Gresca en el independentismo: no todos quieren ser 'minoría nacional' catalana

El término minoría nacional, que una parte del independentismo cultiva para presentarse como un colectivo oprimido, levanta urticaria en otra parte del soberanismo. La posibilidad de introducir el término en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez ha abierto un intenso debate que ya comenzó a gestarse hace pocos años, como una estrategia jurídica para acusar a España en los organismos internacionales de aplastar los derechos de esa supuesta minoría catalana. "Somos una nación", subrayan para rechazar el concepto.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, fue el que más insistió en adoptar ese concepto para tener un gancho jurídico al que agarrarse. En sus pleitos internacionales, el letrado aseguraba que solo con esa definición en el bolsillo los organismos transnacionales podrían tomarse en serio lo del conflicto catalán. Dicho de otro modo: la ONU o la UE, según su razonamiento, tomaban en consideración únicamente las denuncias que suponían una vulneración de los derechos colectivos de un grupo étnico o nacional perfectamente identificable.

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Los líderes políticos independentistas optaron en un principio por acogerse a esa denominación para ser vistos internacionalmente como una etnia aparte. Pero en España ni siquiera son una minoría perfectamente identificable del resto del país. El círculo más cercano a Puigdemont, sin embargo, aún confía en esa estrategia para ajustar cuentas con España en los organismos internacionales. Otra cosa es que el expresident utilice ese concepto políticamente: lo reserva solo para las cuestiones jurídicas.

La aparición del concepto en las conversaciones de JxCAT y el PSOE se hizo para apuntalar legalmente la amnistía y que no pueda ser rechazada en instancias judiciales en caso de recurso, ya que si es aplicada a una minoría nacional, es más difícil que pueda ser tumbada. Pero los radicales rechazan el término. La tesis de calificar a los catalanes de esta forma es contestada por los círculos radicales de manera airada. Culpan a Boye de acuñar ese término para intentar avalar un proceso de descolonización ante las instancias internacionales.

“Pero no somos ninguna minoría nacional. Somos una nación y, por tanto, el término es falso”, asegura una fuente de los círculos radicales a El Confidencial. “Queremos el derecho a ser un Estado independiente”, replican. Son quienes presionan a Puigdemont. ERC o el Govern que preside Pere Aragonès comparten la misma opinión. “El Govern tiene muy claro que no somos una minoría nacional. Cataluña es una nación y así tiene que ser reconocida”, dijo Carles Campuzano, conseller de Derechos Sociales, esta semana. “Si a alguien se le ha pasado por la cabeza, debe saber que es un planteamiento equivocado”, enfatizó.

Voces a favor y en contra

Pero el hecho de que el término se acuñase en las reuniones de PSOE y Junts levanta ampollas en una parte del independentismo radical que apoya a Carles Puigdemont. Uno de los líderes del sector crítico dentro del Consell de la República, Jaume Sastre, tira con bala contra Boye: “Si los españoles volviesen a conquistar y colonizar Chile, Boye nunca plantearía la defensa de su país como un asunto de minorías nacionales, sino en términos coloniales. Al final, el abogado ve y analiza a los catalanes desde una óptica española, y esto no puede acabar bien, puesto que cuando un médico se equivoca en el diagnóstico nunca acierta en el remedio”.

De hecho, lo que consiguió el independentismo a través de sus contactos políticos, de organismos internacionales (especialmente de los relatores de la ONU, algunos de los cuales fueron convenientemente subvencionados), fue introducir el término de grupo objetivamente identificable, un equivalente de minoría nacional que se ha ido introduciendo como sinónimo en el discurso subliminal que emplea el soberanismo en los foros internacionales. En los recursos judiciales, los equipos jurídicos de Puigdemont lograron introducir ese término en las resoluciones del TJUE, lo que moralmente insufló un rayo de esperanza al independentismo.

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Pero en los círculos más radicales se huye del término. “Si eres minoría nacional, quiere decir que perteneces al Estado español. No tiene sentido si lo que reclamas es un Estado propio”, indican las fuentes citadas. El diputado de Junts y letrado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en un artículo de opinión publicado el pasado mes de mayo en el diario El Món, defendía el concepto: “La comunidad jurídica internacional constituye hoy una communis opinio, según la cual existe una persecución política contra el independentismo catalán que encaja perfectamente en el concepto de minoría nacional de Naciones Unidas o en el término acuñado recientemente de grupo objetivamente identificable de personas a que se refirió el TJUE”.

Terminaba su disertación subrayando de nuevo que “el independentismo catalán configura una minoría nacional perseguida políticamente”. De hecho, los perseguidos son solo una minoría de la cúpula de dos partidos, a la que se encausó por presuntos delitos contenidos en el Código Penal y no por delitos de pensamiento o de opinión. En esa tesitura, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, en su día la voz y los ojos de Carles Puigdemont en la Cámara legislativa catalana, se muestra equidistante del concepto de Boye.

“El independentismo catalán configura una minoría nacional perseguida políticamente”

“Somos nación y queremos ser Estado. Minoría nacional reconocida por una instancia internacional en un contexto de conflicto con el Estado: refuerza la causa justa. Minoría nacional reconocida por el Gobierno español en un contexto de pactos con el Estado: debilita la causa justa. Sencillo, ¿no?”, expresa. En otras palabras: la estrategia de Junts de pactar el término con Madrid es errónea. Esa definición, no obstante, es adoptada por grupos y partidos de diverso pelaje. Los comités de defensa de la república (CDR) emitieron hace solo tres meses un escrito en el que afirman que “el terrorismo de Estado persigue a la minoría nacional catalana acusando de terroristas a los CDR encausados del 23-S con la operación Judas”.

Esta operación policial se saldó en otoño de 2019 con el procesamiento de una docena de activistas, que fueron grabados intentando fabricar explosivos caseros con los que atentar contra una serie de objetivos que tenían en su punto de mira, algunos de los cuales ya habían sido vigilados por los miembros del comando. Un documento confidencial a la ANC señala también que “somos una minoría nacional asediada y amenazada”.

La plurinacionalidad, otro debate

Pero junto al concepto de minoría nacional se ha acuñado otro, que es el de la plurinacionalidad. En el seno del independentismo se ha abierto un debate paralelo a raíz de la luz verde para hablar todas las lenguas oficiales en el Parlamento español y solicitar la oficialidad del catalán en la UE. Para los más extremistas, esa es una estrategia para transmitir la imagen de que España es un Estado abierto e integrador, aunque rechazan la definición porque dicen que anula la propia esencia de Cataluña, negándole la condición de nación o país.

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Blanca Serra, uno de los referentes del independentismo radical, rechaza el concepto de plurinacionalidad de España, que considera “absurdo y extravagante”. Califica de trampa esa definición, por mucho que se quiera revestir con el tema de permitir hablar todas las lenguas oficiales en el Congreso o que se pida la oficialidad del catalán en Europa. “El Estado plurinacional español, aparte de ser una pura entelequia en el pasado y ahora mismo, para los Països Catalans sería una martingala más que pueden sacarse de la chistera para enredar momentáneamente al personal, pero que no tiene recorrido serio”, concluye.