Indicios en fase embrionaria

La Fiscalía ve prematuro acusar a Torra de rebelión, pero permanece atenta a su deriva

Desde el Ministerio Público no se descarta la existencia de indicios pero se consideran escasas las pruebas sobre un comportamiento delictivo de Torra

Foto: Quim Torra. (REUTERS)
Quim Torra. (REUTERS)

La Fiscalía tiene, de forma inminente, la posibilidad de instar la apertura de una investigación sobre la presunta comisión por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de un delito de rebelión u otros vinculados con las protestas violentas llevadas a cabo en las últimas semanas en Cataluña tras la sentencia del 'procés'. Sin embargo, ni el momento ni los indicios son los adecuados. Fuentes fiscales califican, no obstante, como "prematuro" el apoyo a un procedimiento contra el sucesor de Carles Puigdemont.

El Ministerio Público debe informar en los próximos días sobre la querella interpuesta ante el Supremo por Vox contra Torra, por los delitos de rebelión, colaboración con grupo terrorista y provocación, conspiración y proposición para la rebelión. La formación liderada por Santiago Abascal solicita la detención y puesta a disposición judicial del presidente catalán, así como que sea interrogado y se decrete su ingreso en prisión provisional para evitar su fuga.

En la denuncia, Vox aporta datos de lo que considera una incitación por parte del presidente a la violencia. Tuits en los que anima a avanzar a través de la vía eslovena para conseguir la independencia y que, en su opinión, constituyen "un llamamiento a la rebelión violenta contra el Estado, tal y como sucedió en el país centroeuropeo, donde se vivió una guerra de diez días que acabó con unas 150 vidas".

La formación argumenta que el llamamiento a la vía eslovena estaría dirigido por una nueva organización autodenominada GAAR, que estaría configurada de modo que, si un grupo cae, los demás sigan efectuando sus acciones de forma independiente. Vox reclama también un delito por colaboración con grupos terroristas con base a las declaraciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en el marco de la 'operación Judas'.

En diciembre de 2018, el partido ya presentó una querella que fue archivada al considerar el tribunal que en la misma no se ofrecían "elementos o principios de prueba que avalaran razonablemente la comisión de un hecho delictivo de las características de la rebelión, aun en su fase embrionaria de provocación, conspiración o proposición".

La postura de la Fiscalía

Desde el Ministerio Público no se descartan estos indicios pero se considera que las pruebas sobre un comportamiento delictivo de Torra se encuentran en una fase en exceso embrionaria. La Audiencia Nacional sigue en la actualidad dos procedimientos paralelos: el primero de ellos sobre el grupo perteneciente a los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que pretendía atentar contra infraestructuras básicas y cuarteles de la Guardia Civil como respuesta a la sentencia y el segundo sobre la versión supuestamente pacífica de la protesta contra la condena a Oriol Junqueras y el resto de políticos por sedición y malversación. Ambos están arrancando.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ya ha alertado sobre una posible desobediencia, tanto del 'president' como de los miembros del Parlament que impulsen medidas destinadas a la autodeterminación unilateral. El último capítulo ha sido una propuesta parlamentaria que navega entre dos aguas y en la que se rechaza el fallo del Tribunal Supremo y se defiende el derecho a debatir sobre la independencia.

La Fiscalía permanece así atenta a los hechos. Pendiente de la evolución del presidente que, además, roza ya la desobediencia con la punta de los dedos. El próximo 18 de noviembre será juzgado por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral, tal y como le había exigido la Junta Electoral. En ese caso, el Ministerio Público pide un año y ocho meses de inhabilitación, una multa de 30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito "local, autonómico, estatal o europeo" durante el tiempo de condena.

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