La Fiscalía se querella contra Buch por poner un escolta ilegal a Puigdemont

La Fiscalía de Barcelonainterpuso una querella por prevaricación y malversación contra el consejero del Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, que ejerció durante un tiempo como responsable de la seguridad y escolta del fugado Carles Puigdemont y uno de los que le ayudó a escapar de España a Bélgica.

Escolà, que era primo del anterior comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, se desplazaba a menudo a Bélgica para seguir de cerca el operativo de seguridad del fugado. Una vez descubierta esta circunstancia, se apartó de la circulación y fue contratado como asesor por el consejero, aunque ahora ya está de vuelta en la comisaría General de Recursos Operativos, en la sede central de los Mossos d’Esquadra.

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El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, presentó el pasado mes de marzo una denuncia por la contratación de Escolà como “asesor en materia de sistemas de seguridad”, con una retribución de 60.000 euros anuales. Carrizosa mantenía que, en realidad, el sargento estaba “ejerciendo funciones de protección o escolta del procesado declarado rebelde Carles Puigdemont, quien fue suspendido en sus derechos económicos como parlamentario autonómico desde mediados de 2018”.

Aportaba, para ello, fotografías y mensajes aparecidos en redes sociales, en los cuales se evidencia que Escolà “pudiera encontrarse realizando tales actividades durante el periplo del señor Puigdemont por diversos países europeos”. Según Fiscalía, entre julio de 2018 y marzo de 2019, el Govern le pagó a Escolà más de 52.700 euros, que podrían considerarse malversación.

Fiscalía señala que la investigación practicada “permite indiciariamente acreditar que la desiogación del querellado señor Escolà para el cargo de ‘asesor de seguridad’ constituye un acto de arbitrariedad, aún en el ámbito específico de la designación de personal de confianza para un departamento administrativo (…) por exclusiva voluntad del máximo responsable del Departamento, el también querellado honorable consejero Señor Buch”. Y advierte que el nombramiento “respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, de un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde en la causa especial 20907/2017 seguida ante la sala segunda del Tribunal Supremo, Carles Puigdemont i Casamajó”.

Ayudó en la fuga

La querella de fiscalía recoge que hasta el 29 de octubre de 2017, Escolà “se encontraba en situación de ‘servicio activo’ con destino en plaza de libre designación asignada a la Unidad de Presidencia del Área de escoltas, efectuando funciones de ‘jefe operativo’, siendo sus funciones genéricas la coordinación y la planificación de seguridad de la actividad pública o privada prevista en al agenda de actos” del entonces ‘president’ Carles Puigdemont.

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Al ser cesado éste por el 155, se redujo el número de escoltas asignados a Puigdemont, aunque Escolà siguió estando asignado a ese servicio. Así las cosas, los días 28 y 29 de octubre de ese año, Escolà se trasladó al domicilio de Puigdemont, ubicado en la localidad de Sant Julià de Ramis (Girona) por petición del ‘expresident’. “En tales fechas, y ante la inminencia exigencia de responsabilidades penales al señor Puigdemont (…) el mismo decidió eludir la acción judicial y abandonar precipitadamente el territorio nacional, acción para la cual solicitó y obtuvo el auxilio del propio señor Escolà, así como de otros funcionarios públicos de los Mossos d’Esquadra, en concreto otro agente del Área de escoltas, así como un cabo del mismo Cuerpo, que en la noche del 29 de octubre acompañaron y escoltaron al huido hasta Francia, donde tomó un avió que le condujo a Bélgica”.

El 30 de octubre, a la vista de esos hechos, la División de Asuntos Internos de los Mossos decidió incoar expediente a Escolà por une eventual falta grave. A partir de ahí, figura una relación de fechas en las que el sargento pidió fiesta y que supuestamente utilizó para acompañar a Puigdemont. Tan escandalosa fue su actuación que la Fiscalía destaca que “entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018 el señor Escolà no realizó un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la Policía Autonómica, habiéndose, en cambio, detectado (…) numerosas salidas al extranjero al objeto de prestar labores de custodia y seguridad para el ya entonces procesado rebelde señor Puigdemont”. ¿Y cómo pudo hacerlo?: “Encadenando una serie de licencias, permisos y situaciones de baja médica”.

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El sargento acompañó al fugado no sólo en Bélgica, sino que hay constancia de que fue con él a Copenhague y a Lovaina, además de permanecer a su lado en Bruselas. La querella destaca que el anterior director general de los Mossos, Andreu Martínez, resolvió en julio del 2018 sancionar a Escolà pero únicamente con “traslado forzoso sin cambio de destino”. O sea, pasó del Área de Escoltas a la Comisaría General de Recursos Operativos. El mismo día que le sancionaba, el consejero abría el expediente para nombrarlo su asesor, cargo que asumía diez días más tarde.

Un candidato inidóneo

Lo más grave es que Escolà no estaba capacitado para ocupar una plaza de asesor (dice que era un candidato inidóneo) con categoría de grupo A 28: para este grupo, se requiere graduación universitaria y en su curriculum “únicamente aparecen las titulaciones de bachillerato y los cursos ‘básico de escoltas’ y de ‘apoyo vital básico desfibrilador externo automático’”. Y dice el fiscal que “esta carencia de los más mínimos conocimientos o capacitación para el ejercicio de la función encomendada es patente su se compara la titulación académica del recién designado ‘asesor’ con la propia de la persona que, en aquellas fechas, venía realizando funciones de ‘asesor en materia de seguridad pública’”. Las diferencias sonrojan: su antecesor era licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y tenía varios posgrados en Comunicación Empresarial, en Derecho Local y en Protocolo y Relaciones Institucionales.

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Durante su etapa como asesor, según Interior, Escolà se dedicó a realizar “una serie de estudios e informes para el consejero o su jefe de gabinete”. Pero en más de un año sólo existe constancia de dos informes realizados, aduciendo que los demás se entregaron en formato papel directamente en mano y que por ello no consta registro de entrada. Asimismo, los informes aportados por la Consejería (meras hojas de papel sin control alguno) son escritos “de muy corta extensión, normalmente entre dos y cuatro páginas, plagados todos ellos de generalidades y de los que, en la mayoría de los casos, no cabe extraer conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad propia del Departamento de Interior”.

Uno de los trabajos, bajo el título ‘El proyecto Margin. Análisis de las percepciones de inseguridad en cinco países europeos’, consta de folio y medio y resulta ser una copia indisimulada de un trabajo que ya se había realizado previamente en el Departament y que, con un título muy similar, había sido en su día publicado en el blog de actualidad del mismo, denominado ‘Notes de Seguretat’”.