La gran banca reniega del plan de la Generalitat para cubrir las fianzas del 'procés'

La banca da la espalda a la Generalitat en su intento de cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos. "Tendrán que pedirlo en otro sitio" o "nosotros seguro que no, borda la ilegalidad", comentan extraoficialmente desde algunas de las principales entidades del país. El riesgo reputacional y la sombra de lo que ocurrió en 2017 después de la DUI (declaración unilateral de independencia) hacen que ningún banco del Ibex se plantee entrar en la operación, que ya ha sido calificado de "posible prevaricación" por parte del Tribunal de Cuentas.

Los banqueros consultados por este medio lamentan que la "huida hacia adelante" de la Generalitat haya vuelto a poner el foco sobre el sector financiero, tras las fugas masivas de depósitos que sufrieron CaixaBank y Banco Sabadell en 2017 hasta que aplicaron el 'cortafuegos' de mover su sede fuera de Cataluña.

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A. Fernández. Barcelona

Santander y otras entidades consultadas descartan que vayan a entrar en estos avales y niegan ningún tipo de contacto con la Generalitat antes del anuncio hecho oficial este martes, con la creación de un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas. El Govern quiere blindar a sus cargos afectados con un contraaval que se articularía a través del Institut Català de Finances (ICF). Este, a su vez, necesita que un banco se encargue de pagar la fianza y luego ejecute el aval. Desde este punto de vista, no habría riesgo financiero, pero lo que aleja a las entidades es el riesgo reputacional.

De hecho, al ser una operación relacionada con políticos, tendría que ser validada a través de sus comités de riesgos y consejos de administración, lo que cierra todavía más la puerta a esta posibilidad. "Muchos consejeros no van a querer dar el visto bueno a este aval. Puede volverse en contra de la entidad, algún accionista podría incluso demandar por alejarse de las buenas prácticas bancarias", expone un financiero consultado por este medio.

La incógnita de Caja de Ingenieros

Descartados 'a priori' los grandes grupos, la incógnita es si el Govern podría conseguir el apoyo de alguna entidad más pequeña para ejecutar los avales del ICF. En boca de todos está el nombre de Caja de Ingenieros, una de las pocas que no se movieron de Cataluña en octubre de 2017 y que ha sido ligada al independentismo. De hecho, ya fue la entidad desde la que se pagó la fianza de Carme Forcadell en 2017. Esta entidad también es conocida por la hipoteca de la vivienda del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Uno de los retos a los que se enfrenta la entidad que se preste a los planes de la Generalitat es que tendrá que comunicar la operación al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco de España, debido a sus connotaciones políticas. Ante Fráncfort, tendrían que rendir las 11 entidades supervisadas por Europa: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Liberbank, Ibercaja, Abanca, Kutxabank y Cajamar.

El resto, como Caja de Ingenieros, responde ante el Banco de España. Las fuentes consultadas señalan que el supervisor puede exigir provisiones por los riesgos que entraña la operación o abrir una inspección en caso de que haya sospechas de que los intereses políticos hayan prevalecido sobre los financieros y de prevención de riesgos que deben contemplar los consejos de administración.

Los banqueros consultados también cuestionan los planes de la Generalitat por el freno que suponen para la normalización de la vida económica en Cataluña. De hecho, el mes pasado, algunos empresarios catalanes empezaron a hablar de la operación retorno de las sedes como vía para destensar la situación política, junto a los indultos.

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Carlos Hernanz

Las dos principales entidades catalanas sufrieron una fuga de depósitos de 11.600 millones en los días posteriores a la DUI. La retirada de dinero fue de 7.000 millones en el caso de CaixaBank y de 4.600 millones en el de Sabadell, ante unos clientes que no querían exponerse al riesgo de tener sus ahorros en una entidad fuera de la Unión Europea (UE).

Para controlar esta situación, las dos entidades tuvieron que recurrir a un cambio de sede exprés que necesitó de un real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. CaixaBank optó por mover su sede a Valencia, a las antiguas oficinas de Banco de Valencia, y Sabadell a Alicante, donde compró CAM.