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La Audiencia Nacional propone juzgar a los Pujol Ferrusola por organización criminal
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EL JUEZ APUNTA A CUATRO DELITOS

La Audiencia Nacional propone juzgar a los Pujol Ferrusola por organización criminal

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer, Marta Ferrusola LLados, y sus siete hijos, además de contra otras 18 personas

Foto: Foto de archivo de la familia Pujol. (EFE)
Foto de archivo de la familia Pujol. (EFE)

Cuarenta años después de que Jordi Pujol Soley se convirtiera en presidente de Cataluña, él y toda su familia ponen rumbo al banquillo. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a los nueve miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición "privilegiada en la vida política, social y económica de Cataluña", acumuló durante décadas un "patrimonio desmedido" a partir de "actividades corruptas". En el auto, que pone fin a la instrucción de la pieza principal del caso, el magistrado sostiene que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

El juez procede así contra el expresidente de la Generalitat, su mujer Marta Ferrusola Lados y contra sus siete hijos, además de otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Parte de los hechos investigados coincidieron con el patriarca como presidente catalán entre 1980 y 2003, tiempo en el que dirigió las actividades de la familia junto a su mujer, la “madre superiora de la congregación”. Un escalón por debajo, De la Mata apunta a su hijo Jordi Pujol Ferrusola, "el capellán de la parroquia".

Foto: Marta Ferrusola. (Ilustración: Raúl Arias)

Ante al argumento esgrimido por la familia de que la fortuna procede de la herencia de un abuelo, el juez considera que no existen indicios sólidos para acreditar ese origen: “A lo largo de la investigación, no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”. A esto se suma que la familia niega conocer el lugar en el que estuvo el legado, los bancos por los que pasó, cómo llegó a Andorra o la cuenta y productos financieros en los que estuvo invertido. Hasta que llegaron a los tribunales, la familia jamás se preocupó por la supuesta herencia y, una vez investigados, pusieron excusas de todo tipo, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.

La familia Pujol será juzgada por formar una presunta organización criminal

Frente a estas lagunas a la hora de explicar su fortuna, el magistrado explica que, al menos en ocasiones, el origen de los fondos se encuentra en los pagos millonarios realizados por terceras personas, en su mayor parte empresarios, que después se disimulaban bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. A cambio, De la Mata sostiene que otorgaban todo tipo de favores a lo largo y ancho de Cataluña, desde adjudicaciones hasta cambios de calificación urbanística. Su poder llegaba a tal punto que, según explica el auto, los empresarios a veces pagaban a la familia para "congraciarse", sin buscar más beneficio a corto plazo que el de tejer una buena relación con ellos.

​​El clan Pujol Ferrusola

En los últimos años, con el expresidente catalán y su mujer como telón de fondo, su hijo Jordi Pujol Ferrusola asumió la dirección del clan. El juez considera que, a lo largo de la instrucción, él mismo ha admitido que las operaciones que llevaba a cabo estaban relacionados con el patrimonio que gestionaba para sí y su familia, encargándose además de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de cada uno de sus hermanos: Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia, más allá de su participación en determinados "negocios", se limitaban a seguir sus órdenes, salvo en el caso de los otros tres varones, que también realizaban transferencias al resto.

Foto: Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)

Más allá de los familiares directos, De la Mata apunta a empresarios y terceros que colaboraron con ellos, ya fuera a través de sus estructuras mercantiles o haciendo de intermediarios para ocultar los movimientos. A la vista de estos hechos, el magistrado afirma que el funcionamiento coincide con el de una organización criminal, pues tenía diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo: la investigación arranca con la apertura de las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 y llega hasta 2014, cuando perdieron su posición privilegiada entre constantes escándalos de corrupción.

El objetivo de esta supuesta organización criminal era claro: "Obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas". Una misión que, según señala el juez, exigía a su vez un constante blanqueo de capitales: “Es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta", afirma el auto. Para ello, "el dinero se hacía llegar a la familia directamente en 'negro', en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.

Cuarenta años después de que Jordi Pujol Soley se convirtiera en presidente de Cataluña, él y toda su familia ponen rumbo al banquillo. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a los nueve miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición "privilegiada en la vida política, social y económica de Cataluña", acumuló durante décadas un "patrimonio desmedido" a partir de "actividades corruptas". En el auto, que pone fin a la instrucción de la pieza principal del caso, el magistrado sostiene que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

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