"Te cierro el hotel cinco años": la Fiscalía desvela las coacciones por alojar policías

La apisonadora de la Justicia se ha puesto en marcha de nuevo, esta vez para investigar los presuntos delitos de coacción y falsedad en documento oficial de casi toda la cúpula del Ayuntamiento de Pineda de Mar contra agentes de la Policía Nacional desplazados a Cataluña con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los políticos, según la acusación, amenazaron a los directivos de una cadena hotelera con retirarle la licencia si no expulsaban a los policías de su pueblo. Luego, intentaron que todo pareciera cosa del propio hotel y falsearon un comunicado oficial con el logo del establecimiento. La revolución de las sonrisas se parece cada vez más a una revolución de las muecas. Lo que podría haber sido una negociación de ‘fair play’ se quedó en una auténtica chapuza de baja estofa. Hasta que el fiscal que atiende los asuntos de odio y discriminación le metió mano.

El relato de la Fiscalía sobre lo acontecido en Pineda no deja indiferente a nadie. El Ministerio del Interior había reservado habitaciones en los hoteles Chekin Mont Palau y Checkin Pineda para que se pudiesen alojar efectivos desplazados a Cataluña. Por esas fechas, grupos radicales, Comités de Defensa de la República (CDR), partidos políticos independentistas y muchos ayuntamientos, animaban a la población a manifestarse ante los hoteles que acogían a policías o guardias civiles. Por un lado, intentaban acosar a las fuerzas de seguridad en las calles. Por otra, hacerles la vida imposible desde las instituciones. El propio Gobierno catalán intentó que el barco del 'Piolín', donde se alojaron varios miles de efectivos, no pudiera atracar en el muelle de Barcelona.

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Y Pineda de Mar vivió una de las situaciones más tensas de aquellas jornadas, agravada por el posicionamiento de los responsables municipales. El 2 de octubre, al día siguiente del referéndum, “una comitiva encabezada por Carme Aragonés Flaquer, primera teniente de alcalde, coordinadora de Gobierno y concejala de Promoción Económica y vivienda”, se presentó en el hotel a las 9 de la noche. “Tras flanquear la puerta del establecimiento, demandaron entrevistarse con la dirección del hotel, entrando en el despacho del director”, dice el relato del Fiscal. Aragonés, “como máxima autoridad”, conminó al director a que cerrara el establecimiento “con el consiguiente desalojo de los policías albergados en sus dependencias”.

“Te cierro el hotel cinco años”

Aragonès iba acompañada por un elenco de ‘altura’: Jordi Masnou Ridaura, segundo teniente de alcalde; Mònica Palacín París, concejal de la oposición, y Carles Santacreu Manuel, jefe de la Policía Local, que a pesar de que iba de paisano, se identificó expresamente con su cargo oficial.

Ante la amenaza de cerrar el hotel, el director puso al teléfono al gerente de la cadena hotelera. Y los concejales, “en tono desafiante y amedrentador”, le reiteraron que “tenía que echar a esos clientes sí o sí”. Ante la excusa de que tenían reserva hasta el 5 de octubre, el concejal de Urbanismo, Jordi Masnou, echó mano de su testosterona: “Enfurecido, dando gritos, le dijo que él era el que mandaba allí, que si él decía blanco, era blanco. Acto seguido, dado que el gerente no accedía a sus pretensiones, incrementó su inadmisible presión advirtiéndole de forma desafiante que si no echaba a los Policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años”, relata el Ministerio Público. El gerente intentó razonar, explicándole al exaltado que no podía echar de esa forma a los clientes y que, en todo caso, tenía que hablar antes con un comisario de policía de Madrid, a lo que Masnou le increpó diciéndole que “a él le daba igual, que él era el que mandaba y que haría todo lo que tuviera que hacer para cerrarle los hoteles”.

Ante el abuso de autoridad, el gerente, por temor a posibles represalias, redactó una carta en la que señalaba escuetamente: “Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles, Chekin Mont Palau y Checkin Pineda mañana día 3 de octubre de 2017 antes de las 16 horas”. Aquella noche, comunicaron a los policías que tenían que abandonar el establecimiento.

La teniente de alcalde salió tan satisfecha de la reunión que a la primera cámara de televisión que vio en su camino (que resultó ser de La Sexta), le comunicó que había llegado a un acuerdo con al dirección de los hoteles “para que [los policías] los abandonaran por sí mismos sin necesidad de recurrir a la fuerza ni tener que usar a los técnicos o los abogados del Ayuntamiento para provocar su desalojo”.

El documento falsificado

Pero a la vista de la nota oficial del hotel, a primera hora del día siguiente se presentó de nuevo en el mismo, preocupada, junto a la teniente de alcalde de Comunicación, Silvia Biosca Estopa, para celebrar “una reunión urgente con el fin de hacer un comunicado conjunto entre la corporación municipal y Chekin Hoteles”. Las dos concejalas intentaron que el establecimiento asumiese la responsabilidad de expulsar a los policías: Aragonès hablaba y Biosca tomaba nota sobre el terreno. De la reunión salió un comunicado que tergiversaba totalmente la realidad.

La intención era distribuirlo a la prensa. Pero el Fiscal explica que en ese documento se señalaba, “con manifiesto desprecio a la verdad, que la dirección de los establecimientos, conjuntamente con el gobierno municipal, han planteado la posibilidad de adelantar la salida del personal alojado por razones de seguridad y con la finalidad de garantizar la convivencia en el municipio”. También hacía hincapié en que los responsables del hotel y los concejales, “de mutuo acuerdo”, acordaron que la salida de los policías se haría el 3 de octubre. “En ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión y desmentimos que el Ayuntamiento haya amenazado al establecimiento hotelero con el cierre del mismo”.

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Los representantes del hotel se negaron “expresa y rotundamente a firmar” el comunicado por las mentiras vertidas en él, lo que no fue obstáculo como para que las dos concejalas redactasen igualmente el texto y lo distribuyesen a la prensa. “La trascendencia pública del citado documento supone un desprestigio con el consiguiente descrédito para la compañía hotelera ante posibles clientes de toda España por la aparente imagen de trato discriminatorio transmitida y cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso policías”.

Por este oscuro episodio, Fiscalía acusa a los cuatro concejales y al jefe de la Guardia Urbana de delitos de coacciones (en el caso de Aragonés, es un delito continuado de coacciones). La querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 2 de Arenys de Mar, partido judicial del que depende Pineda.