Moncloa y Govern acuerdan la ampliación de El Prat y "reducir la conflictividad"

La ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat ya es una realidad. En una reunión previa a la comisión bilateral programada para este lunes, el 'vicepresident', Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desbloquearon este proyecto, valorado en 1.700 millones de euros, en un encuentro que no estaba en agenda y que eclipsó la cita que sí estaba prevista entre ambos ejecutivos. Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial, que se estrenaba en una cumbre catalana, puso el foco en la importancia de que se hayan retomado las reuniones técnicas y de que se haya fijado un calendario específico para poner en marcha cuestiones más allá del soberanismo, a pesar de que uno de los acuerdos alcanzados aboga por "reducir la conflictividad institucional".

"Es una tarea que tiene encomendada este ministerio", aseguró la titular del ramo, que incidió en que el marco de diálogo escogido se encuentra recogido en la Constitución y el Estatut. La infraestructura, explicó, implica la creación de un 'hub' de vuelos internacionales en la Ciudad Condal, aprobando la propuesta realizada por Aena, e incluye, asimismo, la llegada de la alta velocidad de tren a los aeropuertos de Reus y Girona, quedando ambos a media hora del de la capital. "Permitirá que ambos incorporen un rol complementario para descongestionar el de Barcelona", según las estimaciones de la Generalitat. Más de 83.000 empleos directos y un incremento de 2,1 puntos del PIB catalán que, según Rodríguez, implicará la ampliación entre 2022 y 2031. Todavía deberá recabar un informe favorable de la Comisión Europea y acordarse definitivamente antes del 30 de septiembre.

No se abordó, sin embargo, la gestión de las propias instalaciones, uno de los grandes reclamos de las fuerzas independentistas catalanas.

Sobre la mesa, se encontraban aspectos relativos a posibles transferencias del Estado a la Generalitat, como las becas educativas, que serán transferidas, pero también del salvamento marítimo, la legislación laboral o la formación profesional. En total, Puigneró llegaba con la petición de 56 traspasos.

Las partes acordaron un calendario de aquí a febrero en el que tenga lugar al menos una reunión de trabajo al mes entre ambos para ir abordando en comisiones sectoriales las posibles transferencias. En febrero, volverá a sentarse la bilateral para evaluar el estado de las conversaciones. Esta comisión no se citaba desde 2018, un hecho que destacó la propia ministra y que justificó por el contexto de pandemia y de elecciones. "Subrayaría el hecho de habernos reunido".

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EC

Rodríguez calificó el encuentro, de dos horas de duración, de "éxito", una visión muy distinta a la del Govern. "Esta reunión ha sido totalmente insuficiente", afeó Puigneró. "No hemos conseguido el objetivo que hemos planteado desde la parte catalana. Queremos avanzar de forma rápida en estos traspasos. En esta comisión tratamos estos temas, pero no queremos que sea moneda de cambio de la mesa de negociación del conflicto político", esbozó la 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà. La Generalitat arañó, además, la inversión antes de final de año de 200 millones para compensar el déficit existente en infraestructuras, un aspecto que viene recogido en la disposición adicional tercera del Estatut. La cuantía es, en palabras de Puigneró, "insuficiente".

Vilagrà lamentó que la comisión de economía y fiscalidad no se ponga en marcha hasta diciembre al considerar que podría dificultar un acuerdo sobre la aplicación de ese concepto en los años 2022 y 2023, así como otros puntos presupuestarios. "Es un tema pendiente de hace mucho tiempo. Nos hemos quejado de que la comisión de asuntos fiscales no llega hasta diciembre", criticó en su comparecencia, alegando la cercanía en el tiempo del momento en que deberían aprobarse los próximos Presupuestos Generales.

"La voluntad del Gobierno es contribuir a una vida más sosegada en Cataluña"

El encuentro de este lunes es previo a la mesa de diálogo prevista en septiembre entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Se trata de una reunión con la que las partes buscaban dejar claro el cambio de etapa hacia una menor tensión entre ambos gobiernos. "En el contexto social y político de Cataluña, será importante ver que empezamos a hablar de los debates sociales", argumentó Rodríguez. "La voluntad del Gobierno de España es contribuir a una vida más sosegada en Cataluña".

La titular de Política Territorial dejó claro que la reunión se ha llevado a cabo de forma "muy fácil" por el trabajo técnico realizado previamente, si bien reconoció que el Govern quiso dejar claras sus peticiones políticas y trató de abrir un debate sobre el reparto de los fondos europeos, aunque el Gobierno central lo enmarcó en un mero reclamo político que no estaba en el orden del día y que debe tratarse en su foro específico con el resto de comunidades.

​Acuerdo de becas

En materia de becas y ayudas a la educación, la ministra explicó que no se descarta que esta transferencia pueda darse ya para el curso 2022-2023, aunque reclamó prudencia porque se trata de un tema que se abordará en profundidad en octubre. "Es una cuestión histórica. La previsión es que entre en vigor para ese curso", matizó poco después la 'consellera' Vilagrà en una rueda de prensa posterior. Se abordó también la gestión del ingreso mínimo vital o de los trenes de cercanías (Rodalies), un aspecto que se debatirá en la comisión de infraestructuras, que se reanudará en otoño.

La cita de este lunes ha sido criticada por la CUP y por la derecha nacional de PP y Vox, que han visto en este encuentro la prueba de que Sánchez ofrece privilegios al independentismo respecto al resto de regiones del país. "Hoy, como otros antes, pacta nuevos traspasos de competencias. Mañana, lo que necesite para seguir en el poder. España necesita un Gobierno fiel a los españoles, no a los golpistas", afirmó Santiago Abascal en su cuenta de Twitter.