El separatismo teme otro golpe del Tribunal de Cuentas por los intereses acumulados

El independentismo catalán teme que los requerimientos económicos a algunos de sus principales representantes no hayan acabado aún. A falta de ocho días para que finalice el plazo para que 41 antiguos cargos del Govern, entre ellos Junqueras y Puigdemont, depositen la fianza de 5,4 millones impuesta por el desvío irregular de fondos para la acción exterior, ha aparecido una nueva preocupación, en este caso, por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Artur Mas y otros siete afectados esperan conocer en los próximos días a cuánto ascienden los intereses de la caución que depositaron hace años por esta segunda causa.

La cifra engordará previsiblemente la pena que acaba de declarar firme el Tribunal Supremo. La duda es cuánto. En aquel caso, el órgano fiscalizador impuso una sanción de 4.988.620,11 euros, que debieron satisfacer conjuntamente todos los afectados, aunque en proporciones distintas, según su grado de participación y responsabilidad en los hechos. Aquella sentencia consideró probado que los condenados desviaron fondos para destinarlos a la organización y celebración de la consulta popular, un fin declarado inconstitucional.

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Entre los desvíos, se encontraba la compra de 7.000 portátiles para los registros de la votación. Los demandados alegaron en su día que dichos ordenadores fueron adquiridos para las escuelas públicas de Cataluña. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas consideró probado que se utilizaron para el fin ilícito del referéndum declarado ilegal, lo que basta para atribuir el gasto a un propósito igualmente contrario a la ley. Además de Mas, resultaron condenados Joana Ortega, Josefina Valls, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart.

En el año 2017, los condenados depositaron en el Tribunal de Cuentas las fianzas por dos conceptos: por una parte, más de 4,9 millones de euros como aportación dineraria y, por otra, los intereses de esa deuda —que entonces ascendían a 400.000 euros— y que se cubrieron con la tasación de las viviendas de los encausados. Pero, según defiende el órgano fiscalizador, de entonces a ahora los intereses no han dejado de ir aumentando. Los afectados calculan que en estos momentos rondarán al menos 600.000 euros. El dinero en metálico había sido aportado por la Caja de Solidaridad y con ese no habrá problema.

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El procedimiento se encuentra en su fase de ejecución. Una vez firme la sentencia, hay que esperar 20 días hábiles. La ley prevé que primero se entreguen al acreedor, en este caso la propia Generalitat, el dinero en efectivo y valores similares embargados, y luego los demás bienes confiscados, por acuerdo entre las partes, "por enajenación a través de entidad especializada, si procede, o por subasta judicial", explican fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas.

El organismo debe dictar una providencia dando por firme la sentencia y comunicar a los condenados una liquidación definitiva. En estos momentos, nadie conoce su cuantía, por el hecho de que no se sabe cómo se contabilizarán o desde cuándo. Una vez calculada la cifra definitiva, se verifica cuánto dinero hay depositado y en función de esa comprobación se decide cuánto hay que añadir. Es seguro que tendrán que aportar más, ya que solo está consignado el principal de la condena, pero no los intereses.

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En ese momento, se reclamará la diferencia entre lo que se debe pagar y el dinero depositado. El órgano preguntará a los condenados si desean abonarlo y, en caso contrario, se iniciará el proceso de subasta. Se da un plazo a los afectados para que depositen las cuantías reclamadas y si no lo hacen, se procede con la venta pública, mientras que lo obtenido se transfiere después a la Generalitat, que ha sido la perjudicada.

El fondo de la Generalitat

Este mismo martes, el Govern catalán ha aprobado transferir 10 millones de euros de partidas extraordinarias de varios departamentos para dotar el Fondo Complementario de Riesgos que aprobó la semana pasada para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos por la promoción exterior del 'procés'. En un comunicado, el Ejecutivo catalán ha explicado que se ha aprobado la transferencia de dicha cuantía "prevista en el capítulo 2 de los presupuestos, dentro del concepto DD10 'Gastos de varios departamentos, fondos extraordinarios".

Se trata de un fondo que tiene la Generalitat al que pueden acudir las diferentes consejerías en caso de que haya gastos no previstos en los Presupuestos o por cuestiones sobrevenidas. Las fuentes consultadas apuntan a que el Govern utiliza estas partidas de manera frecuente en diversos asuntos.