Torra echa hoy un órdago a la Monarquía mientras tapa la corrupción de su partido

El independentismo tiene todo a punto para poner en jaque a la Monarquía aprovechando la salida de España del rey Juan Carlos I, acosado por los escándalos de corrupción. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue el más rápido al este del río Ebro en solicitar un pleno extraordinario del Parlamento catalán en pleno mes de agosto para denostar a la Monarquía y volver a reclamar el “derecho a la autodeterminación” y a la “república catalana”.

Hace escasos días, el juez José de la Mata emitía un auto tachando a la familia Pujol, cuya cabeza visible, Jordi Pujol Soley, fue presidente de la Generalitat durante 23 años, de “organización criminal”. En otro auto, relativo al caso 3%, el juez imputaba a una docena de cargos de CDC, a una treintena de empresarios y altos cargos de las administraciones, a una quincena de empresas, a CDC y al PDeCAT como integrantes de organización criminal y se les acusa también de blanqueo de capitales, asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias y cohecho. Ante este derroche de irregularidades, sin embargo, Quim Torra guarda silencio y mira hacia otro lado, lo que solivianta a la oposición. El soberanismo llega a exigir que Juan Carlos I “devuelva el dinero”, pero no se lo exige a los partidos corruptos nacionalistas ni a sus dirigentes. Un perfil político digno de estudio para las futuras generaciones.

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Hay un dato a tener en cuenta: la familia Pujol y un buen puñado de exconsejeros de la Generalitat y exdirigentes de CDC han sido imputados judicialmente. El propio Carles Puigdemont está siendo investigado por corrupción en un juzgado de Girona tras una denuncia de la CUP. Torra los defiende a capa y espada y exige presunción de inocencia. Pero el emérito, pese a quien pese, a pesar de los indicios en su contra, no ha sido todavía imputado, aunque la Fiscalía del Supremo ya ha abierto diligencias para valorar los supuestos delitos que pudiera haber cometido. ¿Por qué al emérito se le acusa y señala y se organiza un pleno extraordinario en pleno mes de agosto y a los líderes independentistas se les defiende? ¿Hay una doble vara de medir en Cataluña?.

¿Se ha de poner en la picota a la Generalitat por el hecho de que uno de sus expresidentes (Pujol) esté siendo investigado por delitos gravísimos?

Al margen, hay otra cuestión: como consecuencia del proceder de Juan Carlos I, se pone en la picota a la Monarquía. ¿Se ha de poner también en la picota a la Generalitat por el hecho de que uno de sus expresidentes (Jordi Pujol) esté siendo investigado por delitos gravísimos y otro (Artur Mas) ya haya sido condenado?. La intención del pleno parlamentario convocado por Torra para este viernes no es sólo para denostar a la Monarquía y cantar las alabanzas de una supuesta república catalana, sino también para pedir la abdicación de Felipe VI. Pero con su cruzada contra la Monarquía, Quim Torra ha abierto un melón que le puede resultar amargo.

“Esto raya lo inmoral”

“Lo que está pasando en Cataluña es demencial y raya lo inmoral”, asegura Nacho Martín Blanco, diputado de Ciudadanos. Se queja de que se convoque un pleno urgente sobre la salida del emérito “pero nunca se han planteado un pleno sobre la corrupción y eso que hay casos como el de los Pujol, las ITV, el caso Palau, el 3%, incluso con sentencias que acreditan la corrupción. Es un caso paradigmático de la asimetría de la tolerancia que impone el separatismo y que asume Podemos y los populistas”.

Martín Blanco resalta que “la sobreactuación de Torra es abyecta. Es un pleno convocado para una parte de su parroquia. Me inquieta esa manera de soslayar una parte de la realidad catalana que esconde los casos acreditados de corrupción, sobre los que tampoco dicen nada los aparatos mediáticos de propaganda del independentismo”. El objetivo, a juicio del diputado del partido naranja, es minar el sistema. “Todo lo que hacen o dicen tiene como objetivo derribar el marco de convivencia, el espíritu de la transición y de consenso y la altura de miras que ellos detestan, porque esa transición unió a todos los españoles. Detestan ese espíritu de concordia y detestan a la Monarquía y al Rey, cuando esa figura simboliza la permanencia y la unidad de España. En eso, he de reconocer que hay una coherencia perversa del separatismo”.

Juegos de pirotecnia

“Si Torra se pensaba que esto le iba a salir gratis, se equivoca”, explica a El Confidencial el diputado del PSC Jordi Terrades. No le falta razón. “En la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya, se encuentra gente de la anterior etapa que hablan ahora de corrupción sin despeinarse, como si la cosa no fuese con ellos. El propio Carles Puigdemont era militante de CDC desde el año 1983; fue alcalde de Girona gracias a que era militante de CDC; y fue presidente de la Generalitat porque era afiliado a CDC, precisamente durante el periodo bajo sospecha que se está investigando. Incluso el propio Quim Torra es ‘president’ gracias a que concurrió en la lista heredera de CDC. Por eso luego ves que hay cierta resistencia a que el Gobierno se persone, ya que arrastran cierto sentido de culpabilidad y no están dispuestos a hacer tabla rasa del asunto”.

Terrades también afirma que “lo de Torra son juegos de pirotecnia. Una cosa es el comportamiento del emérito. Nosotros somos críticos con el comportamiento privado de Juan Carlos I. Mientras las clases trabajadoras estaban sufriendo las consecuencias de una dura crisis, el jefe del Estado debería haber llevado una vida ejemplar. Pero otra cosa es lo que hacen los independentistas, puro juego pirotécnico”. Asegura el socialista, en este sentido, que “de la misma manera que ellos piden presunción de inocencia para los suyos, habrá que concedérsela también al Emérito y dejar que la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya ha abierto diligencias, o Hacienda hagan su labor. Queremos que se les deje trabajar, igual que ya se dejó trabajar al juez De la Mata en los casos Pujol y 3% durante los últimos cuatro años o más”.

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Santi Rodríguez, diputado del PP, explica que “sin entrar a valorar el tema del emérito, lo que está claro es que una cosa son las personas y otra las instituciones. En Cataluña, tenemos procesos contra cargos de la Generalitat, hay incluso una sentencia. Y al propio expresidente de la Generalitat se le relaciona ahora con los cargos de organización criminal. Artur Mas, sin ir más lejos, fue sentenciado y el propio Carles Puigdemont está investigado por un juzgado de Girona por corrupción. ¿Y por estos corruptos hemos de cargarnos la Generalitat? Si es así es que no han entendido nada. Lo que pretenden es desacreditar a España, que es lo que han querido siempre”.

Rodríguez saca a colación también el caso del 3% y los intentos de Torra de esconder la situación de sus correligionarios. “Ese es un debate imprescindible: el de si la Generalitat ha de personarse como acusación particular en el caso 3%. Pues claro que tiene que personarse, faltaría más, porque hay indicios más que suficientes como para sospechar que se han detraído fondos públicos que han ido a parar a Convergència”.

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Nacho Martín Blanco resalta también que su partido insistirá en que el Govern ha de personarse en los sumarios del 3% y Pujol. “¿Cómo no va a ser parte afectada si hay indicios de que se ha detraído dinero público?”, se pregunta.

El papel de ERC

El papel de ERC tampoco convence a nadie. El partido republicano lleva gobernando 8 años Cataluña junto a Convergència y en este lapso no ha aprobado ninguna iniciativa para intentar paliar el daño ocasionado por la corrupción. Es más: la oposición le echa en cara que a la denunciante del caso 3%, la concejala Montserrat Gasull, de Torredembarra, la marginó y le retiró todo su apoyo cuando comenzó su cruzada contra la corrupción. Gasull terminó abandonando Esquerra, denunciando el cinismo de la formación republicana y acusando a los líderes de ERC, con Oriol Junqueras al frente, de esconder la corrupción bajo las alfombras. La concejala murió de una larga enfermedad en 2016, pero es un ejemplo paradigmático del calvario que sufren quienes denuncian corrupción en Cataluña.

Y no sólo eso. “Nosotros presentamos una moción en el mes de enero pidiendo la personación del Govern en los sumarios de corrupción y ERC votó en contra. ¿Por qué ahora, siete meses después, lo pide? ¿Acaso porque están las elecciones a la vuelta de la esquina? Parece ser que, en clave electoral, le interesa meter ahora el dedo en el ojo a sus socios en la Generalitat, pero eso demuestra una gran falta de dignidad y de lealtad”, explica Nacho Martín Blanco. Para el diputado de Ciudadanos, los republicanos pecan también de falta de coherencia y de “un cinismo digno de mejor causa. Ellos han sido cómplices y cooperadores necesarios de la corrupción, ya que cuando CDC metía la mano en la caja miraban hacia otro lado. No tienen voluntad de implantar una transparencia que ponga fin a las corruptelas, porque de lo contrario ya lo hubieran hecho. Sólo les mueven intereses electorales”.

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El socialista Jordi Terrades se muestra, asimismo, crítico y apunta hacia un posicionamiento oportunista de los republicanos. “El papel de ERC es nefasto. Precisamente plantean ahora la personación en el caso 3% al final de la legislatura. ¡Qué bien! Pero eso tiene truco. La podrían haber planteado al inicio de la legislatura, cuando muchos ya lo decíamos”, subraya.

La ofensiva independentista contra la Corona, no obstante, se trasladó también al Ayuntamiento de Barcelona, en el que JxCAT y ERC han pedido a la alcaldesa, Ada Colau, la convocatoria de un pleno sobre la Monarquía. En la moción que quieren aprobar se plantean siete puntos, que van desde retirar la medalla de oro de la ciudad a Juan Carlos I hasta la reprobación del Gobierno del Estado por su colaboración “en la salida del Rey emérito” pasando por exigir a Pedro Sánchez el rol del Gobierno en la “operación de Estado de blindaje de la Monarquía”, la constatación de que “la Monarquía española es sucesora del régimen franquista” o instar al Gobierno central y al Congreso la investigación de la Monarquía, retirar los privilegios a Juan Carlos I, eliminar su aforamiento, derogar los delitos de calumnias e injurias a la Corona, fiscalizar las cuentas de la Casa Real y exigir la devolución “del dinero que la Monarquía haya obtenido de manera ilícita”. Justamente lo que no hacen en las causas que afectan a exconvergentes independentistas que se han llevado miles de millones de las arcas públicas durante décadas. Algo huele a podrido en la Cataluña pos-CDC. Los soberanistas aprovechan también para deslizar un punto en el que reclaman “reafirmar el derecho de autodeterminación de Cataluña para que los catalanes decidamos nuestro futuro político e institucional”.