El Govern opta por salvar el ICF y aparca su plan de avalar ante el Tribunal de Cuentas

La Generalitat ha naufragado en su intento de crear un fondo que cubriese a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de Cataluña, a los que pide 5,4 millones de euros. Un total de 31 acusados habían solicitado la cobertura propuesta por la institución, pero al final han tenido que avalar con su propio patrimonio ante el fracaso de la iniciativa pública. La raíz del problema: el miedo en el seno del Institut Català de Finances (ICF) a incurrir en irregularidades que de forma posterior pudiesen derivar en problemas legales para los miembros de la junta de gobierno —el equivalente al consejo de administración— o de la comisión ejecutiva, que encabeza su consejero delegado, Víctor Guardiola.

Fuentes financieras han explicado a este periódico que en el seno del ICF se negaron a firmar el contraaval o el aval directo, ya que el decreto ley de la Generalitat preveía que el instituto cubriese de manera transitoria las cantidades reclamadas en caso de que ningún banco privado colaborase en la operación, tal y como ha ocurrido, ya que ninguna entidad ha querido participar en la maniobra, como ya avanzó El Confidencial.

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El 'conseller' de Economía, Jaume Giró, expuso en rueda de prensa que no se iba a "correr el riesgo innecesario" de "someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias". Traducción: nadie ha querido jugársela en un procedimiento que, si bien por el decreto ley protegía al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a sus consejeros, ponía en riesgo al ICF, que además se encuentra en proceso de solicitar una ficha bancaria.

Se ha preguntado al ICF si se había debatido la cuestión en la junta de gobierno o en la comisión ejecutiva. También por qué no había participado en la operación Avalis, una entidad semipública, participada por la Generalitat y que preside Víctor Guardiola, el consejero delegado del instituto. La versión de portavoces del organismo es que "dada la naturaleza del decreto ley, no requiere de la aprobación por parte de la junta de gobierno, ni esta ha manifestado ninguna discrepancia en torno a esta actividad". La interlocución entre Giró y Guardiola es constante y fluida y, por tanto, el ICF está completamente alineado y de acuerdo con las decisiones tomadas por la Consejería de Economía y de Hacienda.

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En relación con Avalis, “se trata de una sociedad de garantía recíproca con mayoría de capital privado, es decir, no es una entidad pública de la Generalitat. En cuanto a su actividad, se centra en ofrecer avales a autónomos y pequeñas empresas por importes muy pequeños”.

Sin embargo, fuentes financieras explican que este mes la Generalitat ha intentado implicar a Avalis, pero ha resultado imposible: por estatutos, esta empresa ha alegado que no puede avalar a personas, y menos por riesgos políticos. El ICF plantea algo parecido, sus problemas para avalar entes personales y no jurídicos.

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Toda la compleja arquitectura legal que la Generalitat había elaborado en su decreto ley, y que venía del anterior Ejecutivo catalán, que encabeza el director del gabinete jurídico, Francesc Esteve, padre del proyecto por el que ha dado la cara Giró, ha topado con la realidad práctica del sector financiero. Un banco privado que avalaba, con un contraaval del ICF una fianzas de las que a su vez respondía un Fondo Complementario de Riesgos, creado por la propia Generalitat, que aportaba 10 millones parecía una buena idea en teoría, pero ha sido muy difícil de implementar en la práctica.

Realismo financiero

El realismo financiero se ha impuesto al voluntarismo legal de la Generalitat. Todas las entidades se han negado, incluyendo las ideológicamente más cercanas, como Caixa d’Enginyers. La razón: que aunque el aval era negocio seguro, 216.000 euros de ingresos anuales en una causa que podía durar años, tanto el PP como Vox habían anunciado recursos legales contra la iniciativa. Y una vez que un juez la admitiese a trámite para el banco privado que avalase, el BCE obligaría a provisionar la cuantía del aval. Una vez cuantificado así, a ningún banco español le sale rentable la operación.

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Tanto es así que, en los últimos días, la Conselleria de Economía ha estado buscando un empresario independentista privado que asumiese el aval, pero no ha habido suerte. Pero aunque un 'mecenas' hubiese asumido tal riesgo, luego tiene que haber un banco que emita el papel, el documento del aval. Y nadie quiere incurrir en ese riesgo reputacional. Así que al final el patrimonio personal de los encausados ha servido para cubrir el posible embargo, según ha informado la Agencia EFE. Y fin de la partida.

Conflicto de intereses

El ICF se encuentra muy sujeto al control del Banco de España. Además, aflora el conflicto de intereses de una institución de crédito 100% pública que avala a unos políticos acusados de haber malversado la misma Administración que es tenedora de las acciones de dicha institución. Este conflicto de intereses hace que la presión de Vox y el PP convierta cualquier demanda en muy probable de ser admitida a trámite y, por tanto, la operación de cobertura se ha convertido en material inflamable, por mucho que la Generalitat pudiese aportar al final la cadena activos —un inmueble, por ejemplo— con una valor muy por encima de las cifras avaladas.

El propio independentismo no creía en la fórmula propuesta. Y por eso reactivó la denominada 'caja de solidaridad', que ya roza el millón de euros, después de un llamamiento extraordinario precisamente para ayudar a cubrir estos avales que exige el Tribunal de Cuentas. Giró lo resumió de la manera siguiente: “Ha habido mucho ruido y poco tiempo. Y eso no ha ayudado”.