LAS AGRESIONES SE DOBLAN EN DOS AÑOS

El polvorín de las prisiones catalanas: 'diablos' y 'pinchos' contra los funcionarios

Los incidentes graves en el 2018 (es decir, los que necesitaron baja médica) se elevaron a 93, mientras que en el 2016 habían sido solo 46 y en el 2017 llegaron a 57

Foto: Dispositivo policial a las puertas del centro penitenciario de Quatre Camins (Barcelona), ante la concentración de trabajadores de prisiones. (EFE)
Dispositivo policial a las puertas del centro penitenciario de Quatre Camins (Barcelona), ante la concentración de trabajadores de prisiones. (EFE)

Los incidentes y agresiones en las prisiones catalanas se han desatado en los últimos dos años. Así lo constatan dos informes realizados por los sindicatos CSIF y CCOO, que ven con preocupación cómo crece la tensión en este sector. La preocupación es mayor si tenemos en cuenta que, en estos dos años, la población penitenciaria ha bajado, entre 2016 y 2018, de 8.566 a 8.367 reclusos. Las agresiones, en cambio, subieron de 263 a 424 y los incidentes totales pasaron de 313 a 503 en este periodo.

El polvorín de las prisiones catalanas: 'diablos' y 'pinchos' contra los funcionarios

Los incidentes graves en el 2018 (es decir, los que necesitaron baja médica) se elevaron a 93, mientras que en el 2016 habían sido solo 46 y en el 2017 llegaron a 57. Ello da una idea de la escalada de la violencia. Los sindicatos también están preocupados por la aparición de diferentes armas dentro de las cárceles catalanas. Una de ellas es conocida como 'diablo'. Se trata de un mango de cepillo de dientes al que se calienta un extremo y se le insertan tres cuchillas de maquinilla de afeitar, aunque esa es un arma que, "por fortuna, todavía no se ha utilizado contra funcionarios". Hay también una especie de látigo al que se le engarza una cuchilla. Con uno de ellos fue agredida hace poco una funcionaria, que recibió un profundo corte en la espalda. El arma más extendida, sin embargo, sigue siendo el conocido como 'pincho carcelario', construida a partir de un destornillador o de un cuchillo.

"Tenemos la sensación de que los internos han perdido el miedo a los castigos. Quizás deberíamos revisar las medidas disuasorias o emplear algo más de rigor en estas medidas, pero eso es una cuestión a debatir y estudiar junto con la Administración", explica a El Confidencial Fernando Julio Carrera, secretario de Organización de la Agrupación de Personal Penitenciario de CCOO.

De similar opinión es Alberto Gómez, delegado de CSIF en Brians 1 y responsable del informe de este sindicato. "Parece que el preso pierde el miedo al castigo, porque las sanciones que se aplican son mínimas. Y si las sanciones no son lo ejemplares que deberían ser, quizás habría que estudiar el tema". Gómez destaca que "hasta 2016 no había una estadística fiable. Ese año, a instancias nuestras, se creó un grupo de trabajo para establecer un protocolo de las agresiones que se reúne cada mes y por eso tenemos datos actualizados y fiables, aportados por la propia Administración". De ahí que alerte de que las agresiones "se han disparado" en los últimos meses y de que se necesitan medidas urgentes para revertir la situación.

Desde la Administración se minimiza el tema. "Estamos terminando de realizar un Plan Estratégico de Ejecución Penal de Adultos pero hemos de acabar de perfilarlo con los agentes sociales —explican fuentes de la consejería de Justicia a este diario—. Nuestra prioridad, no obstante, es garantizar la seguridad de los funcionarios y de los internos y que no pasen estas cosas". Destacan desde la Generalitat que de las 186 agresiones que hubo a funcionarios, 147 fueron leves, es decir, que no necesitaron intervención médica o parte de baja.

Una agresión cada dos días

El informe de CCOO, no obstante, señala que las agresiones "con voluntad de dañar a los trabajadores fueron 185 el último año", que contrastan con las 103 del 2016 y las 144 del 2017. "Dicho de otra manera, durante el año 2018 se produjo en los centros catalanes un incidente de agresión consumada contra uno o más funcionarios cada dos días".

En este sentido, Carrera subraya que "consideramos los incidentes en su totalidad, es decir, que si en uno de ello son dañados cuatro funcionarios, se cuenta como un solo incidente". Y Gómez destaca que "desde la Administración desvían responsabilidades achacando este incremento al interno psiquiátrico, que toma medicación, etcétera. Pero la verdad es que los sindicatos estamos muy preocupados por la falta de personal, por la plantilla cada vez más envejecida, por la falta de formación específica y por la falta de información del interno nuevo. En otras palabras: los medios con los que trabajamos no son los óptimos".

Fernando Julio Carrera destaca que es cierto que la mayor parte de la plantilla tiene más de 50 años, pero eso a veces es positivo, porque quiere decir que tiene más experiencia y sabe cómo resolver situaciones complicadas. De todos modos, el sindicato critica que ha habido "una política suicida en materia de personal, con oposiciones desde hace 10 años". Los números no engañan: de 4.644 trabajadores penitenciarios en Cataluña, 1.300 tienen 55 años o más y otros 1.901 oscilan entre 51 y 54 años, mientras que el 60% de los internos tienen menos de 40 años. "Este envejecimiento incide de manera grave en las consecuencias de las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios".

Pero luego enumera otras deficiencias. "Te dan cierta formación para gestión de crisis o cómo hablar, pero eso no es suficiente", añade el dirigente de CCOO. Además, hay dos centros especialmente conflictivos: Quatre Camins y Brians 1, en Barcelona. A este último, llegan los preventivos que antes iban a la Modelo de Barcelona. "Es gente que viene de la calle, muchas veces en un estado de evidente agresividad, pero no sabemos nada sobre esos reclusos". Muchos de los incidentes se deben a que los internos no se dejan cachear o que desobedecen, incluso violentamente, las indicaciones de los funcionarios.

Entre estas dos prisiones concentran el 48% de todas las agresiones o intentos de agresión, aunque el porcentaje bajó ligeramente el último año, lo que da pie a Carrera para decir que "las agresiones, lejos de ser propias de estos centros, han hecho metástasis por todo el sistema penitenciario".

Peligro de empeorar

Esta circunstancia da pie a CCOO a explicar en su informe que "el aumento salvaje de los incidentes, sin correlación alguna con la población interna existente en el sistema, indica que la situación no es coyuntural, sino endémica y con tendencia clara a un empeoramiento, independientemente de que la población interna aumente o disminuya en el futuro. No es el número o la tipología de interno la causa del problema, sino las políticas que se aplican por parte de la Secretaría y, especialmente, la completa ausencia de políticas preventivas".

El sindicato de clase saca unas conclusiones alarmantes porque subraya que "la Administración no ha hecho absolutamente nada, no ya para impedir el aumento de agresiones, sino simplemente para tenerlo bajo control y todavía menos para revertirlo. No se tomó durante 2018 ni el tiempo que llevamos del 2019 ninguna clase de decisión ni se ha formulado el plan de choque con medidas específicas y urgentes que la actual situación de hundimiento total en materia de seguridad requiere con una urgencia extrema". Fernando Julio Carrera subraya en este sentido que "el secretario del Govern no tiene malas ideas, pero lo que deberíamos hacer entre todos los estamentos implicados es estudiar cómo aplicar medidas correctivas a la situación actual".

El Plan Estratégico que prepara la Administración, de 109 páginas, "no hace la más mínima referencia al problema de las agresiones"

Y es que CCOO apunta en su informe hacia la Generalitat: el Plan Estratégico que prepara la Administración, de 109 páginas, "no hace la más mínima referencia al problema de las agresiones. Sencillamente, parece que el problema no exista". También critica que el Govern "solo se dedica a realizar políticas de gestos grandilocuentes sin ningún contenido real" que encubren "una inacción continuada" en la gestión de gobierno, lo que provoca "un hundimiento continuo de las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y una degradación general y progresiva de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos".

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