Informes oficiales de las cárceles catalanas: anomalías, conflictividad y falta de personal

Las cárceles catalanas son un polvorín a punto de estallar. Durante al año pasado hubo 58 denuncias de presos contra funcionarios por malos tratos o por actuaciones al borde del reglamento. De ellas, 39 ya han sido archivadas, mientras que 10 están pendientes de resolución. Tres de ellas dieron lugar a una información reservada, una tiene abiertas diligencias, otra tiene una propuesta de resolución, dos han acabado en la apertura de un expediente disciplinario y una de ellas se saldó con una sanción de 16 días de suspensión a un funcionario por dos sanciones leves y "posible mala praxis". Así se recoge en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención, un negociado que depende del Defensor del Pueblo.

Esta semana, CCOO hizo público también un informe sobre las condiciones de vida en las cárceles catalanas de mujeres. "Los datos son para poner los pelos de punta", señaló a El Confidencial Montse Ros, portavoz de Comisiones en Cataluña. No es para menos. En Cataluña hay 600 reclusas y unas 450 de ellas están concentradas en un superpoblado módulo de la cárcel de Brians 1.

"Este centro solo cuenta con un módulo de vida ordinaria y un pequeño departamento especial para las internas sancionadas. Incluso la enfermería específica para mujeres se cerró y ahora se usa la enfermería de hombres, con todas las restricciones y problemas que ello comporta", dice el informe.

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Antonio Fernández. Barcelona

Según el sindicato, "todo ello provoca que la situación de este módulo sea aberrante, injusta y peligrosa, al no poder separar a las mujeres en función de su comportamiento. Además, se obliga a convivir a mujeres embarazadas, jóvenes menores de 21 años, mujeres con patologías psiquiátricas graves, reclusas primarias y reincidentes, todas mezcladas cuando habrían de estar separadas. Ello genera una situación de conflictividad auténticamente explosiva".

En esa cárcel, además, se han ido concentrando reclusas conflictivas provenientes de otros centros. "Estas mujeres han creado grupos con capacidad organizativa que extorsionan a las internas más vulnerables y alteran la convivencia en el módulo. Eso genera situaciones de violencia entre internas y con los propios trabajadores y trabajadoras penitenciarios, como el hecho que se vivió recientemente con una amenaza de muerte con un objeto punzante a una jefa de unidad del módulo por parte de una interna con un largo y abultado historial de conflictos".

En Cataluña hay 600 reclusas y unas 450 de ellas están concentradas en un superpoblado módulo de la cárcel de Brians 1

Desde hace más de un año, CCOO lleva denunciando a la Generalitat algunas de las anomalías, como el hecho de que algunas mujeres han de convivir con reclusos condenados por delitos sexuales en los módulos semiabiertos, "hecho que está prohibido por el reglamento penitenciario".

Plagas de ratas, cucarachas y chinches

A esta situación, se ha de añadir la falta de personal. CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunciaba hace pocas semanas que en las prisiones catalanas han cesado a más de 60 interinos. "Es intolerable, ya que la falta de personal en prisiones es endémica, las plantillas están muy envejecidas y ello llevará a tener que realizar más horas extras. Este sector lleva desde 2008 sin oposiciones y desde el 2015 sin concurso de traslados", afirma el sindicato.

En la cárcel de Ponent (Lleida), por ejemplo, cesaron 10 trabajadores, por lo que los funcionarios tendrán que hacer 400 horas más semanales. "Desde el verano de 2018, en este centro se han realizado más de 27.500 horas extraordinarias", asegura el CSIF. Hace poco más de una semana, este sindicato también denunciaba una plaga de ratas, cucarachas y chinches en Brians 1. "Falta de personal, falta de material operativo, falta de uniformidad estipulada legalmente, falta de formación, instalaciones obsoletas, falta de apoyo institucional… a toda esta falta de atención, ahora y desde hace un tiempo atrás, se une la insalubridad en los puestos de trabajo de los funcionarios y de los internos", se quejaba el sindicato.

Este verano, CSIF denunciaba también la falta de personal en la moderna Mas d’Enric, en Tarragona. "Hasta el 30 de junio, las agresiones en esta prisión se han cuadruplicado. Han pasado de un total de 3 el año pasado a 13 en el primer semestre del 2019. El aumento es preocupante".

Desde hace un año, CCOO lleva denunciando a la Generalitat que algunas mujeres conviven con reclusos condenados por delitos sexuales

Según el sindicato, "en actividades como el polideportivo, que se realizan en un recinto de última generación, un solo funcionario vigila hasta a 100 internos con mancuernas y barras de hierro que pueden ser mal usadas. Ya se vivió un episodio en junio de 2016 con un interno que destrozó el gimnasio". En el área educativa, más de lo mismo: "Un solo funcionario realiza las tareas de vigilancia sobre otros 80 internos, con el agravante de que también dependen de funcionarios los docentes y monitores que imparten clases allí".

CSIF asegura que los internos, en esta cárcel, "van solos a todas partes, sin un funcionario presente. La vigilancia se limita a verlos a través de cámaras y avisar al mando en caso de altercado. Esta medida se tomó por la falta de personal". Y no solo eso: "Este verano, el director ha sacado una orden sin numerar en la que autoriza a los internos a quedarse en sus celdas cuando lo consideren oportuno, con la esperanza de que sean muchos los que lo requieran y bajar la ratio de internos por funcionario en los patios. Otra vez medidas desesperadas ante la falta de personal".

Según otro informe de CSIF, durante el 2018 se produjeron en Cataluña 283 agresiones a funcionarios por parte de internos (de ellas, 49 fueron graves), lo que representa un alarmante aumento sobre las 206 agresiones del año anterior. En total, fueron agredidos 120 funcionarios. Quatre Camins, con 55, es la prisión donde más funcionarios fueron agredidos, seguida de Brians 2 con 30.

Denuncias de internos

La situación es tensa. CSIF mantiene una querella contra Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Rivera había realizado unas declaraciones a TV3 en las que generalizaba sobre el uso de malos tratos y torturas en las cárceles catalanas. CCOO también había interpuesto querella, pero tras la matización de las declaraciones por parte de Rivera, no seguirá adelante con la denuncia.

En cambio, CSIF va a por todas. Rivera ya había denunciado a funcionarios de prisiones por malos tratos tras un motín en la cárcel de Quatre Camins en 2004. Como consecuencia de ello, le fue vetada la entrada a las prisiones de Cataluña hasta el año 2016. Además, CSIF aseguró que la denuncia solo generó la condena de un funcionario.

Rivera explica a El Confidencial que esa afirmación es falsa. "Con motivo de mis denuncias fueron condenados 7 funcionarios por delitos contra la integridad moral y por golpear a internos, uno de ellos el subdirector médico, Xavier Martínez. Ese episodio fui yo quien lo sacó a la luz y no me arrepiento, porque eso es gravísimo".

En el apartado de "Investigación de las alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes" del informe del Defensor del Pueblo, no obstante, se señala que en el 2018 no hubo "procedimientos judiciales que concluyeran en condenas a funcionarios o trabajadores de estos organismos por malas prácticas por malos tratos", aunque reconoce que "fueron 58 los informes de inspección, informaciones reservadas y expedientes disciplinarios iniciados por posibles malas prácticas o malos tratos infligidos por trabajadores o funcionarios". Solo uno de ello, como se comenta en un párrafo anterior, acabó en sanción.

Rivera, por su parte, señala también que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una decena de procedimientos contra el Estado español por temas en las prisiones. "Y el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención redunda más en el tema, al incorporar el listado de 58 casos de denuncias de internos, aunque más de la mitad ya han sido archivados". Subraya, de todos modos, que su misión y la del organismo que dirige es la de "certificar las denuncias que hay, ver si tienen base real y darles curso, nada más".