Un grapo que legitima la violencia participa en el programa de careos con víctimas en prisión

La Audiencia Nacional ha denegado un permiso de salida de varios días al preso de los Grapo Xurxo García Vidal. Está condenado por el último asesinato de la banda terrorista en 2006. El juez le niega la salida porque considera que no está arrepentido. Se basa en un informe del educador de la cárcel, según el cual, “no ha demostrado en ningún momento empatía hacia las víctimas”. El mismo documento destaca que, a pesar de ello, está incluido en el programa de justicia restaurativa y tiene acceso a careos con afectados de sus atentados. Este es un proyecto avalado por Interior que dice exigir como requisito el arrepentimiento del terrorista para no provocar más dolor a las víctimas.

El informe del educador constata la escasa evolución del asesino García Vidal, “enmarcando sus acciones dentro de un contexto de conflicto social y político en lugar de reconocer la devastación provocada por las actividades delictivas de la banda a la que pertenecía”. “Parece considerar legítimos los objetivos perseguidos por esta organización terrorista en la que cometió el delito”, añade el documento. Este profesional de la cárcel apunta a que las declaraciones de García Vidal no son sinceras: “Podrían estar destinadas únicamente a cumplir requisitos obligatorios para obtener beneficios penitenciarios”.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el miembro de los Grapo participe en el programa que avala Interior e incluye careos entre terroristas y víctimas: “Actualmente, se encuentra participando en un programa de justicia restaurativa que ha completado su fase teórica. Este programa le ha brindado la oportunidad de reunirse con víctimas indirectas de los actos terroristas en los que participó, con el propósito de solicitar su perdón”. El educador avisa de que ni siquiera lograr el perdón de sus víctimas directas sería suficiente y plantea “la necesidad de que el individuo desarrolle una verdadera conciencia de reparación del daño causado”.

Este caso arroja dudas sobre un proyecto del que el Ministerio del Interior apenas informa, amparado siempre en la privacidad de sus participantes. Sectores del colectivo de víctimas guardan recelos ante estos programas restaurativos. Temen que sea una herramienta que favorezca sobre todo a los terroristas a la hora de acelerar su acceso a beneficios penitenciarios. Sospechan además que la mayoría de los careos ni siquiera son con las víctimas directas de sus crímenes.

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Los encuentros entre terroristas y víctimas han vivido dos fases. Los primeros se empezaron a gestar a finales de la primera década de este siglo. ETA se aproximaba al anuncio del cese de los atentados, exhausta por los golpes policiales. El colectivo de presos, entonces con cerca de 700 reclusos entre rejas, acusaba el desgaste y un grupo que no llegó a la treintena decidió romper a costa de ser repudiado por su organización y su entorno. Ese fue el caldo de cultivo de la llamada vía Nanclares, por el nombre de la cárcel alavesa donde fue recluido este grupo disidente que empezaba a verbalizar un reconocimiento del daño causado. De ahí surgieron los primeros terroristas voluntarios para sentarse delante de hijos, viudas, padres y heridos. El planteamiento es que para muchas víctimas pedir explicaciones al terrorista es una manera de superar el duelo y al mismo tiempo el criminal termina de romper con su pasado mediante la petición de perdón.

Las reuniones en prisión

Con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, en 2011, estos encuentros restaurativos se paralizaron, al menos bajo el paraguas institucional. No se retomaron oficialmente hasta el regreso del PSOE al Ejecutivo en 2018. Este periódico ha tratado en varias ocasiones de recabar información en Instituciones Penitenciarias sin éxito. El rastro de estos encuentros figura en algunos autos de la Audiencia Nacional en que se deciden permisos de salida o progresiones de grado. Al frente de estos trabajos estuvo desde el principio la experta en mediación penal Ester Pascual, quien después pasó a coordinar talleres similares en cárceles vascas, donde se encuentra ya la inmensa mayoría de presos de ETA.

Pascual participó en marzo de este año en una jornada sobre justicia restaurativa en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid, donde afirmó que el arrepentimiento del terrorista es una línea roja ineludible para participar en estos careos: “A una persona de Nanclares de 2011 se le dijo que no iba a hacer el encuentro porque seguía justificando unos crímenes y otros no. El respeto a la vida está por encima de todo y se le dijo que no podía participar”. Pascual niega que esto sea una pasarela a beneficios en la cárcel, pero lo cierto es que los jueces sí los tienen en cuenta a la hora de valorar la evolución del interno. Así consta en diversos autos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico.

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Xurxo García Vidal es el último ejemplo. El auto que le deniega el permiso lleva fecha del 13 de noviembre. El juez central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, atiende el criterio del profesional de la cárcel que le ha explorado y concluye que “es primordial asentar en el interno cambios de actitud hacia el delito cometido, no solo con el cumplimiento de la pena o realizar actividades productivas, sino también con una profunda y una notable evolución en el tratamiento que así lo demuestre”.

Mató a la esposa de un "explotador"

García Vidal fue condenado a 40 años de prisión por matar en 2006 a Ana Isabel Herrero, esposa del empresario Francisco Collel, en Zaragoza. El auto dice que “se limita a comparar su sufrimiento personal, que es exclusivamente atribuible a su conducta criminal, con el sufrimiento de las víctimas de la barbarie terrorista”. Hace dos años, el Gobierno inició el trámite para otorgar a este criminal un indulto parcial, pero finalmente se lo denegó, según ha confirmado a este periódico su abogado.

Xurxo García Vidal se sentó en el banquillo de los acusados en 2009. Durante su juicio por asesinato, el terrorista justificó su acción y tachó de “explotador” al empresario, que resultó herido cuando trataban de secuestrarle. Nacido en Vigo hace 52 años, este miembro de los Grapo fue arrestado en 2007 junto a otros cinco miembros de la organización de extrema izquierda. Formaban el comando Sánchez-Casas, en honor a un histórico militante de la banda.

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El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio por desarticulada la estructura militar de los Grapo con estas detenciones. Aquella fue la última acción de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), si bien nunca han llegado a disolverse oficialmente. Su máximo líder, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, sigue preso. Los Grapo son el brazo armado del llamado Partido Comunista de España (reconstituido) y su saldo son 93 víctimas mortales y 95 heridos entre los años 1975 y 2006.

La cárcel de Ocaña (Toledo) elevó a la Audiencia Nacional una propuesta de permiso de varios días de salida de prisión para García Vidal. Al haber cumplido ya un cuarto de su pena y estar clasificado en segundo grado penitenciario, el terrorista tiene derecho a solicitar un total de 36 días al año fuera de la cárcel, repartidos en tramos nunca superiores a siete días de duración. Se entienden como una preparación a la futura vida en libertad. Pero el juez José Luis Castro considera que todavía tiene que trabajar más su reinserción. Todavía le queda mucho tiempo para saldar su condena. Las tres cuartas partes no las cumplirá hasta mayo de 2037.