Un alcalde de Junts de Girona se apunta a la expulsión de inmigrantes reincidentes

El independentismo ha abierto el melón de la inmigración en Cataluña: el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, de Junts per Catalunya (JxCat) ha añadido más leña al fuego de la polémica. Si la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols (Aliança Catalana), pone trabas a los inmigrantes marroquíes para que se empadronen, escolaricen a sus hijos, realicen trámites municipales o reciban asistencia sanitaria pública, ahora el alcalde de Figueres pide más mano dura para los inmigrantes reincidentes y su expulsión. Hace pocas semanas, los alcaldes de Junts de la comarca del Maresme (al norte de Barcelona) habían solicitado lo mismo y contaron con el apoyo del secretario general del partido, Jordi Turull. Masquef logró 13 de los 21 concejales del consistorio en las últimas elecciones municipales, logrando un récord histórico en la localidad gerundense.

El alcalde posconvergente advierte que "hay derechos, pero también deberes" para justificar su posicionamiento duro en el tema de la inmigración. "¿A una persona que viene de otro país, por ejemplo, de Marruecos o Siria, se le ha de dar una oportunidad? -se pregunta el alcalde de Junts en una entrevista en un digital local-. Si quiere construirse un futuro, pues adelante. Pero si viene aquí porque le han dicho vete allí, que tienes la vida fácil y dinero rápido, pues no. Hemos de ser implacables. Y si los podemos echar, pues echémoslos. Estos malhechores y delincuentes reincidentes que corren por aquí son indefendibles. La semana pasada, los Mossos nos dijeron que habían detenido a un reincidente y que si nosotros, como Ayuntamiento, hacíamos acusación particular, entraría en prisión. Y así lo hicimos".

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El posicionamiento de Masquef coincide con la decisión de la alcaldesa de Ripoll de decretar a Driss Oukabir, Said Ben Iazza y a Mohamed Houli "personas no gratas en Ripoll", por considerarles "fundamentalistas" y, por tanto, practicar la política de "tolerancia cero con el fundamentalismo". Los tres demonizados estuvieron implicados en los atentados yihadistas de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona, que dejaron 16 muertos y 131 heridos. Orriols firmó las notificaciones oficiales de esta declaración consistorial a primera hora de este jueves para hacérsela llegar a los tres terroristas. La medida llega en un momento álgido. Pero, de hecho, responde a una moción presentada en el pleno municipal y aprobada por unanimidad por los grupos municipales, es decir, por Aliança Catalana, ERC, JxCAt, PSC, CUP y Son-hi Ripoll. La moción detalla que ni ellos ni sus familias puedan recibir ayudas ni subvenciones municipales de Ripoll. Pero los grupos de la oposición callan ante la decisión municipal por miedo a la reacción vecinal.

Las excusas de Orriols

La mecha encendida por la situación en Ripoll lleva camino de convertirse en una gigantesca bola de nieve que arrasa con todo a su paso. "Durante unos días, Ripoll se ha llenado de periodistas que, como quien sale a buscar setas, buscaban inmigrantes dispuestos a poner cara de pena y a acusar a mi gobierno y a la sociedad ripollesa de discriminación y racismo. Dicen que incluso habéis pagado para oír lo que queríais. Vergüenza", tuiteó la alcaldesa este jueves. Inmediatamente después, volvía a la carga con un mensaje lleno de ironía: "Mañana iré con visado de turista a Marruecos; pediré asistencia sanitaria y medicinas gratis, escuela gratis para mis hijos, la introducción del catalán en las aulas. Y pobre del que me diga que no, que llamaré a El Periódico para que haga artículos llamándolos racistas".

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La alcaldesa de Ripoll está dispuesta a defender su posicionamiento a capa y espada, pese a que el Delegado del Gobierno le dio un plazo de 20 días para presentar un informe sobre las trabas a los empadronamientos de los inmigrantes. La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, le recordó este jueves que la alcaldesa no puede retrasar los trámites del padrón sin motivo y, en una carta, le dice que el empadronamiento se debe realizar en el momento de gestionar el trámite. Sobre esta cuestión, la alcaldesa ya había sido escéptica: "¿Me estáis diciendo que nuestros abuelos pueden esperar un año para cobrar la ayuda de dependencia, pero un inmigrante no se puede esperar tres meses para empadronarse? ¿Es eso? Salvemos Cataluña con Aliança Catalana". En su programa de gobierno, este pequeño partido identitario propugna retirar todas las ayudas a los inmigrantes y destinar el dinero a los "nacionales".

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El debate de la inmigración ha abierto una brecha entre los partidos independentistas. Junts apuesta por asumir parte del discurso antiinmigración, esencialmente el que hace referencia al control de la inmigración en el terreno de la seguridad y suela con restar votos en ese nicho electoral a Aliança Catalana. Precisamente Sílvia Orriols insiste en que el control que ejercita el Ayuntamiento de Ripoll sobre el control "nos ha permitido identificar una pila de padrones fraudulentos y de pisos patera. A partir de aquí, nos pueden acusar de haber matado a Kennedy si queréis". Pero el acercamiento de JxCat a Aliança es criticado por la izquierda catalanista de Esquerra y la CUP.

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ERC, a diferencia de Junts, ha mantenido una postura más distante con las cuestiones migratorias. Incluso decidió abrir expediente a su cabeza de lista de la localidad leridana de Ribera d’Ondara, donde PSC sacó tres concejales, ERC otros tres y Aliança Catalana uno. El concejal de Aliança, Albert Puig, comenzó a negociar con Elisabet Jové, cabeza de lista de Esquerra, una moción de censura para desalojar al alcalde socialista y el partido republicano la amenazó con su expulsión. Antes de que esta llegara, Jové se dio de baja del partido. Pero el tema se encuentra empantanado. El propio concejal de Aliança alertó de que Elisabet Jové "aún no ha sido madre. Por culpa del estrés, el parto se retrasa. Tras dar a luz, y cuando esté en casa, iremos a registrar la moción de censura". La batalla por la identidad no ha hecho más que empezar.