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Así se echaba a los policías de Cataluña: llega el juicio contra los cargos del PSC por coacciones
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Las amenazas y presiones llegan a juicio

Así se echaba a los policías de Cataluña: llega el juicio contra los cargos del PSC por coacciones

Fiscalía pide cárcel para dos cargos del PSC y el jefe de la Policía de Pineda por amenazas a los propietarios de una cadena hotelera

Foto: Policías salen de un hotel de Pineda del Mar, en octubre de 2017. (EFE/Andreu Dalmau)
Policías salen de un hotel de Pineda del Mar, en octubre de 2017. (EFE/Andreu Dalmau)

El 2 de octubre de 2017, un día después de celebrarse el referéndum ilegal en Cataluña, varios altos cargos del PSC y del Ayuntamiento de Pineda de Mar se acercaron hasta el hotel Chekin Mont Palau y amenazaron al director del establecimiento para que echase a casi 268 policías nacionales que se alojaban en el mismo y a otros 228 que se alojaban en el hotel Chekin Pineda, del que también era director el amenazado. Los policías habían sido destinados temporalmente a Cataluña para colaborar en las tareas de mantenimiento del orden público durante los convulsos días previos y posteriores al referéndum convocado por los independentistas.

Los ánimos exaltados de los dirigentes independentistas provocaron que centenares de personas se acercasen a diversos hoteles repartidos por toda la geografía catalana para amedrentar a los agentes destinados en esta comunidad. Su intención no era pacífica, sino intimidatoria, como quedó demostrado en algunos informes realizados. Lo extraño de este peculiar caso es que los dirigentes políticos que encabezaban la comisión de expulsión eran socialistas y tenían cargos representativos en el ayuntamiento de la ciudad: Carme Aragonès era primera teniente de alcalde y Jordi Masnou era segundo teniente de alcalde. El alcalde de la ciudad, el socialista Xavier Amor, quedó al margen del conflicto.

Foto: Pere Aragonès, en la última reunión del Consell Executiu. (EFE/Quique García)

En Pineda ocurrió lo que había ocurrido en otras localidades, como Calella o Reus: dirigentes locales (algunos de ellos, alcaldes) llamaban a la población a intimidar a los policías para echarlos de los pueblos donde se alojaban, como una extensión de la movilización ciudadana que pregonaba el soberanismo. La estrategia era siempre la misma: reunían a un centenar o más de exaltados y les hacían manifestarse intimidatoriamente ante los hoteles donde se alojaban los agentes. En Pineda llegaron a reunir hasta a 800 manifestantes, muchos llegados de fuera del municipio para engordar la protesta. Las escenas de tensión por la actitud de los independentistas concentrados se sucedieron durante un par de jornadas, hasta que los policías (que tenían orden del Ministerio del Interior de no enfrentarse a los vecinos y a los que se prohibió ni siquiera sonreír ante la turba) abandonaron la localidad. El 2 de octubre de 2017, pues, no fue una noche de cristales rotos, pero algunas connotaciones tenía.

Una comitiva de 'peso'

A las 21:00 de ese día, una comitiva municipal de Pineda tomaba el control de la situación. Estaba encabezada por los dos tenientes de alcalde citados, a quienes acompañaban las concejalas Sílvia Biosca, del PSC, y Mònica Palacín, de Esquerra, y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu. En un principio, la Fiscalía incluyó en la querella a las dos concejalas de ERC (Palacín fue elegida diputada con posterioridad), pero luego su acusación fue archivada porque no quedó acreditado que ellas formularan ninguna amenaza concreta contra los directivos de la cadena hotelera.

Pero, en cambio, mantuvo en la querella a Santacreu, que en su perfil de Twitter se hacía llamar Poli Filósofo. Un apelativo meramente teórico, sobre el papel; en la praxis, era lo contrario. Santacreu apareció por el hotel junto a los concejales. "Iba sin uniforme, pero se presentó como el jefe de la Policía Local de la localidad", relata el fiscal. No en vano era una de las fuerzas vivas de la ciudad, al ser el encargado del orden público y de la seguridad. Posteriormente, fue cesado de su cargo, pero los tribunales obligaron a readmitirlo en 2020. Su abogado es Andreu van den Eynde, el mismo que tienen Oriol Junqueras o Raül Romeva. Ahora, el fiscal le pide cárcel, lo mismo que a Carme Aragonès y Jordi Masnou, por un delito de coacciones (a la primera, el delito en concreto es delito continuado de coacciones), por lo que pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel, además de inhabilitación para desempeño de cargo público. El juicio iba a celebrarse en marzo del año pasado, pero la condición de policía de Santacreu obligó a suspenderlo y a que fuese la Audiencia Provincial la que se hiciese cargo del mismo en vez de un juzgado penal. De ahí que se haya retrasado hasta mañana.

Foto: Pere Aragonès y Oriol Junqueras. Foto de archivo. (EFE/Quique García)

El relato de los hechos que hace el fiscal responsable de delitos de odio y discriminación es escalofriante. Cuenta que Aragonès se dirigió al director "como máxima autoridad entre los allí presentes, contando con la presencia y apoyo intimidatorios del resto de querellados", y conminó "a que cerrara el hotel, con el consiguiente desalojo de los policías albergados en sus dependencias". El director se puso en contacto telefónico con el gerente de la cadena hotelera, al que telefónicamente la concejala socialista repitió su orden.

En ese momento, Aragonès pasó el teléfono a su colega Jordi Masnou, "quien, en su calidad de responsable del urbanismo municipal, advirtió al gerente expresamente en tono desafiante y amedrentador y estando presentes el resto de querellados que participaban de su mismo ánimo, diciéndole que 'tenía que echar a esos clientes sí o sí', contestándole que tenían reserva hasta el día 5 de octubre, y en ese momento, enfurecido, dando gritos el citado concejal, le dijo que 'él era el que mandaba allí', que si él 'decía blanco es blanco', acto seguido, dado que el gerente no cedía a sus pretensiones, incrementó su inadmisible presión advirtiéndole de forma desafiante que 'si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años".

Cinco años después, las amenazas y presiones llegan a juicio: este martes 17, la Audiencia de Barcelona juzgará a los encausados

Ante el temor de que les cerrasen los establecimientos, los propietarios de la cadena emitieron un comunicado en el que afirmaban que debían desalojar a los policías al día siguiente bajo amenaza municipal de cerrarles los hoteles durante cinco años. Aragonès, en cambio, declaró ese mismo día a La Sexta que había llegado a un acuerdo con los dueños de la cadena para que los policías abandonaran "por sí mismos, sin necesidad de recurrir a la fuerza, no tener que usar a los técnicos o los abogados del ayuntamiento para provocar su desalojo". Ante el comunicado de los propietarios, citaron a estos en el ayuntamiento para obligarles a firmar otro comunicado conjunto en el que afirmaban que no había habido ninguna medida de presión contra la cadena hotelera. Los hoteleros, cuando vieron el redactado de ese comunicado, se negaron a firmarlo y los responsables municipales de Pineda lo distribuyeron igualmente.

Cinco años después de esos aciagos días, las amenazas y presiones llegan a juicio: este martes 17, la Audiencia de Barcelona juzgará a los encausados. Masnou sigue siendo tercer teniente de alcalde y Santacreu sigue siendo responsable de la Policía Local, mientras que Aragonès está fuera de la Administración, lo que no la exime de su responsabilidad.

El 2 de octubre de 2017, un día después de celebrarse el referéndum ilegal en Cataluña, varios altos cargos del PSC y del Ayuntamiento de Pineda de Mar se acercaron hasta el hotel Chekin Mont Palau y amenazaron al director del establecimiento para que echase a casi 268 policías nacionales que se alojaban en el mismo y a otros 228 que se alojaban en el hotel Chekin Pineda, del que también era director el amenazado. Los policías habían sido destinados temporalmente a Cataluña para colaborar en las tareas de mantenimiento del orden público durante los convulsos días previos y posteriores al referéndum convocado por los independentistas.

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