Torra se atrinchera, mueve la calle contra ERC por 'traidor' y la investidura se envenena

Trinchera y más trinchera. A Quim Torra no lo echa nadie del Palau de la Generalitat. Eso es lo que dijo en un breve pero contundente mensaje institucional este viernes tras conocer su inhabilitación exprés por parte de la JEC, el mismo órgano que quitaba la inmunidad y el escaño de eurodiputado a Oriol Junqueras. "Solo el Parlament puede decir quién es el 'president' y quién deja de serlo. Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo 'president' y ejerciendo las funciones de mi cargo. Soy diputado y 'president'", aseguró el mandatario catalán. ¿Por qué? Porque considera que "la JEC es un órgano administrativo y se atribuye funciones que no le corresponden". En ese momento, la bandera española que ondeaba en el Palau de la Generalitat era ostentosamente retirada entre los aplausos de los dos o tres millares de personas que había en la plaza de Sant Jaume. Eso sí, quince minutos más tarde era colgada de nuevo. Según fuentes independentistas, el propio Torra ordenó retirarla, pero luego fueron los Mossos quienes la volvieron a poner en su sitio.

Torra acusó a la JEC de dictar una resolución ilegal, extralimitándose en sus funciones. "Es la segunda vez que intentan destituir a un 'president'. Pero esta vez quieren hacer un 155 sin ni siquiera pasar por el Senado. Se trata de un golpe de estado contra las instituciones catalanas. Por eso, he pedido un pleno extraordinario del Parlament para pedir que se rechace la resolución de la JEC que vulnera la ley". Aseguró también que, a la vista de que no dejan ser eurodiputado a Oriol Junqueras, "vivimos en una democracia solo aparente" y anunció que no habrá solución para España "si continúa la vía de la represión". El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó el pleno para este mismo sábado a las cinco de la tarde mientras, en el Congreso de los Diputados, ERC escenifica su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

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El presidente del Gobierno catalán, no obstante, alcanzó ayer una de las estaciones soñadas de su carrera política: convertirse en otro 'mártir' de la 'causa'. Llegó en mayo de 2018 diciendo que no era el 'president' verdadero, presentándose durante meses como el 'presidente custodio', y ahora —un año y una sentencia contra el 'procés' después— la JEC lo fulmina de un plumazo: elimina su condición de diputado por lo que, presumiblemente, no podrá seguir ejerciendo de máximo mandatario de Cataluña. Pero no se irá sin ruido ni demostraciones en la calle: habiendo convocado una reunión de Govern extraordinaria este viernes a las 8 de la noche, con una durísima declaración institucional y con las plataformas extremistas en las calles de Barcelona, convocadas por la ANC y Òmnium Cultural.

Acoso a ERC

Su inhabilitación anticipada, sin esperar a sentencia firme (algo no habitual pero tampoco único) y la decisión de no permitir a Oriol Junqueras ser eurodiputado son decisiones de una JEC que ha sido cuestionada por diversos segmentos políticos, desde ayer también el PSOE, pero especialmente por círculos soberanistas. El fallo sobre Junqueras, adelantado por sorpresa por el líder del PP, Pablo Casado, cae en un momento crucial, ya que este sábado comienza el pleno de investidura al que ERC aporta su abstención para permitir la formación de un Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. La Ejecutiva de ERC se reunirá este mismo sábado para valorar la actualidad, analizar las decisiones de la JEC y trazar una estrategia a corto plazo.

Desde el resto de fuerzas políticas soberanistas, las decisiones de la JEC han sido aprovechadas para intentar acosar a los republicanos, porque si algo tensiona a Carles Puigdemont, a JxCAT y a la CUP es que haya un puente de diálogo con Madrid. El objetivo no confeso públicamente es que se rompa el acuerdo entre ERC y PSOE. El conflicto es justificado por estas fuerzas aduciendo que con él se pueden obtener más concesiones por parte del Estado español. En el posicionamiento contrario se encuentra ahora ERC, que ha dicho que es preciso abrir caminos de diálogo.

Se da la circunstancia de que el pacto es combatido con igual ardor por parte de los independentistas de JxCAT y de la CUP y por parte de la derecha y la extrema derecha española. Diversas plataformas extremistas convocaron —con poco éxito— concentraciones este viernes ante la sede de ERC, vigilada por los Mossos, pero también fue convocada otra gran concentración en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, donde estaba reunido el Govern en sesión extraordinaria. Y eso restó fuerza a la acción anti-ERC.

La presidenta de la ANC retó a los tribunales y prometió que "Torra continuará su mandato hasta que lo decida la ciudadanía de este país"

Torra había convocado esa reunión tras la decisión de la JEC. Por casualidad, coincidió con el último día de puertas abiertas del Palau de la Generalitat. Y así cogió la noche a Cataluña: las puertas del Palau, abiertas, y el Govern, encerrado. Afuera, en la plaza de Sant Jaume, no hubo mucha gente (ni siquiera estaba llena), pero sí mucho fervor. Y hubo escenificación. Torra acabó la reunión del Govern y bajó a saludar a los concentrados y a intercambiar pancartas.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, retó a los tribunales y prometió que "Torra continuará su mandato hasta que lo decida la ciudadanía de este país". Aseguró que la decisión de la JEC es "un acto de arbitrariedad" y pidió a ERC "un posicionamiento político claro" sobre la inhabilitación.

"No hay sentencia firme"

Para los independentistas, la decisión de la JEC no deja de ser sorprendente, ya que no está agotada la vía judicial y no hay sentencia firme, lo que añade sensación de inseguridad a una decisión que, incluso en círculos políticos no independentistas, se califica de precipitada. En otras palabras, la sentencia por desobediencia no es firme, puesto que está recurrida ante el Supremo. Y desde JxCAT se aferran a lo que dice la ley: el presidente solo puede ser inhabilitado cuando hay sentencia firme. Y, quiéralo o no la JEC, no la hay todavía.

El Govern, en cambio, argumenta que la JEC inhabilita a Torra "como diputado, pero no como 'president'", echando mano de un supuesto inédito: el presidente de la Generalitat ha de ser diputado (eso es lo que dice la Ley de Presidencia) en el Parlament, pero nada dice de que cese si es inhabilitado como tal, por lo que podría continuar como mandatario. Esta circunstancia pondría sobre la mesa otro frente jurídico basado en la discusión sobre la interpretación de la norma.

La sentencia por desobediencia no es firme, puesto que está recurrida ante el Supremo

Pero cuando la JEC habló, el 'ejército' digital de Torra ya se había puesto en marcha y el pequeño detalle de la falta de una sentencia firme se convirtió en su arma más poderosa. 'Consellers', partidos, entidades cívicas, 'patums' (personalidades) del soberanismo y plataformas comenzaron a calentar el ambiente desde las redes sociales, denunciando la "represión del Estado", la supuesta connivencia de ERC y cerrando filas con el 'president' a veces con expresiones cuanto menos desafortunadas. "Supongo que Pere Aragonès no aceptará ahora ser 'president' y no dará legitimidad al acta de represión contra Quim Torra", lanzaba Pilar Rahola, al tiempo que pedía la revocación del acuerdo con Pedro Sánchez. Y Josep Lluís Alay, director del Gabinete de Puigdemont (cargo oficial de la Generalitat), espetaba: "La JEC no es nadie y punto". Y más tarde, lanzaba: "La JEC desafía a la UE. Han de ser cesados y llevados a los tribunales".

Otra vez a movilizar las calles

La ANC, que se significó los últimos días por ser la abanderada de los posicionamientos más cercanos a Puigdemont y más críticos con el papel de ERC y su negociación con el PSOE, volvió este viernes a la carga para movilizar a los suyos. "La JEC no tiene ninguna legitimidad para inhabilitar al 'president' Quim Torra. ¡Respondamos!". Y subrayaba, ironías del destino: "Ni jueces imparciales (sic) ni tribunales politizados: solo la ciudadanía escoge a sus representantes". Una errata que da que pensar. Òmnium, por su parte, señaló que la inhabilitación "es una venganza de los poderes del Estado, que vuelven a utilizar la ley como arma política para la represión".

Así, la plataforma radical subraya que "Òmnium se sitúa al lado de Quim Torra para hacer frente a este nuevo embate". Señala la organización que "los tribunales españoles, ahora con la complicidad tramposa de la JEC y el lamentable aval antidemocrático del ejecutivo de Sánchez, no pueden limitar los derechos fundamentales ni frenar la legítima movilización ciudadana". Otras plataformas radicales llamaban a "reventar las calles", aprovechando este balón de oxígeno, pero fueron llamamientos puntuales que no encontraron eco en la sociedad.