El Constitucional reiterará su aviso de desobediencia al Parlament

Cataluña, centro de la campaña electoral, continuará siéndolo durante esta semana previa a la cita con las urnas del próximo domingo. En pleno ecuador de los días clave previos al 10-N, el Tribunal Constitucional ha abordado este martes, en pleno, tres incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado viernes, en el último de los consejos de ministros antes de los comicios. En el foco, los pasos dados desde el Parlament de Cataluña y el Govern hacia un apoyo a la autodeterminación y sus consecuencias penales. El tribunal de garantías se ha inclinado por admitir y reiterar su aviso a los protagonistas, con requerimientos expresos de lo que puede suceder si no asumen sus resoluciones, indican a El Confidencial fuentes jurídicas.

En concreto se advertirá al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió, al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa, Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurul, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros.

El Gobierno trataba con esta maniobra de impugnar dos acuerdos de la Mesa del Parlament. Parten del 22 de octubre, cuando el órgano rector de la Cámara autonómica admitió a trámite la propuesta de resolución de ERC, Junts per Catalunya y la CUP, que incidía en la reprobación de la monarquía, el derecho de autodeterminación y la "pretendida soberanía del pueblo catalán". Los grupos de la oposición recurrieron esa admisión a trámite, pero la Mesa decidió el pasado 29 de octubre mantener el debate de esa moción en el orden del día, por lo que esta se discutiría en un pleno posterior a las elecciones del 10-N.

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El tribunal de garantías ya ha ido emitiendo señales claras de que, desde las instituciones catalanas, se está desafiando la legalidad. Hasta en tres ocasiones ha requerido en mano y mediante notificación escrita a los principales actores del tablero independentista, entre ellos Roger Torrent y el propio 'president' Quim Torra, que no solo deben abstenerse de promover acciones dirigidas a secundar la independencia sino que tienen el deber expreso de evitarlas. Lo que pide ahora el Gobierno en funciones es que se dé un paso más. La reclamación no se ha atendido.

El Ejecutivo ya consideraba que, con los acuerdos adoptados pero aún no votados, la Mesa incumple dos providencias del TC y varias sentencias. Los del PSOE interpretan que la fase de apercibimientos del TC ya está superada. Torrent, el secretario general y los demás miembros de la Mesa conocían así que no podían tramitar iniciativas que incumpliesen sentencias previas y, pese a ello, soslayaron su deber.

Por ello, reclamaba al Constitucional que asuma que la desobediencia ya está completada y, ante ello, se dirija a la Fiscalía para que estudie si hay responsabilidad penal en lo que considera un incumplimiento reiterado de sus resoluciones. En concreto, la Abogacía del Estado solicita que en la providencia en que se decrete la suspensión de la actuación impugnada, y en la resolución que en su momento se dicte resolviendo el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlament y el resto de la Mesa de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir.

En un segundo nivel, pedía que el aviso se haga extensivo al deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del TC. En el último escalón, reclama que se deduzca oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al amparo del artículo 92.4 d) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional por el incumplimiento de las resoluciones referidas en el primer apartado.

El acuerdo

El texto asegura también que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de entre nueve y 13 años a nueve políticos catalanes, a los que se presenta como "hombres y mujeres de paz", supone "una profunda regresión en materia de derechos y libertades, no solo para Cataluña sino para todo el Estado español". Como respuesta a esta situación, el texto afirma que “ante las coacciones de los poderes del Estado [...] no hay más opción que defender el derecho a la representación política”.

En resumen, el acuerdo anuncia una desobediencia aún no ejecutada. La segunda de las dificultades es la falta, en este punto, de concreción. La iniciativa no solo no se ha votado sino que aún ni siquiera hay fecha para llevarla a la Cámara. Puede, por ello, modificarse antes de que se presente para respaldo de los diputados catalanes. Sobre la mesa del TC llega la enésima decisión sobre Cataluña, y la prioridad es la de salvaguardar la unanimidad.

Torrent desoye el aviso

Roger Torrent ha explicado que desoirá los avisos del Tribunal Constitucional porque en la cámara catalana "se debe poder hablar de todo" y ha tildado de "intentos de censura" las impugnaciones a resoluciones sobre monarquía o autodeterminación.

"En el Parlamento de Cataluña se debe poder hablar, debatir y votar de todo. Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así también los derechos de los ciudadanos a los que representan", ha señalado Torrent, que ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del 'procés'.