El Govern culpa al Gobierno de un posible rebrote y critica las mascarillas enviadas

En su particular guerra contra el Gobierno, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, arrojó sobre los hombros del Ejecutivo español la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia. La guinda la puso el consejero de Interior, Miquel Buch, que amenazó al Gobierno español por el número de mascarillas que había enviado a Cataluña, porque coinciden con el año 1714. “Así, no”, retó el consejero.

Budó, siguiendo la estela del ‘president’ Quim Torra, fue muy beligerante con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No se debían haber tomado ahora las medidas de aflojar el confinamiento, sino que se deberían haber tomado dentro de unos días. El Gobierno español actúa con irresponsabilidad y de manera indeterminada”, clamó la consejera, que avanzó que el Govern sí tomará medidas anti rebrote, que son las avanzadas por este diario (ver noticia: ). “Pero no sabemos si serán suficiente por dos razones: primero, porque no tenemos material de autoprotección; y segundo, porque los expertos dicen que no hay todavía una actividad inmunitaria muy elevada, es decir, no hay un número elevado de ciudadanos que hayan pasado el coronavirus y que, por tanto, hayan quedado inmunizados. Además, no estamos en situación de hacer PCR [tests de laboratorio] a toda la población”.

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Budó se quejó de que “el Gobierno central nos retiró las competencias en lo que se refiere a confinamiento” y de ahí que el Govern tenga las manos atadas para impedir el relajamiento de las medidas, pero advirtió de que “en lo que tenemos competencias, hacemos caso a los expertos y a los científicos”. Insistió varias veces en que la decisión de que vuelvan a trabajar millones de personas “es una medida precipitada e irresponsable” y enfatizó que la Generalitat “nos basamos en criterios científicos. Por eso pedimos al Estado español que nos diga qué criterios científicos, si los tiene, ha aplicado aquí”. También afirmó que “el Govern ya pedía desde hace tiempo el confinamiento total y el Estado acabó aceptándolo y decretándolo de allí a quince días. Aquí están las divergencias entre los Gobiernos. No es una cuestión de políticas, de territorio o de Cataluña. Es un desencuentro, porque nos encontramos con una realidad”.

Reiteró en varias ocasiones que “pedimos que se alargue el confinamiento para evitar rebrotes y hacemos un llamamiento a las entidades sociales, empresariales y sindicales para que apoyen este llamamiento”. Así, pidió que, en cuanto sea preciso, se haga teletrabajo y aseguró que todas las obras que dependen de la Generalitat permanecerán paradas, excepto las urgentes. “En el Consejo de Relaciones Laborales, hemos acordado las condiciones en que se debe volver al trabajo -subrayó-. Y el ‘president’ Torra ha dado instrucciones para actuar con la máxima contundencia”.

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A pesar de esa andanada, Budó señaló que no existen discrepancias con el Gobierno central, sino solo diferencias por las cifras que se manejan. “No es que se acentúen las discrepancias: los expertos nos dicen que no debe irse mañana a trabajar [o sea, este martes, el primero laboral en Cataluña tras la Semana Santa], sino que debemos esperar unos días y esperar a un escenario que permita que no haya ningún rebrote. Por eso insistimos en el confinamiento”.

La consejera de Presidencia también admitió que el Ejecutivo catalán encargó al epidemiólogo Oriol Mitjà “un plan de desconfinamiento gradual que permita ir abordando objetivos para el retorno a la máxima normalidad. Por tanto, trabajamos en ese plan de confinamiento gradual y transversal. En los próximos días lo tendremos para abordar medidas de confianza”.

El número maldito

Miquel Buch sacó también toda su artillería pesada. Por un lado, criticó que el Gobierno central hubiese enviado a Cataluña 1.714.000 mascarillas. “Son 1.714 miles de mascarillas, una cifra simbólica y nefasta para los catalanes”, se quejó. La cifra hace referencia al año 1714, la fecha de la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V. “Parece un mensaje del Gobierno español -criticó el consejero-. Y le decimos que así no. Si a alguien se le ocurre que las próximas cifras de material enviado a Cataluña sea de 1939, no se lo permitiremos. No se juega con los catalanes ni con nuestra historia”, aseguró visiblemente afectado Buch. Evidentemente, 1939 hace referencia al término de la Guerra Civil y el comienzo del franquismo. De hecho, las redes sociales y los foros más hiperventilados del independentismo echaban humo desde este domingo por la noche, criticando los números de las mascarillas: 1.264.000 para Barcelona; 180.000 para Tarragona; 172.000 para Girona; y 98.000 para Lleida.

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Además, a perro flaco, todo son pulgas: el consejero se quejó porque el Gobierno español les envió las mascarillas “pero no nos dijo cómo las tenemos que repartir. Aquí somos 7,5 millones de ciudadanos. Nos han dicho que eran para trabajadores que se desplacen a sus puestos y que cojan transportes públicos, pero no nos han detallado cómo. Ni siquiera se nos consultó para saber cómo se ha de hacer el reparto, sólo nos las sueltan y ya nos arreglaremos. Y al Gobierno español le decimos que estos sistemas, no, porque pueden provocar disfunciones y desconcierto entre la ciudadanía”. La diligencia del Gobierno central contrasta, no obstante, con el anuncio que hizo la Generalitat la pasada semana de repartir varios millones de mascarillas a través de las farmacias, que tuvo que ser desmentido y retrasada su puesta en funcionamiento hasta, como mínimo, el día 20 de abril.

Curiosamente, en ese momento se colgaba un comunicado del departamento de Interior afirmando que ya estaba a punto “el dispositivo para repartir mascarillas mañana [martes] para las personas que tengan que ir a trabajar con transporte público” y detalla que habrá más de 100 puntos de distribución por toda Cataluña, concentrados en espacios intercambiadores con más afluencia de pasajeros en localidades de más de 30.000 habitantes. No obstante, destaca en el texto que “el anuncio del Estado ha sido muy confuso”.

Buch informó también que este fin de semana, los Mossos d’Esquadra había realizado más de 18.300 identificaciones de personas y más de 16.800 vehículos. Además, hubo 3 cierres de establecimientos, 45 detenciones y 5.348 denuncias contra personas que se saltaron el confinamiento. Por su parte, la consejera de Salud, Alba Vergès, apeló a la corresponsabilidad de los ciudadanos y anunció un plan para hacer tests masivos a la población.