El último servicio de Paluzie al soberanismo: pide a la ONU apoyo por la "represión" de España

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), compareció esta semana ante el Fórum Regional Europa y Asia Central 2022 de las Naciones Unidas (ONU) para cargar contra el “Estado español” y los “abusos de las autoridades españolas contra el pueblo catalán”, aprovechando el rebufo del espionaje masivo sobre independentistas. Paluzie prestó así el último servicio a la organización, de la que dejará la presidencia la semana próxima por haber caducado su mandato. Fiel a su estrategia, llevó al foro internacional la “represión” que el Estado ejerce contra la “minoría nacional catalana”.

Este es un concepto jurídico que el independentismo quiere introducir en su campaña internacional para provocar la intervención de los organismos internacionales en el conflicto catalán. El único modo de hacer que el tema deje de ser considerado por la ONU y por la UE como un “asunto interno de España” es que los catalanes sean considerados a todos los efectos una “minoría nacional”. Igual que las reservas de indios de Norteamérica, por ejemplo.

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La presidenta de la ANC invocó el artículo 2 de la Declaración de 1992 sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, según el cual “todos los Estados han de tomar medidas para garantizar que las personas pertenecientes a las minorías nacionales puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos fundamentales sin discriminación ni desigualdad”. Solicitó, así, una mayor implicación de la ONU y un papel más activo “para proteger los derechos civiles y políticos de la minoría nacional catalana”.

El relato de los representantes de la ANC se centró en denunciar la represión del independentismo en dos niveles. Por un lado, expusieron la “persecución de más de 3.300 activistas y representantes pacíficos catalanes” por parte de las autoridades españolas. Se refieren a las denuncias por diversos motivos que ha habido los últimos años, algunas por cuestiones legales (como la desobediencia por colgar símbolos partidistas en edificios públicos, por ejemplo, pero otras por agresiones violentas en manifestaciones). Entre esos 3.300 supuestos represaliados figuran también los condenados por el 1-O.

Plan muy estudiado

Paluzie, por otro lado, aprovechó el foro para denunciar el espionaje masivo del Gobierno español a independentistas, aunque los dirigentes soberanistas que interpusieron querellas lo hicieron contra la empresa israelí NSO y no contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Cinco miembros de nuestra organización, yo incluida, fueron víctimas del programa espía Pegasus, utilizado por las autoridades españolas para espiar masivamente al independentismo catalán, tal y como denunció el centro de investigación canadiense Citizen Lab, como parte de un ataque masivo contra, al menos, 65 líderes políticos y de la sociedad civil, periodistas e incluso sus abogados y sus familiares”, dijo la presidenta de la ANC.

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Subrayó que el Estado español utiliza el espionaje contra la “disidencia política” y volvió a poner encima de la mesa el hecho de que “el Estado español, juntamente con Hungría y Polonia, representa, por ahora, los únicos casos de espionaje estatal dentro de la UE, y crea un precedente peligroso no solo para las minorías europeas, sino también para las minorías nacionales de todo el mundo”. En este sentido, denunció que Margarita Robles justificó en el Congreso “las vulneraciones desproporcionadas de los derechos fundamentales que reconoce la misma Constitución española, dispuesta a todo con tal de mantener la unidad del Estado”.

La diatriba de la dirigente soberanista es pareja a la estrategia de la ANC y de los partidos independentistas contra el Gobierno español en todos los foros internacionales. Entre las maniobras para poder optar a altavoces internacionales, Paluzie logró introducir la organización que representa en la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), una plataforma relacionada con las Naciones Unidas que defiende el “derecho a la autodeterminación de sus miembros: pueblos indígenas, minorías, Estados no reconocidos y territorios ocupados”.

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Así, a finales de marzo, Paluzie fue nombrada vicepresidenta de la UNPO. Según la ANC, fue creada en 1991 por “líderes exiliados de los pueblos que vivían bajo la opresión imperial. Esta asociación cuenta con representantes de Estonia, el pueblo uigur y el Tíbet, entre otros, Su objetivo es replicar el mensaje de ‘noviolencia’ y tolerancia interétnica del pueblo tibetano ante la opresión, siguiendo el ejemplo del decimocuarto Dalai Lama”. En esa plataforma se encuentran territorios como Taiwán o la península de Crimea, la región que Rusia obligó a separar de Ucrania y que fue la antesala de la actual invasión. La UNPO está presidida por Edna Adan Ismail, exministra de Asuntos Exteriores de Somalilandia. Sus vicepresidentas son, desde el pasado 28 de marzo, la propia Elisenda Paluzie y Rubina Greenwood, una activista regional pakistaní.

En su hoja de ruta aprobada el pasado mes de marzo, la ANC prevé una estrategia que pasa por potenciar su labor al frente de la UNPO y, especialmente, por “seguir interviniendo o haciendo informes para foros y entidades de organizaciones internacionales”, así como “elevar en el ámbito internacional, en los foros que corresponda, el debate de la conculcación de derechos individuales y colectivos a nivel global tanto en situaciones de normalidad como de virtual excepcionalidad, que nos afecten directamente como nación minoritaria con vocación republicana no reconocida por el Estado español”. Los últimos movimientos de Paluzie no son para nada improvisados, sino fruto de una estrategia concienzudamente trazada.