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La bilateral Gobierno-Generalitat, prueba de fuego para la ministra Isabel Rodríguez
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Se estrena con los temas catalanes

La bilateral Gobierno-Generalitat, prueba de fuego para la ministra Isabel Rodríguez

La principal novedad desde el punto de vista del Govern es la inclusión de la petición de la gestión del aeropuerto de El Prat. Se espera un calendario para negociar los traspasos

Foto: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. (EFE)
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. (EFE)

El independentismo "debería haber aprendido la lección", defendió la nueva titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una entrevista en la SER poco después de estrenar la cartera. Ahora, tres semanas después de haber accedido al cargo, la reunión de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de hoy se convierte en una prueba de fuego en el tema catalán para una ministra que 'a priori' tiene escasa sensibilidad con el secesionismo. La previsión, según fuentes del Gobierno y de la Administración autonómica, es que mantenga una política continuista, es decir, esfuerzo de acercamiento en el día a día y búsqueda de lealtad institucional. Pese a ello, la exalcaldesa de Puertollano sigue siendo sospechosa para los sectores más beligerantes del soberanismo.

Y aunque las intenciones de Rodríguez pasaban por aplazar la reunión a septiembre, ha sido la Generalitat la que ha forzado que se celebrase antes de terminar el verano, entre otras cosas, por la necesidad de ERC de intentar ofrecer a su electorado algún logro en su política de acercamiento a la Moncloa, según explican fuentes conocedoras de la organización del encuentro. La delegación catalana estará liderada por la 'consellera' de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, persona de confianza de Pere Aragonès, que acude con la intención de negociar 56 traspasos, la mayoría temas pendientes desde hace muchos años.

Fuentes del Gobierno apuntan que el principal logro que se espera de la reunión es que se cierren avances significativos sobre la cuestión de las becas y de las ayudas a los alumnos, dos asuntos sobre los que varias sentencias judiciales reconocen que hace años deberían haber pasado a formar parte del catálogo de competencias de la Generalitat.

El principal logro que se espera de la reunión es que se cierren avances significativos sobre la cuestión de becas y ayudas a los alumnos

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Presidència apuntan que su objetivo es salir de la reunión con un calendario para todos los traspasos. Sin embargo, no se esperan grandes avances ni concreciones, porque hace tres años que la comisión no se reúne. En otras palabras, se prevé que empiece una nueva época de 'peix al cove' del pujolismo o lo que el independentismo denomina ahora como "negociar el mientras tanto".

La principal novedad desde el punto de vista de la Generalitat es la inclusión de la petición de la gestión del aeropuerto de El Prat. Pero es un punto sobre el que no se prevé sintonía, máxime cuando la cuestión clave es pactar el modo en que se podría ampliar la tercera pista. Lo mismo pasará con la gestión del ingreso mínimo vital, que el Govern aspira a administrar. O los fondos europeos, que el Gobierno central ha dejado de manera deliberada fuera de la agenda de hoy.

Los extremos se oponen

Obviando a ERC, en el resto del independentismo, la reunión ha sido denostada en mayor o menor medida. La CUP ya la ha rechazado de pleno, en línea con lo que ha pasado con el PP y Vox al otro lado del espectro político. Los 'cupaires' han pedido a la Generalitat que reconsidere su participación en la comisión bilateral, un espacio que, a juicio de los anticapitalistas, contribuye a "la normalización del conflicto y estabilizar el régimen", y no da respuesta a la demanda de "más soberanía" de la mayoría de catalanes.

JxCAT primero criticó la reunión, pero luego coló a Jordi Puigneró en la misma

El caso de JxCAT es más complicado. Por un lado, la reunión ha sido tildada de "retorno al autonomismo". Pero, al mismo tiempo, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, ha conseguido a última hora un hueco en la misma porque el 'puigdemontismo' no quería quedarse al margen. En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el representante de Junts ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha de pasar de las "palabras a favor del autogobierno catalán a los hechos", y ha advertido: "Con el Estado, nosotros hemos de cobrar al contado, ya no vale a crédito".

Preludio importante

En otras palabras, la comisión bilateral, que solo se ha reunido nueve veces desde 2006 y siempre bajo gobiernos del PSOE en la Moncloa, servirá como preludio de la mesa de diálogo prevista para septiembre, el foro en que se pretende buscar una salida a la crisis territorial de Cataluña. Un preludio, sí, pero importante. No tanto por lo que se obtenga como por el nuevo clima político que se está generando y por la importancia de los temas que se tratan. Lo fundamental no es lo que se acuerde. Cuando la Generalitat plantea que quiere gestionar el aeropuerto de El Prat, por poner un ejemplo sobre una cuestión en que no hay acuerdo, lo importante es que el Govern ya no se centra en un único tema, el de la autodeterminación. De hecho, que Cataluña insista en introducir en la comisión bilateral la gestión de los fondos europeos confirma esa misma idea. Hay vida más allá de plantear un nuevo referéndum.

El independentismo "debería haber aprendido la lección", defendió la nueva titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una entrevista en la SER poco después de estrenar la cartera. Ahora, tres semanas después de haber accedido al cargo, la reunión de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de hoy se convierte en una prueba de fuego en el tema catalán para una ministra que 'a priori' tiene escasa sensibilidad con el secesionismo. La previsión, según fuentes del Gobierno y de la Administración autonómica, es que mantenga una política continuista, es decir, esfuerzo de acercamiento en el día a día y búsqueda de lealtad institucional. Pese a ello, la exalcaldesa de Puertollano sigue siendo sospechosa para los sectores más beligerantes del soberanismo.

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