El Govern, sin tiempo: no logra aval bancario para las fianzas del Tribunal de Cuentas
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5,4 millones de euros

El Govern, sin tiempo: no logra aval bancario para las fianzas del Tribunal de Cuentas

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien ha añadido que su administración evitará implicar a los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas

placeholder Foto: Jaume Giró, en una imagen de archivo. (EFE)
Jaume Giró, en una imagen de archivo. (EFE)

Los altos cargos de la Generalitat de Cataluña encausados por el Tribunal de Cuentas tienen tiempo hasta este miércoles para depositar sus fianzas conjuntas de 5,4 millones de euros antes de que la Administración inicie los procedimientos de embargo de sus bienes. Entre los encausados figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y exconsejeros como Francesc Homs, Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, El total de altos cargos que están acusados son 34.

Hasta el momento no han podido reunir el dinero para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que le pide el Tribunal de Cuentas. El Govern aprobó hace quince días un decreto ley por el que establecía un mecanismo con el fin de que pudiesen tener algún instrumento legal y evitar el embargo. Ese mecanismo preveía que una entidad bancaria avalaría las fianzas. La propia Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), contraavalaría esos avales, por lo que los bancos no tendrían, en principio, por qué temer por su aseguramiento. Pero ningún banco se atreve a poner sus cuentas a disposición de los acusados.

Foto: Puigdemont, al fondo, junto a Junqueras. (EFE)

La razón se encuentra en las dudas sobre si ese procedimiento es legal. "¿Quién dice que de aquí a dos años un tribunal no considera ilegal el contraaval del ICF y los bancos se encuentran con que han avalado a unos señores que después no les pagarán?", señala a El Confidencial una fuente financiera.

placeholder Junqueras (d), junto a Puigdemont, en una foto de archivo. (EFE)
Junqueras (d), junto a Puigdemont, en una foto de archivo. (EFE)

Así pues, la situación es que, en el momento en que vence el plazo para depositar las fianzas, ninguna entidad bancaria ha querido soportar esa responsabilidad. ¿El motivo? El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, aseguró, tras la reunión del Govern este martes, que hay tres motivos fundamentales para que no haya todavía un resultado satisfactorio: “Primero, por la falta de tiempo. Un tema de este calado necesita varias semanas para materializarse y nosotros aprobamos el decreto hace tan solo dos semanas. Por tanto, no ha habido tiempo. En segundo lugar, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emitirá su informe sobre el decreto ley el próximo 29 de julio. Nosotros estamos convencidos de que sus parámetros se ajustan al Estatut y a la Constitución, pero hay que esperar a ver qué dice el CGE. Y, en tercer lugar, ha habido demasiado ruido mediático y estas operaciones han de cerrarse con una total discreción”.

No ha habido presiones

Giró subrayó: "Confiamos que el CGE clarifique la situación y tengamos pronto una institución financiera que avale las fianzas". El consejero de Economía aseguró también que no le consta que haya habido presiones del Banco de España o de los poderes políticos (o sea, el Gobierno central) para que los bancos rechacen ser los garantistas. "A mí solo me han llegado las declaraciones muy subidas de tono de los partidos de la derecha y la extrema derecha", añadió. Aseguró también que el hecho de que el ICF (o sea, el Govern) avale las fianzas "es de lo más normal, porque el decreto ley especifica que si hay una sentencia firma condenatoria la Generalitat recuperará hasta el último céntimo de euro del dinero avalado".

De todos modos, no deja de ser una paradoja que la Generalitat avale las fianzas de unos cargos que supuestamente provocaron un agujero ilegal en las finanzas de la propia Generalitat. En último extremo, si ningún banco avala las fianzas y estas son cubiertas directamente por el ICF, como se pretende, el desaguisado lo acabe pagando la propia Generalitat. O sea, que cubra ella el agujero que le han provocado, con lo que el perjuicio a las arcas públicas estaría asegurado.

Foto: Vista de la entrada del Tribunal de Cuentas. (EFE)

Giró aseguró también que el Gobierno catalán "hizo todo lo posible para ayudar a resolver la injusticia que se está produciendo con los exaltos cargos de la Generalitat. Y como hace solo 15 días que hemos aprobado el decreto ley de los avales, no hemos tenido aún respuesta de las entidades financieras que operan en Cataluña".

Según señalan fuentes del sector financiero a El Confidencial, las grandes entidades bancarias han dicho, ya que no quieren entrar en ese tema. "No se quieren arriesgar a que el contraaval del ICF sea declarado ilegal en un futuro próximo", asegura un financiero con mando en plaza en la capital catalana. Fuentes cercanas al Govern, por su parte, indican a este diario que se está trabajando preferentemente en la concreción de un acuerdo con dos o tres entidades y que "cualquiera de ellas podría ser la que, finalmente, se haga cargo de avalar las fianzas". Pero la discreción, subrayan, es obligatoria y evitan dar pistas de por dónde se está negociando.

Apoyo de la CUP

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que la formación apoyará el decreto que el Govern quiere llevar al Parlament sobre las fianzas, "diga lo que diga el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE)".

"Estaremos al lado del Govern para facilitar el apoyo en la forma que sea al conjunto de los represaliados por el Tribunal de Cuentas", ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, tras ser preguntada por el rechazo de los bancos.

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