El constitucionalismo mueve ficha en Cataluña ante el 23-J: ley de símbolos y del español

Las entidades constitucionalistas de Cataluña han irrumpido en la campaña electoral con reivindicaciones relacionadas con temas de calado político y exigiendo tanto que se cumplan las leyes en materia de simbología y representación como el fortalecimiento o la modificación de determinadas normas que, o bien son laxas, o bien son difusas, o son sistemáticamente incumplidas desde diferentes ámbitos.

Impulso Ciudadano, la entidad que preside el exdiputado José Domingo, ha redactado un documento con “20 propuestas para mejorar el Gobierno de España”. “No se trata de un programa electoral, sino de una exposición sucinta de algunas iniciativas relacionadas con el ámbito de las actividades de nuestra entidad”, advierte el documento. ¿Por qué se formaliza una petición de tal magnitud en un momento como éste? “La escasa regulación en materia de uso de símbolos constitucionales (más allá de la Ley 39/1981 relativa al uso de la bandera española y otras banderas y enseñas) ha demostrado ser insuficiente para impedir las maniobras de ciertos responsables públicos. Estos mandatarios, faltando a su promesa de lealtad constitucional, alteran la neutralidad en las instituciones y espacios públicos para favorecer a sus intereses políticos o personales y desprecian públicamente los símbolos constitucionales y a las más altas autoridades del Estado”, dice el documento.

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Domingo señala a El Confidencial que lo que intenta el documento es “promover la calidad democrática. Estamos a favor del pluralismo político, defendemos la diversidad lingüística y además tratamos de mejorar la cooperación entre administraciones”. Entre las medidas que promueve la entidad, explica su presidente, figuran “la libertad de la elección de lengua, la defensa del constitucionalismo y la mejora de la calidad democrática”. El documento fue distribuido este viernes a todos los partidos del ámbito constitucionalista que tienen representación parlamentaria.

Entre sus peticiones, por ejemplo, se encuentra la aprobación de una Ley de Símbolos Constitucionales que "los refuerce institucionalmente y asegure su cumplimiento a través de la responsabilidad personal”. Esa norma debería incorporar “mecanismos de bloqueo de fondos públicos a aquellas corporaciones que incumplan la normativa y vulneren la neutralidad ideológica”. En ese sentido, reclama la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) “para potenciar la neutralidad institucional en los edificios y espacios públicos, corregir las disfunciones partidistas e incrementar la potestad correctora y disciplinaria de las juntas electorales”. En otras palabras, endurecer la ley como ocurre en otros países de nuestro entorno, donde están prohibidos los símbolos, banderas, consignas o carteles partidistas en edificios públicos.

Afirma Impulso Ciudadano que “en España, la separación de poderes se encuentra menoscabada por la colonización partidista de las instituciones” y es preciso garantizar el “equilibrio institucional” en la separación de poderes, por lo que solicita la reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que prime en la elección y designación de sus miembros “el mérito, el prestigio y la capacidad”.

La primera Ley del Español

Impulso Ciudadano reclama, asimismo, la aprobación de la primera Ley del español y de otras lenguas de España “que desarrolle los efectos de la oficialidad de las lenguas, garantice los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones, regule el uso de las lenguas de España en los ámbitos institucional, administrativo, privado, comunicativo y cultural y potencie la presencia del español y de las otras lenguas en el mundo”. Esa petición lleva emparejada también la reforma del estatuto básico del empleado público y de las demás normas que regulan el acceso a la función pública.

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Ante la despenalización de la sedición y de las formas de malversación, pide también una actualización del Código Penal para endurecer las penas a los delitos contra la Constitución y la revisión de la Ley del Indulto para limitar la discrecionalidad del Gobierno. José Domingo considera que “tras la reforma del Código Penal, algunas medidas se han relajado y no son convenientes en estos momentos para luchar contra la corrupción política. Con nuestras propuestas, tratamos de atajar ese problema y no dejar resquicios para la degradación de la política”.

En el ámbito de la educación, Impulso Ciudadano reclama la reforma de las leyes educativas para “garantizar la consideración del español o castellano como lengua vehicular en la educación en toda España, la aplicación de modelos educativos que aseguren la igualdad en el desarrollo curricular y el establecimiento de un modelo único de evaluación de bachillerato y selectividad universitaria”, entre otras reivindicaciones. Entre otras cosas, propone la reforma de la legislación universitaria “para garantizar la libertad de cátedra, la neutralidad ideológica y el respeto a los principios de mérito y capacidad”.

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En materia de armonización, propone la reforma de la legislación electoral y de la Constitución, “en caso de considerarse necesario, para atenuar la sobrerrepresentación electoral del voto en algunos territorios”, así como la reforma legislativa para asegurar una atención efectiva e igualitaria en toda España y la reforma del sistema de financiación autonómica “que permita acabar con las situaciones de algunas comunidades autónomas y territorios forales”. En materia de acción exterior, reclama supervisar la acción de las delegaciones exteriores de las comunidades autónomas “para corregir las invasiones de competencias en política exterior del Estado o cualquier actividad destinada a dañar deslealmente la reputación de nuestro estado de derecho”. Ello se debe a que, señala el documento, “durante la última década, los gobiernos nacionalistas autonómicos, especialmente el catalán, han trazado y ejecutado un plan de descrédito del Gobierno de España en el exterior y con numerosos recursos económicos han dañado la imagen de las instituciones de nuestro país, desde el poder judicial hasta la Jefatura del Estado. Este descrédito ha llegado hasta el entorno de organismos internacionales”.

SCC reclama a Aragonès

Sociedad Civil Catalana (SCC), por su parte, la entidad que preside Elda Mata, envió este miércoles un requerimiento al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el objeto de que “adopte las medidas necesarias para impedir la utilización de la conocida como identidad digital republicana (IDR) en cualquier tipo de trámite administrativo, depurando las responsabilidades que sean necesarias”. Esta identidad no es otra cosa que la implantación del carné que vende Carles Puigdemont a través del Consell de la República, que además asesora, mediante un convenio, a los ayuntamientos en “buenas prácticas”. La utilización de ese carné, sustituyendo al DNI español puede ser ilegal y en el País Vasco ya hubo sentencias que desterraron la utilización de otra identificación que no fuese la oficial.

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Los Ayuntamientos que formalizaron convenios con el Consell de la República para este tipo de colaboración son los de Vic, Olván, Amposta, Santa Eulàlia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols. “La utilización de la IDR para la gestión de trámites municipales es ilegal y excede completamente la competencia de los Ayuntamientos”, alerta SCC en su escrito. Por ello, insta a Aragonès a que vele por el uso exclusivo del DNI español “como único documento oficial reconocido para la identificación personal en cualquier trámite administrativo municipal”.

La entidad constitucionalista advierte también que, adoptando otro carné de identidad, los municipios citados “se inmiscuyen en el ámbito de las competencias del Estado español pretendiendo constituir una identidad digital catalana diferenciada de la española que resulta del todo incompatible con lo que preceptúa el artículo 1 de la Constitución Española”. Por ello, le recuerda al president que, en 2003, en el País Vasco y Navarra se resolvieron recursos contencioso-administrativos presentados por la Abogacía del Estado “contra acuerdos municipales referentes a la expedición de lo que se denominó documento de declaración de la nacionalidad vasca. Los tribunales declararon la nulidad de estos acuerdos municipales por ser contrarios a la competencia exclusiva del Estado en materia de expedición de documentos de esta naturaleza”.