NO LA PUBLICAN EN EL BOLETÍN OFICIAL

El Constitucional suspende 'in extremis' una nueva moción sobre la autodeterminación

Mientras los magistrados suspendían los acuerdos con los que el Parlament había tramitado la moción, los diputados catalanes la aprobaban en la cámara con los votos de JxCat, ERC y la CUP

Foto: El presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent. (EFE)
El presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent. (EFE)

El Tribunal Constitucional adelantó este martes su reunión ordinaria a las 9:30 para paralizar una moción que iba a votarse en el Parlament sobre la autodeterminación. El debate en la cámara autonómica estaba previsto para esta tarde, pero su presidente, Roger Torrent, avanzó la convocatoria a primera hora para esquivar el pronunciamiento del tribunal y evitar así el delito de desobediencia sobre el que le ha advertido en repetidas ocasiones. En un pulso de minutos, los magistrados del Constitucional suspendieron los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitían la tramitación de la moción, pero no pudieron evitar que los diputados catalanes la votaran en la cámara al mismo tiempo. Pese a ello, el Parlament ya ha anunciado que no publicará la moción en el boletín oficial.

El texto en cuestión, propuesto por la CUP, fue admitido a trámite la semana pasada, tras lo que el Gobierno de Pedro Sánchez procedió a su impugnación por el apartado en el que aborda "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". Aunque el Constitucional no pensaba estudiar la solicitud del Ejecutivo hasta la mañana de este martes, la jugada de Torrent obligó a los magistrados a adelantar la reunión. El motivo que adujeron desde la cámara para cambiar la hora es que Torrent tiene un viaje a Suiza, pero en el tribunal no tienen dudas de que el verdadero objetivo pasaba por esquivar su pronunciamiento.

En la reunión de las 9:30, el Constitucional acordó entonces admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra la Mesa del Parlament, suspendiendo así la vigencia de los acuerdos que permitieron tramitar la moción. El tribunal de garantías, sin embargo, no pudo evitar que a esa misma hora se estuviera votando en la cámara autonómica, donde resultó aprobado el apartado de la autodeterminación con los votos de JxCat, ERC y la CUP, además de la abstención de los comunes. Más allá del simbolismo de esta votación, el pronunciamiento de los magistrados quita toda validez a la moción, como demuestra el hecho de que el Parlament ni siquiera haya querido publicarla en el boletín oficial.

A la espera de que se aclare si la notificación del Constitucional llegó antes de que arrancara el debate en la cámara, las fuentes consultadas apuntan a que, en cualquier caso, el Parlament desobedeció al tribunal, pues este ya había prohibido anteriormente que se votara cualquier moción sobre el "derecho de autodeterminación". De hecho, en poco más de un mes, el Constitucional ha advertido tres veces a las autoridades del Parlament del riesgo de incurrir en desobediencia por iniciativas similares. Cuatro si se cuenta esta última.

Estos avisos se han dirigido de forma directa a Torrent y al 'president' Quim Torra, como cuando el 16 de octubre se echó por tierra una moción en la que reivindicaban el "derecho de autodeterminación" y la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional". “Se requiere al presidente del Parlamento de Cataluña, [...] así como al presidente de la Generalitat de Cataluña y demás miembros del Consejo de Gobierno, [...] de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”, advirtió entonces el tribunal.

Las decisiones del tribunal se han notificado en todo momento a Torrent, al que se le ha recordado una y otra vez su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. Con este aviso, los magistrados ponen la desobediencia sobre la mesa, delito que no conlleva penas de cárcel, pero sí de inhabilitación. Lo ocurrido esta mañana repite por tanto el mismo patrón: el Constitucional aprobó dos providencias con las que se suspende la vigencia de los acuerdos de la Mesa del Parlament y, al mismo tiempo, avisó al presidente de la cámara del riesgo de incurrir en este delito.

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