construcción de viviendas no sujetas a ningún tipo de protección, aunque en algunos de estos solares se preveía la construcción de VPO o de hoteles. En la actualidad, siguen en venta terrenos en el Puerto de Santa María (Cádiz), Burgos, Santoña y Santander (Cantabria), Córdoba, Huesca, Jaén, Segovia, Sevilla y Zaragoza. De aquella enajenación inmobiliaria, el Estado solamente consiguió vender un pequeño solar en Cartagena.

Pryconsa sigue tomando posiciones

Por su parte, con este proyecto, al que aún le queda tramitación urbanística para que puedan llegar las primeras grúas —es el Estado quien deberá asumir el coste de la urbanización—, Pryconsa refuerza su estrategia de aumentar su capacidad constructiva en los próximos años. Es decir, prepararse para un futuro complicado para el sector.

De hecho, hace unas semanas, la promotora que preside Marco Colomer anunciaba la compra de suelo en el que será el gran desarrollo inmobiliario de la capital, Madrid Nuevo Norte, donde ha comprado un solar de 6.556 metros cuadrados, y también la adquisición de otros 200.000 metros cuadrados de suelo en Los Ahijones, uno de los ámbitos de los desarrollos del sureste de Madrid.

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Además, la compañía también dispone de suelo en Pozuelo de Alarcón, el municipio con la renta per cápita más elevada de España. En concreto, Pryconsa, junto a otros promotores, posee suelo en ARPO y Montegancedo, dos ámbitos a los que aún les falta la tramitación urbanística para que se puedan construir las primeras viviendas, pero que por su ubicación y falta de suelo en la zona, están llamados a atraer una importante demanda.